Cuál es la agenda ambiental que el Congreso debatirá en el 2022

Durante los últimos dos años se ha vuelto a avivar de forma enérgica el debate en torno a cuestiones ambientales, debido mayormente al avance de proyectos en diversos sectores de la economía, como la minería, la exploración y extracción de recursos fósiles para la generación de energía, o el desarrollo de una nueva central nuclear, entre otros.

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También, en base a los impactos negativos que determinadas actividades tienen sobre el ambiente y el cambio climático como los incendios forestales en varias provincias o la bajante del río Paraná.

Si bien el intercambio entre sectores con posicionamientos diferentes u opuestos es positivo a la hora de construir una mirada estratégica y amplia en materia de desarrollo, el debate tal como está planteado parecería no conducir a ningún lugar.

Por lo menos así lo sostiene un informe del Círculo de Políticas Ambientales que expresa su preocupación por la falta de responsabilidad del Estado para asumir un rol de mediador y, al contrario, adopte posturas extremas dependiendo del ministerio involucrado, en lugar de acercar las posiciones mediante la construcción de una hoja de ruta para la descarbonización de la economía y el desarrollo sostenible, que brinde certezas y garantías.

El documento recuerda lo sucedido en diciembre del 2021 con la presentación de la nueva contribución nacionalmente determinada (NDC) en el marco de la COP26 de Glasgow, Escocia, ya que diferentes carteras de gobierno plantearon sus propias estrategias de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), desconociendo la contribución oficial presentada por el propio presidente de la Nación ante las Naciones Unidas.

“Ello no sólo demostró la falta de coordinación de una política exterior y doméstica en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que además dinamitó la institucionalidad ambiental en la materia: el Gabinete Nacional de Cambio Climático”, advierte la cuarta edición de la Agenda Ambiental Legislativa (2022), presentada por el Círculo de Políticas Ambientales con el objetivo de contribuir al debate parlamentario de proyectos de ley clave en materia ambiental y energética, a partir del análisis por parte de especialistas en cada uno de los temas seleccionados.

El organismo entiende que como ámbito de construcción de consensos, el Congreso de la Nación tiene la posibilidad de enmendar algunas de estas cuestiones y el desafío de superar este dilema mediante el análisis, el debate, la negociación y la sanción de normas que contribuyan a reforzar la institucionalidad ambiental; garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.

También en diseñar políticas públicas en materia ambiental y energética de alcance federal; reclamar la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo; mejorar el desempeño ambiental de vastos sectores de la economía; asignar las partidas presupuestarias que le corresponden a las leyes vigentes; y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano a todos los ciudadanos de nuestro país, entre otras acciones.

Qué es el Círculo de Políticas Ambientales

En este marco, el informe resume los artículos elaborados por varios especialistas que han colaborado en esta edición para contribuir a un debate y tratamiento informado de un puñado de proyectos de ley en materia ambiental que se encuentran vigentes en la agenda legislativa para este año.

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Como en las ediciones previas, los proyectos incluidos en este trabajo han sido seleccionados por el Círculo de Políticas Ambientales de acuerdo a la importancia asignada por la fundación a las cuestiones sobre las que buscan legislar, por los debates que puedan generar y/o por la relevancia que consideramos que poseen.

El Círculo de Políticas Ambientales es una fundación sin fines de lucro constituida por profesionales con trayectoria en el tercer sector y el sector público, que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental a través de la investigación, la difusión, la capacitación y el impulso de normativa que propicie la protección de los ecosistemas, el desarrollo sostenible, la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

El estudio de los expertos abarca los siguientes proyectos e iniciativas que se encuentran en el Congreso nacional:

1) Legislación transversal: Acuerdos (y retrocesos) para una ley de evaluación ambiental en Argentina

Los autores de este primer análisis son Carina Quispe, especialista en derecho ambiental y consultora de la ONU, y Javier García Espil, asesor en la Cámara de Diputados y socio fundador de CICLA Estrategias de Desarrollo Sustentable.

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Ambos expertos explican que la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dictaminó en noviembre del 2021, por unanimidad, un proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección en Evaluación Ambiental.

El dictamen conjugó principalmente dos proyectos de ley, de autoría de los diputados Gustavo Menna y Hernán Pérez Araujo, que presentaban un sistema autónomo e integral para esta herramienta de gestión ambiental. Incorporó también elementos del proyecto de la diputada Graciela Camaño que apuntaba a una modificación de la
Ley General del Ambiente, y del presentado por el senador Esteban Bullrich en la Cámara alta.

En este sentido, se optó por una alternativa superadora, si se tiene en cuenta que es necesaria una norma que desarrolle la evaluación ambiental fijando los criterios básicos de todos los procedimientos, particularmente los principios que los rigen y las autoridades involucradas en su implementación.

El dictamen no llegó a ser tratado en el recinto, por lo que su vigencia cayó el 28 de febrero pasado.

“Así las cosas, era de esperar que el 2022 encontrase a la Cámara de Diputados retomando ese acuerdo y por qué no esta vez- dándole sanción. Empero, sorpresivamente, el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto diferente al Senado, alejándose de algunos de los principales acuerdos alcanzados”, asegura el informe.

La cuestión fundamental, agregan los expertos, es dotar al Estado de herramientas clave para la toma de decisiones sobre las implicancias ambientales de obras, actividades, políticas, planes y programas, y que esas decisiones sean informadas y participativas, abonando por tanto a la licencia social imprescindible que debe existir en esta materia.

Su sanción representaría un avance notable respecto de una herramienta que hasta el presente se encuentra débilmente referida en la Ley de Glaciares y tuvo un desarrollo disímil en algunas jurisdicciones.

Sin embargo, el trabajo califica como necesario “continuar reglamentando su implementación a nivel jurisdiccional con el objeto de detallar los supuestos de aplicación prioritaria”.

Los autores también entienden que el dictamen pretende reforzar capacidades institucionales en el campo de la evaluación ambiental; genera condiciones para dotar a las autoridades de recursos genuinos, a través del cobro de tasas específicas; contempla la asistencia de entidades científico-técnicas, instituciones académicas y de investigación, y garantiza el involucramiento de otros organismos técnicamente idóneos en los procedimientos de licenciamiento.

Para Quispe y García Espil, el envío al Congreso de un proyecto oficial de evaluación ambiental es “auspicioso” en la medida en que se expresa el interés del Poder Ejecutivo en regular un tema ambiental sobre el que, a pesar de su importancia, hasta ahora no se había referido.

En efecto, el proyecto ingresó en el Senado a fines de enero y fue girado a las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda.

2) Biodiversidad

En este caso, Diego Moreno, ex Secretario de Política Ambiental de la Nación (2015-2019) analiza los dos proyectos relevantes presentados en el Congreso para buscar avanzar hacia lo que indican los estándares internacionales provistos por el Convenio de Diversidad Biológica, que habían fijado como meta la cobertura de un 10% de los espacios marinos protegidos al 2020, y debatiendo actualmente su actualización al 30% para el 2030.

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No obstante, a la fecha, ninguno de los dos proyectos ha obtenido dictámenes, y uno de ellos, perdió estado parlamentario el 1 de marzo pasado.

En este sentido, la iniciativa del diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica (3252-D-2021), propone incorporar artículos a la Ley 27.037 de Creación del Sistema de Áreas Marinas Protegidas y la creación de un Fondo Nacional de Áreas Marinas Protegidas (FONAMP), para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.

Adopta la figura del fideicomiso y propone integrar partidas no inferiores al 0,005% del presupuesto nacional, derechos de acceso, cánones de concesiones, tasas y otros ingresos, así como donaciones y otros fondos nacionales e internacionales, multas e indemnizaciones.

Incorpora también algunos instrumentos novedosos para la normativa argentina y en el financiamiento de áreas protegidas y otras acciones ambientales, como son los canjes de deuda por acción ambiental y climática, recursos provenientes de mercados de carbono, pago por servicios ambientales, los aportes por emisión de pólizas de seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva (art. 22 Ley 25.675) y la eventual utilización de recursos genéticos.

Por su parte, el Proyecto de Ley 5893-D-2020, impulsado por los diputados Graciela Camaño y Máximo Kirchner, propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, como Reserva Nacional Marina Estricta en los términos de la Ley 27.037.
Detalla la ubicación del área propuesta, de 164.000km2, en una muy extensa área limítrofe con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, y sobre el área en la que se extendió el límite de la Plataforma Continental (ley 27.557).

Según Moreno, ambas iniciativas revisten particular importancia para la consolidación de la protección y manejo sustentable de los espacios marítimos.

No obstante su relevancia advierte que no han tenido tratamiento legislativo, ni obtenido por consiguiente dictámenes de las comisiones intervinientes para avanzar en su debate.

“Los recientes acontecimientos asociados a la aprobación de proyectos de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental Argentina, hacen que este debate pendiente cobre mayor significancia en el marco de una transición energética, y con una sociedad movilizada frente a garantías que percibe como insuficientes respecto de actividades que pueden afectar el ambiente”, reclama Moreno.

Para el analista es fundamental comenzar a construir esta visión a través de la Planificación Marina Espacial, con un proceso amplio de consultas y la generación de acuerdos sobre la base de la información científica disponible y con la participación activa de los distintos sectores con intereses en la región.

Esto permitiría, a su vez, tornar operativo uno de los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente (25.675), como es el Ordenamiento Ambiental del Territorio, y a partir de allí diseñar las políticas de uso y conservación de ese territorio vasto y rico en recursos pero muchas veces invisibilizado en la agenda cotidiana de la política y la sociedad.

3) Humedales: una década de discusión es suficiente

Para Elba Stancich, asesora parlamentaria desde 2016 a 2019, el texto de una ley de humedales debe dejar en claro cuáles son las condiciones que deben cumplir las jurisdicciones para acceder a los fondos que permitan compensaciones a los particulares, a las comunidades y a los estados provinciales, por un lado, y con qué criterios se distribuirán esos fondos, por el otro.

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“Son aspectos básicos para que las provincias realicen su ordenamiento de humedales y no se haga eterna esta discusión que lleva casi una década”, detalla la experta.

Por eso, considera que una buena ley permite reglas claras, evita potenciales conflictos en el uso del suelo otorgando previsibilidad, y preserva los numerosos beneficios que brindan los humedales.

“Continuar sin ley es avalar que se sigan destruyendo y por lo tanto disminuir los beneficios que brindan a la sociedad, por ejemplo, como atenuantes de inundaciones y sequías, cuyas consecuencias implican grandes erogaciones de presupuesto”, advierte.

Recuerda también que en el 2023 se cumplirán 10 años de los primeros proyectos de ley sobre protección de humedales presentados en el Congreso Nacional y asegura que “a lo largo de este tiempo ha crecido notoriamente en la ciudadanía el mayor conocimiento de estos ecosistemas, su reconocimiento sobre la importancia de preservarlos y el consecuente reclamo a los legisladores para que sancionen una ley de presupuestos mínimos para su protección ambiental, uso racional y sostenible”.

De hecho, el año pasado se presentaron en el Congreso Nacional 15 proyectos de ley, se realizaron instancias participativas con diferentes sectores en las dos cámaras, y se alcanzaron despachos de mayoría y minoría en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados.

Pero no se lograron dictámenes en las demás comisiones a las cuales tenían giro, lo que derivó que no llegara la discusión al recinto. Además, por el recambio post electoral, el despacho de la Comisión de Ambiente ha perdido vigencia.

Este año, el proyecto consensuado que tuvo dictamen de mayoría fue presentado nuevamente por el diputado Leonardo Grosso, y se espera que ingresen más iniciativas de legisladores oficialistas y de la oposición.

“A esta altura está claro cuáles son los acuerdos, desacuerdos y quiénes no quieren la ley porque consideran que atenta contra actividades productivas y que es un nuevo gasto del Estado, innecesario. Argumentos que demuestran una falta de visión de para dónde va el mundo en relación a cuestiones ambientales, que ya están determinando reglas comerciales entre los países y que nos presentan una gran oportunidad para hacer las cosas bien en casa”, asegura la experta.

4) Contaminación. Pasivos ambientales y sitios contaminados

En este caso, el análisis fue realizado por Ignacio Daniel Coria, doctor en Ciencias Químicas (UNED) España y especialista en Remediación de Suelos Contaminados (Universidad Politécnica de Cataluña).

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El experto explica que si bien la ley general del ambiente (LGA 25.675) prevé en su artículo 22 la obligación de las empresas que trabajan con residuos peligrosos de contratar un seguro ambiental, en la práctica no lo hacen porque lo consideran un gasto más y porque la única oferta existente son seguros de caución que no cubren el artículo 22 de la Ley 25.675.

Por eso analiza el proyecto de Ley (S-1964/2021) que tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de identificación y gestión de los pasivos ambientales y la obligación de la recomposición de los sitios contaminados, a fin de mitigar los impactos negativos en la salud y el ambiente en el marco de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Su finalidad es identificar, sistematizar, calificar y cuantificar los pasivos ambientales y sitios contaminados; definir las estrategias de prevención, control y recomposición de pasivos ambientales y sitios contaminados procurar un relevamiento sistemático de pasivos ambientales y sitios contaminados que permita cuantificar el daño ambiental y establecer las medidas, responsabilidades y oportunidad de un proceso de recomposición.

Para el experto se trata de una iniciativa correcta conceptualmente, pero demasiado ambiciosa “que llevará muchos años realizarlo en el caso que se tenga la voluntad política de hacerlo y los recursos económicos necesarios, que serán cuantiosos”.

Coria entiende que el daño ambiental que se pretende definir es dinámico, es decir varía con el tiempo desde que se generó el pasivo hasta su remediación. “O sea, no se puede hacer un diagnóstico de contaminación y luego esperar el momento oportuno para remediar”, advierte en su informe.

Sin dudas, es necesario un proyecto de ley que atienda la cuestión de los pasivos ambientales pero es muy importante que se defina de quién son las responsabilidades en la contaminación del suelo, qué es lo que contiene y en qué concentración de las sustancias contaminantes, en qué medida pueden afectar la salud de la población en contacto y cuál es el escenario futuro si no se toman acciones de remediación”, agrega.

5) Envases: La tasa ambiental no es adecuada para prevenir la generación de residuos

Para Consuelo Bilbao, directora Política Círculo de Políticas Ambientales y consultora en política ambiental para empresas, organismos públicos y organismos internacionales, en Argentina desde 1994 se viene discutiendo en el Congreso de la Nación un marco normativo para la gestión de los residuos de envases.

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De hecho, el año pasado, por primera vez se discutió un proyecto de ley ocupó la primera plana de la de la agenda política y mediática como consecuencia de la propuesta enviada por el Ministerio de Ambiente de la Nación, que logró tratamiento exprés en las comisiones de Recursos Naturales y en la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría prácticamente sin discusión legislativa, desconociendo el tratamiento previo de proyectos que contaron con la participación de diferentes sectores y alcanzaron niveles de consenso de los bloques mayoritarios en la Cámara baja.

Según Bilbao, el Poder Ejecutivo subestimó la complejidad de la gestión de este tipo de productos y desconoció la necesidad de equilibrar los roles de los distintos actores involucrados en la gestión de envases como el Estado, el sector privado y los recuperadores urbanos.

El dictamen finalmente fracasó y nunca ingresó al temario de sesiones en el recinto, debido a la fuerte resistencia del sector corporativo y el arco opositor, del mismo modo que otros proyectos presentados y que también han perdido estado parlamentario en el 2021, exceptuando el de la diputada Graciela Camaño.

Para la experta, es esperable que el Ejecutivo envíe nuevamente un proyecto con algunas modificaciones sobre la tasa ambiental, como ya fue sugerido en el bloque oficialista.

“Es hora de que nuestro país implemente un sistema procurando la prevención en la minimización de los residuos y la eficiencia de los recursos”, reclama la experta para quien el Ejecutivo ha puesto la gestión de envases en el centro de la agenda, pero dándole la espalda a los proyectos y debate que se han realizado en los últimos años en la cámara baja, que recogen no solo los aportes de los diferentes actores, sino también la vasta experiencia en torno a los sistemas REP en América Latina y el mundo.

“La negación de las lecciones aprendidas y la prepotencia ejercida en el intento de sanción de un proyecto que considera a los recuperadores urbanos, pero desconoce el rol de los envasadores, ha llevado a la distorsión de la discusión que debiera ser, en primer término, ambiental y luego económica o formadora de empleo”, advierte Bilbao.

Según su visión, la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de la Gestión de Envases emergió ante la opinión pública asociada a un impuesto que viene a engrosar la carga fiscal y a crear nuevas cajas, “desconociendo que hoy en día todos los ciudadanos pagamos altísimos costos en la gestión de los residuos domiciliarios que incluyen gran parte de envases”.

Si bien considera que los envasadores deben ser responsables económicamente de los envases post consumo que generan a través de la comercialización de sus bienes, asegura que se debe garantizar que sean los productores los encargados no solo de pagar sino también de diseñar el esquema más eficiente en términos ambientales y económicos, justamente para incentivar al productor a generar desde su diseño menos residuos.

6) Basura electrónica: la ley más postergada

El estudio presentado es de autoría de Yanina Rullo, consultora independiente de la agenda ambiental y asesora en el Senado de la Nación.

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Según su artículo, Argentina es uno de los mayores generadores de residuos electrónicos (RAEE) en América Latina y el Caribe, luego de Brasil y México.

De hecho, cada argentino descarta un promedio de 8 kilogramos de RAEE, y sólo se alcanza a recuperar el 4% de los residuos que se generan anualmente.

Se estima también que entre un 50% y un 60% de este volumen es almacenado en hogares y pequeñas instituciones y que entre el 10% y el 15% llega a talleres de recuperación y servicios técnicos; y alrededor del 60% termina en basurales o rellenos sanitarios.

En este escenario, la experta entiende que la “Ley Nacional de Basura Electrónica” parece ser la más demorada, a pesar de contar con un antecedente legislativo de una media sanción alcanzada en el Congreso de la Nación en 2011.

“Los debates en torno a una norma de estas características son nulos o escasos”, asegura Rullo, quien recuerda que actualmente en el Congreso de la Nación hay cinco proyectos de ley que tratan de dar, desde variadas perspectivas, una respuesta a la problemática en cuestión. Cuatro se encuentran enmarcados bajo los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, establecidos en la Ley General del Ambiente N°25.675, y uno sólo presenta la elaboración de un Plan de Gestión a nivel nacional.

“La falta de normativa específica para este tipo de residuos se presenta como una de las grandes cuestiones a resolver, pero, más allá de que esto resulte imprescindible, el mero hecho de contar con un marco regulatorio no es suficiente para impulsar al sector”, sostiene la experta.

Por eso reclama implementar políticas activas que fomenten e incentiven la recuperación de materiales, y también desarrollar un sector industrial que tenga la capacidad de incorporar los materiales recuperados en sus propios procesos productivos, promoviendo y fomentando la articulación de las distintas cadenas.

Para Rullo, el avance en la sanción de una ley de presupuestos mínimos “podrá ser el puntapié inicial para futuros instrumentos administrativos, económicos e informativos que ayuden a profundizar modelos de producción que se orienten hacia una Economía Circular”. Es decir, una verdadera economía que reduzca progresivamente el uso de recursos naturales, que promueva el reuso y la reparabilidad de los productos y que establezca criterios para diseñar productos más durables y sin componentes tóxicos.

7) Energía y cambio climático. Régimen de Promoción del Hidrógeno Verde

El autor del informe, Héctor Etcheverry, es magister en Economía del Hidrógeno y Energías Renovables y Máster en Certificador de Desarrollo de Proyectos de Energía Eólica en Renewables Academy, Alemania.

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En su artículo propone señalar los elementos e institutos que recoge el expediente 3601-D-202141 que tiene por objeto la promoción del hidrógeno verde, así como los desafíos que implica impulsar su desarrollo como herramienta para dar cumplimiento a los compromisos climáticos asumidos por Argentina.

Según su opinión, el proyecto apunta al desarrollo de la industria del hidrógeno en Argentina a través de un régimen de fomento que internalice las externalidades de cada una de las fuentes de generación de electricidad utilizadas en el proceso de producción de hidrógeno.

“Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados es crítico tener claridad en el proceso de obtención de permisos ambientales, ambientales mixtos y sectoriales, y elaborar una reglamentación coherente con estándares internacionales para limitar las barreras del mercado”, sostiene.

Para Etcheverry se debe llevar adelante un análisis que permita desarrollar un levantamiento de información sobre posibles y eventuales impactos de carácter ambiental por desarrollo e implementación de proyectos futuros de hidrógeno verde en Argentina.

El análisis incluye los requerimientos asociados a la tramitación ambiental y sectorial argentina y el primer aporte debe ser aprobar un marco regulatorio que permita cubrir las necesidades del mercado interno, dada la necesidad de reducir el nivel de emisiones y protegerse de futuras medidas que podrían afectar las exportaciones.

“Además de ayudar a frenar el calentamiento global, el hidrógeno también puede reducir las emisiones locales de la quema de combustibles fósiles como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre y es parte de la solución para lograr la neutralidad climática en 2050 y desarrollar cadenas de valor industriales innovadoras en Argentina, así como una economía verde de alto valor añadido”, entiende el analista en su trabajo.

En la misma línea pide determinar la fijación de precios a las emisiones de carbono, siendo esencial para incentivar la reducción de emisiones y ayudar a las tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono a competir con las establecidas y más contaminantes.

Reclama también al sector energético aportar en la mitigación de la crisis climática sin olvidar que tiene un rol social fundamental para la vida digna, además de avanzar en un modelo de soberanía energética con tres prioridades programáticas: descarbonización, descentralización y pobreza, y vulnerabilidad energética.

“Es prioritario también definir una hoja de ruta para afrontar la crisis climática de mediano a largo plazo y con enfoque en las distintas regiones de nuestro país”, reclama Etcheverry para quien el hidrógeno verde es una oportunidad que tiene el país para poder acceder a una descarbonización rápida y sostenible de lo que es la matriz energética.

Las medidas de mediano y largo plazo deben considerar el reemplazo de combustibles fósiles mediante una profundización y recalibración de aspectos de una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.

8) Primeros puntos de análisis del proyecto de electromovilidad del Poder Ejecutivo

Se trata de un estudio elaborado por Juan Carlos Villalonga, presidente de Globe International; diputado Nacional MC (2015-2019) y titular de la Agencia de Protección Ambiental de CABA (2013-2015).

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En su trabajo explica que luego de diversos anuncios y varios meses de espera, el Poder Ejecutivo Nacional envió su proyecto de Ley de Electromovilidad al Congreso Nacional. “Lo que en principio es algo plausible y necesario, ha tenido una mala señal al haberse intentado que su tratamiento se diera de manera apresurada en las sesiones extraordinarias convocadas para el mes de febrero pasado”, advierte el analista.

En su trabajo asegura que se trata de una norma que debe lograr acuerdos y cimentar una política de estado para, al menos, los próximos 10 años.

También entiende que debe generar un régimen que acelere una profunda transformación en un sector tan importante como es la industria automotriz, al mismo tiempo que garantice las condiciones para un rápido recambio tecnológico en el sector del transporte automotor.

Si bien recuerda que existen en el Congreso Nacional diversas iniciativas legislativas en relación con la movilidad eléctrica, Etcheverry asegura que esos proyectos nunca tuvieron el respaldo suficiente como para que se avance en su tratamiento.

En el caso del proyecto oficial, sus críticas se centran en que no establece vínculo alguno con los objetivos climáticos nacionales establecidos por el propio Gobierno.

Tampoco plantea metas para el segmento de vehículos de transporte de carga y para los automóviles particulares.

“Entonces lo que tenemos es un proyecto que no establece una hoja de ruta clara que vaya a empujar o acelerar al mercado local hacia la movilidad eléctrica. La transformación ocurrirá en los tiempos que los actores locales vayan evolucionando, de manera independiente de las metas climáticas del país”, anticipa el experto.

Por eso, reclama una serie de metas y objetivos precisos que queden establecidos por ley y que se constituyan en una política de estado, sustentado los compromisos internacionales del país.

“Toda demora en los próximos años obligará, muy probablemente, a acelerar el paso luego y de un modo precipitado. Por esta razón, señalo que algunas metas básicas deberían incluirse en la norma para que se pueda estructurar una política de movilidad sostenible acorde a los objetivos de mitigación del país”, agrega.

9) Huella de carbono: una herramienta de gestión para la acción climática

Ana Laura Tello, asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación, asegura que desde el plano legislativo, en la Cámara de Diputados se encuentra vigente el Expte. 3711-D-202149, proyecto de ley de la diputada Brenda Austin que propone un régimen de promoción para la medición, reducción y compensación de la huella de carbono a nivel organizacional e individual.

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La iniciativa plantea entre sus objetivos centrales contribuir con las medidas de mitigación del cambio climático, mediante la reducción de GEI y el incremento de absorciones por los sumideros, y fomentar la responsabilidad y participación de los sectores público y privado en la aplicación de los compromisos nacionales.

“Este esquema fomenta la movilización de financiación colectiva para el sostenimiento y desarrollo de proyectos de mitigación en el país en sectores que cuentan con mayor margen de acción desde el corto plazo. Además, pueden redundar en diversos beneficios ambientales, sociales y económicos, integrando a comunidades locales”, detalla el documento.

De forma implícita, esta propuesta legislativa sienta las bases para desarrollar un mercado interno de carbono en Argentina y complementa instrumentos legales vigentes al impulsar nuevas herramientas de apoyo y financiación colectiva a la regeneración de ecosistemas que actúan como sumideros.

“En definitiva, la gestión integral de la huella de carbono contribuye a la reducción de emisiones que son cuantificadas en el inventario nacional, donde en resguardo del doble conteo debe asegurarse una identificación clara de los sectores a los cuales se adjudica esa reducción”, asegura Tello.

10) Energía y cambio climático: una norma conservadora que nació desconectada de los compromisos internacionales

María Eugenia Testa es la autora de este capítulo de la agenda legislativa en materia de medioambiente. Se trata de la directora del Círculo de Políticas Ambientales, quien recuerda que en el 2019, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Global (27.520).

La norma vigente, que surgió de la comunión de un par de proyectos y un debate rápido, tiene una estructura pre-Acuerdo de París (AP), a pesar de haber sido aprobada tres años más tarde de que este instrumento internacional fuera ratificado por Argentina.

Según su informe, la ley es conservadora, ya que no establece metas vinculantes, ni al largo ni mediano plazo. En esa línea, en 2021 el ex senador Esteban Bullrich y la senadora Gladys González presentaron un proyecto de ley (Exp. 682/21) que propone una modificación significativa de la Ley 27.520. Analizaremos aquí algunos puntos relevantes.

El proyecto propone establecer la carbono neutralidad a 2050 como objetivo de la norma, y la incorporación de metas intermedias a 2030 y 2040. Asimismo, plantea que éstas deberán actualizarse conforme la presentación de las consecutivas NDC y cumpliendo el criterio de no regresión.

“Este punto es clave por dos cuestiones. La primera es que, teniendo en cuenta el carácter no vinculante de las contribuciones en el marco del AP, reforzar las metas de mitigación a través de una normativa local legalmente vinculante no sólo favorece la continuidad de las políticas climáticas domésticas, sino que además robustece el compromiso internacional del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC).

La segunda es que, teniendo la experiencia reciente como antecedente, es necesario que las metas comprometidas internacionalmente, establecidas y actualizadas por ley, se conviertan en obligatorias para todas las dependencias de gobierno, por lo tanto, deberían ser consensuadas y respetadas” asegura Testa en su trabajo.

En esta línea, sostiene que una nueva ley debería establecer criterios para la realización de las NDC, en términos de contenido, proceso de elaboración, transparencia, seguimiento y monitoreo, rendición de cuentas y participación de la ciudadanía y de las diferentes fuerzas políticas.

En el mismo sentido, la norma debería incorporar los criterios para la elaboración de los planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático en términos de contenido, procesos, seguimiento y monitoreo y rendición de cuentas.

En materia de adaptación, los planes deberían, al menos, contemplar los sectores de biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, turismo, pesca, entre otros.

“Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Congreso de la Nación debería avanzar en la modificación de una norma que sancionó hace dos años pero que no cumple con requerimientos de base para la implementación de una política climática sostenida”, concluye.