El Gobierno inyecta $10.000 millones para apuntalar su plan de desarrollo productivo verde

Como parte de un plan que persigue un profundo cambio de la matriz productiva de la Argentina, el Gobierno destinará algo más de $10.000 millones para desarrollar lo que bautizó como “Plan de Desarrollo Productivo Verde” que busca alcanzar a más de 3.500 empresas y cooperativas.

Los fondos serán distribuidos entre este año y el 2023 por el Ministerio de Desarrollo Productivo y forman parte de la avanzada oficial para establecer nuevas bases para el crecimiento industrial.

A través de un documento publicado por la cartera que orienta el ministro Matías Kulfas se advierte que el país atraviesa una doble crisis: una macroeconómica iniciada en abril de 2018 con una fuerte salida de capitales financieros que dejó en evidencia un profundo sobreendeudamiento del sector público, y la crisis emergente a partir de la pandemia del COVID-19.

A partir de dicho diagnóstico, Desarrollo Productivo pensó este plan como una propuesta que pretende ser amplia e invitar a los actores del sector público, el sector privado, a las y los trabajadores, los movimientos sociales y ambientales, las ONGs y la ciudadanía en su conjunto para  recorrer la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible que reduzca la pobreza y la desigualdad, aumente el empleo, la productividad y las exportaciones, a la vez proteja el ambiente local y global.

El Plan de Desarrollo Productivo Verde apuesta a cuatro objetivos y ejes estratégicos que funcionan como hoja de ruta para enmarcar toda política de desarrollo productivo verde del país.

Los cuatro objetivos son:

1. Avanzar hacia un desarrollo económico, federal, inclusivo y sostenible en términos ambientales.

2. Agregado de valor y generación de trabajos verdes.

3. Reducción del impacto de la producción en el cambio climático –en el marco de acuerdos internacionales– y en la presión sobre la naturaleza.

4. Fomento de la productividad y competitividad a partir de tecnologías verdes.

En función de estos objetivos, se proponen cuatro ejes estratégicos que arrancan con la necesidad de tener una industria nacional para la economía verde que permita promover la oferta de bienes industriales sustentables y servicios basados en el conocimiento.

También, generar nuevos sectores productivos como la electromovilidad; desarrollar la cadena de valor de las energías renovables y transformar otros sectores para hacerlos compatibles con una economía verde con medidas que apuntan a transformar progresivamente la estructura productiva hacia un modelo con preponderancia de sectores con menor impacto ambiental.

“Dado que el sector privado es absolutamente crucial en este sendero, resulta esencial brindar lineamientos claros e incentivos para que los proyectos de inversión crecientemente se dirijan hacia la economía verde”, detalla el plan.

A su vez entiende que dicho proceso contribuirá a reducir las vulnerabilidades de una estructura productiva muy dependiente de los factores climáticos y los condicionamientos de los mercados globales.

Como línea concreta de acción del ministerio que conduce Kulfas, se hace referencia al impulso a la provisión nacional de equipos para las energías renovables, para de este modo, desarrollar un Clúster Renovable Nacional concebido como un conglomerado productivo de equipamiento, servicios y tecnología proveedores de los proyectos de generación renovable, como eólica, solar y pequeña hidroeléctrica.

“Para ello será muy importante el Programa de Desarrollo de Proveedores y, también, la empresa IMPSA, que es una de las principales proveedoras latinoamericanas en el sector energético, que estuvo al borde de la bancarrota y fue capitalizada por el Estado nacional junto con el gobierno de Mendoza para evitar su desaparición y preservar su enorme acervo de capacidades tecnológicas”, agrega el documento.

Para las autoridades, contar con tales capacidades es clave para afrontar la demanda de generación renovable, la cual será creciente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con lo suscripto en el Acuerdo de París de 2015.

El Ministerio de Desarrollo Productivo entiende la importancia medular que tendrá en las próximas décadas contar con capacidades tecnológicas nacionales en las cadenas productivas ligadas a las energías renovables. Esto significa poner foco y atención permanente en la creación de la “incubadora” que garantizará la reconstrucción de articulaciones perdidas, recursos económicos y técnicos sostenidos, captura tecnológica y producción de conocimiento que se cristalice en el desarrollo de dichas cadenas.

En este marco, en la primera etapa del Plan de Desarrollo Productivo Verde el Gobierno invertirá $1.250 millones para el desarrollo de proveedores de maquinarias nacionales para reciclado, control de efluentes, emisiones y desechos, así como producción nacional de motores industriales de alta eficiencia energética.

El programa contempla aportes no reembolsables (hasta $40 millones), subsidios de tasa y asistencia técnica para proyectos de inversión ligados a estos sectores. La idea inicial es financiar 20 proyectos productivos que vayan en esta dirección.

Energía solar

Otra línea de acción será la puesta en marcha del Programa de Desarrollo de la Industria Solar Térmica para promover la producción nacional de calefones solares. Para ello, se brindará financiamiento a la producción, asistencia técnica y certificación de los productos a través del INTI, apuntando a impulsar a 25 empresas del sector, con una inversión inicial de $115 millones.

El informe asegura que con la articulación entre este programa y los programas de vivienda se puede lograr una reducción de emisión de gases de efecto invernadero equivalente a 105.000 toneladas de CO2 por año, al tiempo que se generan alrededor 800 puestos de trabajo directos y una facturación aproximada de $270 millones para cada PyME participante.

Otro programa enmarcado en este eje es el Soluciona Verde, mediante el cual se apoyan con aportes no reembolsables a empresas de la economía del conocimiento que provean soluciones tecnológicas de alto impacto en mejora ambiental. Se trata de una versión específica del programa Soluciona Reactivación Economía del Conocimiento, con apoyo para proyectos innovadores en materia ambiental, y con el que se espera asistir en esta primera etapa a 25 firmas por un total de $500 millones.

Para el mediano y largo plazo, se está trabajando también en el Plan Aerogenerador Argentino, tendiente al desarrollo nacional de un aerogenerador para la energía eólica y, en la Promoción de la Cadena del Hidrógeno a partir de la identificación de la oportunidad estratégica para el país de constituirse como un gran proveedor de este combustible clave en la transición energética global.

Fomento al hidrógeno

El Gobierno propone delinear el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno, mediante una nueva ley y la inclusión del sector en otras herramientas de incentivo y/o programas de fomento.

El Ministerio de Desarrollo Productivo no solo adoptará una estrategia integral focalizada en la producción de hidrógeno como combustible alternativo, sino que también promoverá investigación y desarrollo en los sectores aguas abajo de la cadena de valor, como pueden ser el diseño de plantas de poder energizadas con hidrógeno para transporte (en varias modalidades: carga terrestre, náutico, ferroviario, aeronáutico) y para uso industrial.

Para el Gobierno está claro que el hidrógeno, representa una de las alternativas más idóneas para exportar a geografías lejanas la enorme cantidad de energías limpias que se podrían obtener potencialmente en base al viento patagónico, los niveles de radiación solar del NOA y a recursos hidrológicos localizados en diversos puntos del país, posicionando a la Argentina como un gran exportador energético.

De hecho, un estudio publicado en el marco del Consejo del Cambio Estructural, estima que de cara a 2050 Argentina podría exportar u$s15.000 millones de hidrógeno (equivalente al complejo sojero en 2020) y generar 50.000 puestos de trabajo.

La estrategia oficial apunta a contar con un nuevo marco normativo y legal instituido a nivel nacional para promoción de producción y utilización del hidrógeno; aumento  del apoyo en financiamiento e internacionalización para equipos involucrados en I+D de hidrógeno; convocatoria a inversores nacionales e internacionales para la instalación de plantas productivas con foco inicial en mercados de exportación.

A esto le suma el desarrollo de esquemas de apoyo a la industria automotriz para dinamizar la adaptación de celda de combustible hidrógeno, lo que además está acompañado por el proyecto ley de promoción de la movilidad sustentable.

También, apoyo a industrias en las que el hidrógeno podría representar un vector de cambio a futuro, como el sector hidrocarburífero o industrias como fabricación de calefacción y cocinas, etc.

De manera adicional, se está trabajando con empresas de diferentes sectores para implementar procesos de lo que se denomina “Industrialización Verde” y que implican la utilización de energías renovables de manera integral para energizar sus procesos productivos.

El caso paradigmático es el de acero verde, mediante el cual se produce acero sin recurrir al proceso de alto horno que es un emisor masivo de gases efecto invernadero, sino mediante una alternativa fisicoquímica en la que al reaccionar mineral de hierro con hidrógeno de origen verde se obtiene un acero sin combustión.  

Para las autoridades, esto permitirá reducir fuertemente la huella de carbono en procesos que son de alto impacto por lo cual se están seleccionando y se apoyarán proyectos de inversión asociados a la producción verde de acero, cobre y papel. En primera instancia serán 12 proyectos públicos y privados con $500 millones en financiamiento subsidiado por el FONDEP.

Electromovilidad

En el caso de la promoción en el uso de movilidad sustentable, el plan apunta a aprovechar la ventana de oportunidad tecnológica y social que se abre frente al mandato de cambio que los países signatarios del Acuerdo de París enfrentan como producto de los compromisos de reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero globales.

A nivel global, el transporte y la movilidad dan cuenta de alrededor del 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto son medulares en dicho proceso. Se busca que la reducción ocurra por mejoras en la eficiencia energética o por cambios disruptivos en las fuentes de energía utilizadas para potenciar el transporte.

“Argentina adoptará una estrategia integral en ambos escenarios, apalancando el cambio en la disponibilidad de recursos de los que está dotado el país como recursos naturales y energéticos en cantidades masivas y de alta calidad y disponibilidad;  recursos humanos y técnicos y capacidades tecnológicas potenciales y efectivas en casi todos los eslabones de la futura cadena de valor de la movilidad sustentable”, añade el informe de Desarrollo Productivo.

Dicha estrategia se desplegará en varios frentes:

• Nuevo marco normativo y legal instituido a nivel nacional
• Ampliación y refuerzo de capacidades de I+D requeridas para el despliegue de nuevas tecnologías
• Convocatoria a inversores nacionales y extranjeros para la instalación de nuevas plantas productivas de movilidad sustentable que lideren la satisfacción de demanda nacional y regional de las próximas décadas
• Plan de acción nacional a nivel de infraestructura energética y de dispositivos de recarga para garantizar el adecuado despliegue de vehículos
• Desarrollo de esquemas de apoyo a la industria automotriz y de movilidad existente para crear adaptaciones de captura tecnológicas que garanticen su sustentabilidad
• Construcción de capacidades en el nivel educativo y de oficios para crear y reforzar habilidades de los futuros técnicos de la movilidad sustentable
• Programas de mediano y largo plazo para el tratamiento de los impactos ambientales que podrían emerger de la nueva movilidad sustentable
• Un plan de acción nacional para producción de las materias primas clave de la futura movilidad sustentable.

Pero como el paradigma de la movilidad sustentable no solo incluye a vehículos de gran porte (como autos y buses) sino también más pequeños, en julio pasado se lanzó, junto con el sector privado, el Programa de Producción Nacional de Bicicletas Eléctricas con el objetivo de ampliar el acceso a medios de transporte individuales alternativos y sustituyendo importaciones en este rubro.

La propuesta presentada por las empresas del sector metalmecánico contempla una integración nacional creciente con el correr de los años, objetivo para el que se están analizando las medidas de estímulo más adecuadas. Se firmó en este contexto un convenio con la industria local, nucleada en las cámaras ADIMRA, CADIEEL y CIMBRA, para impulsar la producción con creciente integración local de bicicletas eléctricas.

Este acuerdo implica la implementación por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de herramientas de apoyo a la oferta, asistencia técnica y financiamiento a través del Programa de Desarrollo de Proveedores. Asimismo, el Programa de Producción Nacional de Bicicletas Eléctricas incluye financiamiento a la demanda mediante una línea de crédito específica del Banco Nación.

El objetivo en una primera fase es apuntalar la producción nacional en 15 empresas del sector, y que 20.000 usuarios puedan acceder a bicicletas eléctricas vía la mencionada línea de crédito. Para ello, se prevé una inversión inicial de $3.000 millones.

Economía circular

En este eje, el Gobierno plantea dejar atrás la lógica lineal de los procesos productivos (extracción de recursos, transformación, consumo y descarte) y propender a esquemas de economía circular (reintroducción de residuos como insumos), para optimizar el consumo de materiales y reducir la presión sobre los recursos naturales.

En el corto plazo, busca potenciar la mayor industrialización de residuos a partir de la valorización y normalización de los materiales provenientes de los mismos. Luego, la transición también apunta a lograr un cambio sistémico que genere oportunidades económicas y beneficios tanto ambientales como sociales.

De esta manera, también se apunta a aumentar la productividad y la eficiencia de los procesos en los diferentes sectores económicos a partir, por ejemplo, del plan para el fortalecimiento de la economía circular que servirá como puntapié para delinear una política integral centrada en aumentar la capacidad productiva de las cooperativas y PyMEs en la valorización de residuos, con foco en plásticos, papel y cartón, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) y aceite vegetal usado. En una primera etapa, se otorgará capacitación, asistencia técnica y $400 millones en aportes no reembolsables a 40 cooperativas para la adquisición de equipamiento que permita recuperar y reciclar materiales.

También se procura avanzar en una Política de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), con vistas a desarrollar un sistema de recuperación, a partir de la implementación inicial de un esquema piloto que permita ordenar la gestión de la logística inversa de manera que la recuperación sea rentable y sostenible en el tiempo.

El objetivo es aumentar la capacidad productiva nacional para el reciclaje del caucho y, complementariamente, reducir las importaciones.

Con miras al mediano plazo, se está articulando con organismos internacionales para implementar Pilotos de Reciclado y Disminución de Residuos Plásticos, apuntando al diseño, desarrollo e instalación de equipamiento específico para aumentar la capacidad de reciclado de polímeros.

En una primera etapa, se espera alcanzar a 10 empresas con financiamiento por $250 millones.

A su vez, con el Programa de Desarrollo de Proveedores el Gobierno apunta a proyectos centrados en la fabricación de máquinas nacionales para reciclado. Se trata de financiamiento y asistencia técnica para los fabricantes de equipamiento para la industria del reciclaje que ofrece asistencia técnica, línea de créditos por hasta $200 millones y aportes no reembolsables por hasta $40 millones.

Otro proyecto a mediano plazo se basa en el diseño del Plan Nacional de Economía Circular que se pretende plasmar en una ley. Se realizaron 40 mesas de trabajo durante el 2020 para la identificación de necesidades y barreras de distintos sectores productivos.

Producción sostenible

Esta tercera dimensión del plan verde oficial propone trabajar sobre cómo se produce actualmente, apuntando a promover la incorporación de criterios de eficiencia en el uso de materiales y energía en los procesos productivos, así como la reducción de emisiones y el control de efluentes.

Se busca propiciar el cumplimiento de estándares ambientales y exigencias de emisiones para impulsar la competitividad de los productos argentinos con medidas de apoyo técnico, financiero y regulatorio para hacer los procesos productivos más verdes y eficientes con el objetivo no sólo de reducir la presión sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos, sino también para lograr impactos positivos sobre la salud, al disminuir las enfermedades asociadas a la contaminación ambiental, y sobre la economía, ya que reduce costos al hacer más eficientes los procesos.

“Las tecnologías y los servicios ambientales a disposición del desarrollo sostenible son un factor crítico para facilitar la consecución de los objetivos de producción limpia y de reducción de los impactos ambientales”, detalla el plan que también busca fortalecer a los sectores del saneamiento, el tratamiento de efluentes y gases, la gestión de residuos domiciliarios e industriales, el reciclado, la construcción inteligente y sostenible, los proveedores de energías renovables, entre otros.

Como parte de esos objetivos, el Gobierno está poniendo en marcha el Programa PyMEs Verdes, que otorga financiamiento, capacitaciones y asistencia técnica para que en una primera etapa 3.300 PyMEs puedan innovar y adecuarse en procesos y productos de menor impacto ambiental, lo que requerirá una inversión inicial de $3.600 millones.

Otra iniciativa que se inscribe dentro de este eje es el Programa de Desarrollo de Parques Industriales, puesto en marcha en septiembre del 2020, que además de incentivar el ordenamiento territorial y el desarrollo local, premia a proyectos que sigan líneas de sostenibilidad ambiental.

Con visión a mediano plazo, se está trabajando en un esquema nacional de Certificaciones de Sostenibilidad Ambiental para reconocer los procesos de adecuación de las empresas que necesitan responder a las exigencias ambientales de parte de los consumidores locales, los mercados internacionales y las instituciones de financiamiento.

Para ello, se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de una consultoría financiada por la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE por sus siglas en inglés), para el diseño de un sistema nacional público de certificación, que sea equiparable a las condiciones exigidas en otros mercados y bloques económicos.

Construcción eficiente

Como parte del plan global, se busca impulsar la adaptación de la industria de la construcción y la producción nacional de materiales y bienes asociados, a criterios ambientales y de mayor eficiencia.

Por ejemplo, el Programa de Fomento de la Energía Solar Térmica se inscribe dentro del impulso a la construcción sostenible.

Desarrollo Productivo busca además  que las políticas de vivienda del Estado nacional incluyan sistemas constructivos industrializados, exigencias de cerramientos más eficientes, uso de materiales reciclados, equipamientos para mayor eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables para electricidad y agua caliente. Asimismo, en el marco del Consejo del Cambio Estructural se han venido realizando estudios sobre construcción sostenible, identificando potencialidades, desafíos y líneas de acción a futuro.

Como cuarto eje, el plan verde impulsa la  industrialización sostenible de los recursos naturales asociada al desarrollo, con un estricto control ambiental y con procesos de inclusión de los actores locales.

Se parte de la premisa de que la  economía se basa hoy en actividades intensivas en recursos naturales, los cuales son muy importantes tanto en términos de generación de divisas, como de empleos formales y desarrollo territorial, a la vez que son insumos fundamentales de distintos procesos productivos.

“Avanzar en estas esferas será fundamental para reducir al mínimo los impactos ambientales de ciertas actividades, a la vez que se maximizan los beneficios sociales de las mismas”, plantea el informe sobre estrategias para el desarrollo productivo.

Por eso mencionan programas de fomento de proveedores  para densificar las cadenas de valor ligadas a los recursos naturales, al brindar financiamiento a proyectos para la energía y la minería.

Se hace además referencia al impulso que se le está dando al cannabis medicinal al apuntar a desarrollar la bioeconomía nacional en toda su cadena de valor.

Del mismo modo, se menciona el nuevo esquema de derechos y reintegros de exportación vigente desde octubre del 2020 que incentiva la agregación de valor y la industrialización de los recursos naturales, al reducir a 0% las retenciones y elevar al 7% el piso mínimo de reintegros para los bienes de mayor grado de elaboración.

También se puso en funcionamiento el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino que incorpora entre sus objetivos tanto la sustentabilidad ambiental, como la inclusión, la competitividad, la integración y la institucionalidad y apunta a promover,  el desarrollo y aprobación de regulaciones y procedimientos de gestión, la implementación de tecnologías limpias y amigables con el ambiente, la minimización de los impactos negativos y la maximización de los positivos en las etapas de prospección, exploración, construcción, explotación, cierre y post cierre de minas en actividad.

A su vez, se avanzará en un monitoreo de las políticas de desarrollo productivo verde a nivel mundial con vistas a conocer en profundidad planes y programas implementados por distintos países.

Desafíos ambientales

Los lineamientos del plan verde forman parte de la llamada “Estrategia y acciones para el Desarrollo Productivo 2020-2023”, un informe de 214 páginas en donde el gobierno nacional analiza la situación actual de la industria y plantea una visión sobre la necesidad de modernizar, ampliar y diversificar la estructura productiva, incorporando las nuevas agendas del siglo XXI, las nuevas tendencias tecnológicas y compatibilizando las políticas productivas con un perfil netamente estatista.

“Es tiempo de discutir cuáles son las mejores herramientas financieras y técnicas, cómo articular los mejores proyectos con una perspectiva territorial, cómo estructurar cadenas de valor más sólidas e integradas con las empresas de diferentes tamaños, cómo generar mejores prácticas innovativas, cuáles son las ramas que ameritan esfuerzos y regímenes especiales, pero debemos superar definitivamente esa visión anti-industrial”, señala el trabajo.

Uno de los aspectos principales del trabajo se refiere a los desafíos ambientales “sin precedentes” que atraviesa la Argentina y el mundo y en donde el cambio climático y la degradación de la naturaleza obligan a reparar en los impactos socio ambientales negativos de los modelos de desarrollo actuales.

En este escenario, para el Gobierno la Argentina enfrenta el doble desafío del desarrollo económico para lograr los objetivos en materia de disminución de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la precarización laboral, a la vez que adapta sus modos de producción y consumo a las nuevas condiciones y exigencias que presenta el siglo XXI.

“A diferencia de los países desarrollados, Argentina no tiene tiempo para crecer y desarrollar su economía y recién posteriormente abordar una reducción del impacto ambiental de su modelo. Las consecuencias de la degradación ambiental están en pleno despliegue y nuestra población, nuestras ciudades, nuestras comunidades rurales y nuestra economía en general son vulnerables al cambio ambiental global y necesitan de protección y adaptación a los impactos que éste inevitablemente tendrá”, asegura el informe oficial.

A su vez, pensando en términos estratégicos y de inserción de la Argentina y sus productos en el mercado global, sostiene que la mayoría de los países está planificando la transición a la sostenibilidad. En este sentido, las inversiones y los acuerdos comerciales comienzan a condicionarse con la huella ambiental como un factor determinante, por lo cual las autoridades entienden que mitigar el cambio climático es fundamental para un sector tan clave de la estructura productiva argentina como el agropecuario –que depende de un régimen climático estable–, cuyo funcionamiento es determinante en la matriz productiva nacional.

El documento recomienda acompañar y fomentar los acuerdos ambientales globales ya que adquiere un valor crucial no solo en términos morales, sino que resulta trascendental para el bienestar de las y los argentinos y para el crecimiento de la economía.

Presencia estatal

Ante este panorama, se hace necesario acompañar la dirección global hacia la economía verde y, sobre todo, planificar y aprovechar la transición, ocupando mercados y desarrollando formas de producción, productos y tecnologías que la sociedad demandará cada vez más.

“Tal búsqueda de la sostenibilidad ambiental debe darse en conjunto con la búsqueda de la sostenibilidad social (generación de puestos de trabajo formales, fundamentales disminuir la pobreza, las desigualdades, el desempleo y la precarización laboral) y de la sostenibilidad macroeconómica, atendiendo a los equilibrios en la balanza de pagos como en las cuentas fiscales”, detalla Kulfas en su propuesta.

En otros términos, lo que el funcionario plantea es que la Argentina logre la sostenibilidad ambiental desarrollando tecnologías verdes con trabajo nacional, que ahorren divisas y que permitan generar ingresos.

Como diagnóstico, recuerda que tras la firma del Acuerdo de París y el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, han cobrado impulso los fenómenos vinculados al cambio climático, la degradación de la biodiversidad y el crecimiento de una fuerte demanda social que exige medidas para una transición justa a la sostenibilidad.

A modo de ejemplo, el trabajo asegura que el desarrollo productivo verde es un pilar de la gestión de Joe Biden no solo para la salida de la crisis de la pandemia sino a largo plazo. También en la Unión Europea se impulsan proyectos para la transformación de la economía y la integración de la sostenibilidad en todas las políticas.

Si bien en los países en vías de desarrollo las responsabilidades en la contribución a la crisis ambiental, por un lado, y las urgencias sociales por el otro, son diferentes a la de los países más desarrollados, es una agenda que avanza con fuerza.

En América Latina particularmente se debate cómo converger de manera virtuosa la transición a la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico, necesario para disminuir la pobreza y la desigualdad.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) viene trabajando en el desarrollo pospandemia de la región. En un documento publicado en el 2020, propone crecer y crear empleos con base en siete sectores/ejes dinamizadores que tienen un papel estratégico porque promueven el cambio técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental. Estos siete sectores/ejes apuntados son la descarbonización de la matriz energética, movilidad y ciudades sostenibles; la revolución digital verde; la industria de la salud; la bioeconomía; la economía circular y el turismo sostenible.

Para el caso argentino, se plantea la necesidad de que ese modelo de desarrollo sostenible sea apuntalado por un Estado presente, eficiente y con recursos económicos e infraestructurales suficientes para financiar y liderar una transición justa hacia la sostenibilidad.

El Gobierno entiende que las experiencias internacionales dan cuenta de que la transición a la sostenibilidad no puede ser llevada adelante por los mercados solos, sino que en todos los casos el Estado debe direccionar el proceso. “Por lo tanto, este desafío requiere un Estado capaz de innovar, asumir riesgos, emprender e invertir junto con el sector privado”, añade.

Según el informe oficial, “el crecimiento es necesario para bajar la pobreza y para crear capacidades estatales -gracias a mayores recursos-, pero en simultáneo dicho crecimiento debe minimizar cada vez más el impacto ambiental asociado”.

A su vez, y en la medida en que el mundo cada vez más demandará productos con elevados estándares ambientales, la transición hacia una economía verde será fundamental para no perder mercados de exportación y, de este modo, obtener las tan necesarias divisas.

“En ese sentido, hoy nos encontramos frente a la gran responsabilidad de combinar el desarrollo tecnológico y el cambio estructural de nuestra economía con políticas transversales para reducir la huella de carbono, el consumo de materiales y recursos naturales, y el impacto ambiental negativo de nuestro sistema socio-productivo”, destaca el paper en el que también se promueve “un abordaje audaz y estratégico” para convertir la crisis ambiental y económica en una oportunidad para generar una nueva ola de crecimiento verde, que aproveche el potencial de los nuevos mercados y sectores económicos que se abren, como la economía circular, la transición energética, la movilidad, la construcción, los productos y tecnologías sostenibles, los servicios ambientales, la bioeconomía y el turismo de naturaleza.

Por esos motivos, se plantea a la sostenibilidad macroeconómica como fundamental para superar la crónica volatilidad macroeconómica del país, pero se advierte que para lograrlo se requiere, en primer lugar, de divisas  y también de niveles razonables tanto en la deuda pública como en los equilibrios de las cuentas públicas.

En tanto, la sostenibilidad ambiental es considerada indispensable para desacoplar el impacto que hasta ahora las actividades productivas han tenido en el ambiente, sea en términos de emisiones de gases de efecto invernadero como de presión sobre la naturaleza.