El acuerdo de Marcelo Orrego con BHP y Lundin Mining amplía los beneficios para las empresas, flexibiliza los controles ambientales y habilita tribunales internacionales para resolver disputas durante las siete décadas previstas para la explotación.

La carrera global por el litio y el cobre convirtió a la Argentina en uno de los destinos más atractivos para las inversiones mineras aunque no despejó las dudas sobre causas judiciales, derrames, cuestionamientos por el uso del agua y conflictos con comunidades.

La expansión de proyectos mineros vinculados a la transición energética reavivó las preocupaciones por sus posibles efectos sobre glaciares, humedales, salares y territorios indígenas.

La avanzada privatizadora del Gobierno nacional sumó un nuevo actor internacional. Una alianza entre empresas de México y Estados Unidos busca controlar la principal red ferroviaria de cargas del país, mientras crecen los interrogantes sobre el futuro de una infraestructura estratégica para las economías regionales.

Aunque fueron presentados como una obra para mejorar la conectividad y la seguridad vial, su ubicación en una de las zonas mineras más importantes de San Juan reaviva el debate sobre quiénes serán los principales beneficiarios de la infraestructura.

La provincia creó un nuevo sistema de control para los residuos sólidos urbanos generados por proyectos mineros. La medida busca mejorar la trazabilidad y la disposición final de los desechos en un sector que crece aceleradamente y que enfrenta crecientes cuestionamientos por su impacto ambiental.

Empresarios argentinos advirtieron que la adjudicación de un complejo habitacional fabricado en China desplaza producción nacional y cientos de empleos. El contrato fue otorgado a un consorcio que presentó una oferta de US$52 millones.