Milei modificó el régimen minero y cambió un punto clave sobre el ambiente
El decreto del Gobierno actualiza una reglamentación vigente desde hace más de 30 años para agilizar inversiones mineras. Cuáles son los cambios.
El Gobierno de Javier Milei actualizó por decreto la reglamentación del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, vigente desde 1993, con una batería de cambios orientados a “reducir la burocracia, facilitar inversiones y modernizar los procedimientos del sector”.
La medida, fue oficializada mediante el Decreto 482/2026, que reemplaza integralmente la reglamentación anterior y adapta el régimen a las modificaciones introducidas el año pasado por el Decreto 449/2025. La medida se da en un contexto en donde el Gobierno busca atraer inversiones en el país, especialmente en proyectos que apunten al litio y al cobre.
Cambios en el seguro ambiental
Uno de los cambios más relevantes alcanza al aspecto ambiental. A partir de ahora, las empresas podrán acreditar el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) previsto por la Ley General del Ambiente como mecanismo para garantizar los recursos destinados a la recomposición y remediación de los daños ambientales, en reemplazo de la tradicional previsión contable exigida por la Ley de Inversiones Mineras, siempre que la autoridad de aplicación lo considere suficiente.
Según el decreto, este cambio no implica una reducción de las exigencias ambientales sino la utilización de una herramienta que el Gobierno considera “más eficaz” para asegurar que existan recursos disponibles en caso de daños al ambiente.
Menos trámites para las empresas
La reforma también incorpora una serie de medidas destinadas a agilizar la actividad minera.
Entre ellas, establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico para todas las empresas inscriptas en el régimen, simplifica la devolución anticipada del IVA durante la etapa de exploración y elimina diversos requisitos documentales que hasta ahora debían presentarse ante la autoridad de aplicación.
Además, reemplaza el sistema previo de autorizaciones para importar bienes destinados a proyectos mineros por un esquema basado en declaraciones juradas, que será validado automáticamente mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA) y el Sistema Informático Malvina.
Proyectos e inversiones
El decreto también redefine los requisitos para inscribirse en el régimen promocional, incorpora reglas específicas para los prestadores de servicios mineros y amplía de 250 a 500 kilómetros el concepto de integración regional entre yacimientos y plantas de procesamiento, con el objetivo de favorecer la competitividad de los proyectos.
Asimismo, actualiza el procedimiento para acceder al beneficio de estabilidad fiscal por 30 años, precisa desde qué momento comienza a regir ese beneficio y obliga a informar cualquier modificación sustancial que altere la factibilidad técnica, económica o legal del proyecto originalmente presentado.
Transparencia y seguimiento
Como parte de la nueva reglamentación, las empresas deberán presentar una declaración jurada anual acompañada de un informe económico-financiero elaborado por un profesional habilitado.
Según el Gobierno, el objetivo es mejorar el seguimiento de los proyectos sin incrementar las cargas administrativas, ya que parte de la información complementaria pasará a tener carácter voluntario.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la actualización busca consolidar “un marco reglamentario moderno, ágil y transparente” que permita atraer nuevas inversiones para uno de los sectores considerados estratégicos para el crecimiento de las exportaciones argentinas.
