Un terraplén clandestino convirtió un río correntino en un gigantesco embalse artificial
Una denuncia presentada ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente acusa al propietario de un campo de haber construido dos terraplenes sin autorización sobre el río Sarandí, provocando inundaciones, pérdidas de ganado y graves impactos productivos y ambientales en la zona.
Una grave denuncia administrativa fue presentada ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) por la firma ganadera CARRANDI S.A., propietaria del establecimiento “La Isabel”, ubicado en el Paraje Malvinas, Cuarta Sección del departamento de Esquina. La empresa acusa al titular del campo vecino “El Curupí”, Martín Winkler, de haber construido dos enormes terraplenes sobre el cauce del río Sarandí sin contar con autorización ambiental ni hídrica.
La presentación, patrocinada por los abogados Marcos Chiappe e Ignacio Barry, advierte que las obras modificaron el escurrimiento natural del río y generaron anegamientos extraordinarios que permanecieron durante semanas y meses en terrenos que habitualmente deberían drenar con normalidad.
Imágenes aéreas tomadas sobre el área permiten dimensionar la magnitud de las obras denunciadas. Los terraplenes forman una extensa barrera de tierra que interrumpe el curso natural del agua y transforma el sector en una suerte de embalse artificial.
Según la denuncia, las consecuencias sobre la actividad ganadera fueron severas. La creciente provocada por la alteración del drenaje habría ocasionado la muerte y desaparición de 35 novillos que murieron ahogados.
El impacto también alcanzó a unas 2.000 cabezas de ganado, que sufrieron falta de pasturas y desnutrición como consecuencia del anegamiento prolongado. De acuerdo con la presentación, los animales perdieron en promedio 45 kilos cada uno, lo que representa una pérdida productiva estimada en 90.000 kilos de carne.
La situación obligó además a paralizar durante seis meses las actividades del establecimiento “La Isabel”. Para evitar mayores pérdidas, unas 250 cabezas de ganado tuvieron que ser evacuadas de urgencia hacia otros campos.
Río Sarandí y las inundaciones en el municipio de Malvinas
Aunque la denuncia presentada ante el ICAA se concentra en los daños ocasionados al establecimiento ganadero y en la presunta construcción irregular de las obras, el conflicto también genera preocupación por sus posibles consecuencias aguas arriba, particularmente dentro de la jurisdicción del municipio de Malvinas.
La acusación sostiene que los polders y taponamientos artificiales modificaron el comportamiento hídrico de la zona al bloquear una vía natural de drenaje. En este escenario, el agua permanece acumulada durante períodos prolongados y puede terminar desbordando hacia otros sectores del territorio.
Las severas inundaciones registradas en la zona y el anegamiento prolongado del malesal por donde atraviesa el río Sarandí son señalados en la denuncia como posibles consecuencias de esta alteración artificial del curso de agua.
El planteo pone así el foco no solo en las pérdidas económicas sufridas por un establecimiento rural, sino también en los efectos que una intervención privada sobre un curso de agua puede generar sobre el ambiente y sobre otras actividades productivas ubicadas en la misma cuenca.
Denuncian obras ilegales y daños ambientales en Corrientes
CARRANDI S.A. sostiene que los terraplenes fueron construidos sin las autorizaciones correspondientes y reclama que el organismo ambiental provincial intervenga para determinar la legalidad de las obras y sus consecuencias.
El caso también vuelve a poner en discusión el impacto de las modificaciones artificiales de los cursos de agua en zonas rurales. Cuando una barrera interrumpe el drenaje natural, el agua puede acumularse durante períodos extensos y trasladar sus efectos hacia otros establecimientos y territorios.
En este caso, la empresa denunciante asegura que las consecuencias ya fueron concretas: decenas de animales muertos, miles de cabezas afectadas, una pérdida productiva estimada en 90.000 kilos de carne y seis meses de inactividad para el establecimiento “La Isabel”.
Ahora será el ICAA el organismo encargado de analizar la denuncia y determinar si existieron obras ejecutadas sin autorización, qué impacto tuvieron sobre el río Sarandí y qué medidas deberán adoptarse para restablecer el normal escurrimiento de las aguas.















