Denuncian a YPF ante la Justicia por los pasivos ambientales que dejaría en Chubut

La salida de YPF de seis áreas petroleras de Chubut quedó bajo la lupa de la Justicia. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y vecinos de Comodoro Rivadavia presentaron un amparo ambiental colectivo contra YPF, el Estado Nacional y la Provincia de Chubut para cuestionar un acuerdo que, según denuncian, permitiría a la empresa desprenderse de parte de sus responsabilidades sobre los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación.

La acción judicial apunta contra el Acta Acuerdo firmado entre la Provincia e YPF el 26 de junio de 2026 y aprobado posteriormente por la Legislatura mediante la Ley XVII N° 166. El convenio acompaña la transferencia de seis áreas hidrocarburíferas (El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr) a cambio de una contraprestación extraordinaria de US$25 millones, además de otros compromisos.

Cuál es reclamo contra YPF

El punto central del reclamo es la cláusula mediante la cual la Provincia libera a YPF de manera total e irrevocable frente a contingencias vinculadas con los pasivos ambientales de las áreas y asume eventuales reclamos futuros.

“Quien produjo un daño debe afrontar prioritariamente su recomposición”, sostienen desde la organización ambientalista, que considera que no puede determinarse una liberación de responsabilidades cuando todavía existen pasivos que no fueron completamente identificados, cuantificados ni saneados.

Según la demanda, la situación resulta especialmente compleja en Comodoro Rivadavia, donde más de un siglo de actividad petrolera dejó pozos, ductos e instalaciones en zonas que actualmente forman parte de áreas urbanizadas.

El escrito judicial suma estimaciones de unos 6.000 pozos dentro del ejido urbano, incluidos pozos abandonados e inactivos. Para los demandantes, antes de transferir las áreas debería determinarse con precisión qué instalaciones requieren sellado, cuáles presentan contaminación y cuánto costará la remediación.

Uno de los cuestionamientos apunta justamente a la información disponible. La demanda señala que distintas disposiciones de la autoridad ambiental provincial habían ordenado continuar relevando pasivos que todavía no habían sido individualizados, incluso mediante un programa complementario con un plazo de hasta tres años.

Por eso, las organizaciones cuestionan que el acuerdo pueda establecer una liberación de responsabilidades mientras esos relevamientos continúan pendientes.

Cuánto podría costar el saneamiento

Otro de los puntos planteados ante la Justicia es el monto de US$25 millones establecido como contraprestación.

La demanda sostiene que todavía no se conoce la magnitud total del pasivo ambiental y que, por lo tanto, resulta difícil establecer si esa suma resulta suficiente para afrontar las tareas de saneamiento.

Como referencia, el escrito estima que solamente el sellado definitivo de los pozos catalogados como abandonados dentro del ejido de Comodoro Rivadavia podría representar entre US$240 millones y US$740 millones, de acuerdo con costos estimados de entre US$65.000 y US$200.000 por pozo.

Los demandantes aclaran que el costo definitivo deberá establecerse mediante estudios técnicos y pericias.

El caso de los 560 pozos de Restinga Alí

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es Restinga Alí, un área incluida en la liberación de responsabilidades mediante una cláusula del acuerdo, aunque no aparece entre las seis áreas enumeradas inicialmente como objeto principal del convenio.

Según los registros oficiales de la Secretaría de Energía incorporados a la causa, Restinga Alí cuenta con 560 pozos. De ellos, 364 figuran como abandonados y 111 como “a abandonar”. Otros 85 presentan diferentes estados operativos o de reserva.

La demanda advierte además que 196 pozos, el 35% del total, no registran estado de abandono.

Para los ambientalistas, estos datos deben ser verificados técnicamente, ya que la categoría de “abandonado” surge de la información declarada por el operador y no necesariamente acredita que el sellado y el saneamiento hayan sido realizados correctamente.

Además, Restinga Alí incluye instalaciones vinculadas con el frente marítimo de Comodoro Rivadavia. Por eso, los demandantes solicitaron una pericia para determinar cuántos de esos pozos se encuentran en el lecho marino y cuál sería el costo de su abandono y remediación.

Falta de participación ciudadana

El amparo plantea además que el acuerdo fue negociado y aprobado sin una instancia previa de participación de los habitantes afectados.

Según la organización, tampoco intervino la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pese a que una parte importante de los pasivos se encuentra dentro del ejido urbano.

“Después de más de un siglo de explotación petrolera, no se puede decidir quién asumirá los costos de ese pasivo sin información pública, participación ciudadana y una evaluación independiente de los daños”, plantearon desde AAdeAA.

La demanda invoca las obligaciones de participación y acceso a la información ambiental previstas por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Junto con el amparo, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo y de la Ley XVII N° 166 en lo referido a la liberación de responsabilidades de YPF.

También pidieron que durante el proceso no se realicen nuevas cesiones o transferencias y que las operaciones de abandono y sellado de pozos sean informadas con al menos diez días hábiles de anticipación para permitir controles periciales.