Ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión: por qué agro e industria exigen frenar urgente el proyecto
El proyecto de ley para incorporar la figura del ecocidio al Código Penal volvió a instalar una discusión que atraviesa a gobiernos, empresas y organizaciones ambientales en todo el mundo.
La protección de los ecosistemas y la necesidad de fortalecer las herramientas para prevenir daños ambientales de gran escala llegaron nuevamente al centro de la agenda política argentina.
Esta vez, el disparador es un proyecto de ley que busca incorporar la figura del “ecocidio” al Código Penal, iniciativa que ya genera una fuerte controversia entre organizaciones ambientalistas y sectores productivos.
La iniciativa que propone tipificar delitos contra el ambiente es impulsada por la senadora radical Edith Terenzi (bloque Despierta Chubut) bajo el Expediente S-1064/2025).
En concreto, propone crear un nuevo capítulo en el Código Penal denominado “Delitos contra el ambiente”; establecer penas de prisión que van desde los tres hasta los 25 años para quienes causen daños ambientales graves, extensos o irreversibles, además de incluir responsabilidad penal para empresas y agravantes para funcionarios públicos.
El proyecto logró dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sin embargo, la iniciativa ha generado fuertes debates y presiones desde sectores productivos agroindustriales, lo que ha provocado movimientos políticos para revisar el alcance de sus artículos.
La discusión escaló en las últimas horas luego de que la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) enviaran una carta a los senadores nacionales para solicitar que el proyecto no avance en el recinto y vuelva a comisión para una revisión más profunda.
El planteo refleja la preocupación de actividades vinculadas al agro, la industria alimenticia, la minería y la energía. Sin embargo, detrás de la discusión jurídica aparece una pregunta mucho más profunda: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad penal cuando una actividad provoca daños severos sobre el ambiente?
La esencia del debate sobre el ecocidio
El concepto de ecocidio comenzó a consolidarse durante los últimos años como una de las principales banderas de los movimientos ambientales internacionales.
La figura busca castigar acciones que provoquen daños extensos, graves o irreversibles sobre ecosistemas, recursos naturales o biodiversidad.
Sus promotores consideran que las sanciones actualmente existentes suelen resultar insuficientes frente a impactos ambientales que pueden extenderse durante décadas o afectar a generaciones futuras.
En este sentido, existe una campaña internacional bajo el lema “Stop Ecocide” que es respaldada por juristas, científicos y organizaciones ambientales de distintos países.
La iniciativa impulsa desde hace años que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional por la Corte Penal Internacional. De hecho, el debate ya se instaló en Europa en donde, por ejemplo, Bélgica incorporó recientemente la figura a su legislación penal.
Otros organismos de la Unión Europea también avanzan en regulaciones que endurecen las sanciones frente a delitos ambientales graves. Aunque existen diferencias entre los distintos modelos normativos, el objetivo común es fortalecer la protección de ecosistemas considerados estratégicos para la vida humana y la biodiversidad.
Preocupación por los daños ambientales
La discusión no surge de manera aislada sino que se basa en los antecedentes acumulados durante las últimas décadas, cuando se multiplicaron en todo el mundo los conflictos vinculados a contaminación de ríos, degradación de bosques nativos, incendios forestales, pérdida de biodiversidad, afectación de humedales y eventos de contaminación industrial de gran escala.
En ese contexto, la Argentina tampoco quedó al margen de esos debates si se tienen en cuenta los incendios en el Delta del Paraná; los desmontes ilegales en regiones del norte argentino; los conflictos por el uso de agroquímicos; los derrames vinculados a actividades extractivas y las controversias sobre proyectos mineros e hidrocarburíferos.
Todos problemas que impulsaron una creciente demanda social por mecanismos de control más estrictos. Quienes respaldan la incorporación del ecocidio sostienen que muchas de esas situaciones generan consecuencias ambientales que exceden ampliamente las multas administrativas actualmente previstas por la legislación vigente.
Desde esa perspectiva, consideran necesario incorporar sanciones penales capaces de funcionar como una herramienta de prevención frente a daños ambientales de gran magnitud.
La queja del agro y la industria alimenticia
El principal cuestionamiento planteado por COPAL y el Consejo Agroindustrial Argentino no apunta a la necesidad de proteger el ambiente, sino a la redacción del proyecto.
En la carta enviada al Senado, ambas entidades afirman compartir “el imperativo de preservar los recursos naturales” consagrado por la Constitución Nacional, pero sostienen que el texto contiene “graves defectos de técnica legislativa”.
Según el documento, la iniciativa podría vulnerar principios de seguridad jurídica al incorporar conceptos que consideran demasiado amplios o ambiguos.
Las entidades advierten además que actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras e industriales podrían quedar expuestas a conflictos judiciales por la interpretación de normas ambientales de distinto rango. “De aprobarse en sus términos actuales, la normativa constituirá una herramienta de coacción judicial susceptible de paralizar sectores estratégicos de la economía nacional”, señalaron.
Al respecto, uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de la figura del “ecocidio culposo”, que permitiría sancionar situaciones derivadas de negligencia, imprudencia o impericia.
Las entidades sostienen que ello podría exponer a directivos, ingenieros y técnicos a responsabilidades penales derivadas de accidentes operativos o contingencias difíciles de prever.
Debatir la remediación ambiental
Otro aspecto que concentra la atención es el tratamiento que el proyecto otorga a los procesos de remediación. Según la interpretación realizada por las entidades empresarias, la propuesta podría considerar determinados daños como irreversibles aun cuando posteriormente se implementen acciones destinadas a recomponer el ecosistema afectado.
Desde la agroindustria sostienen que esa redacción podría desincentivar inversiones en recuperación ambiental.
Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales suelen advertir que existen impactos cuyos efectos pueden prolongarse durante décadas y que, en algunos casos, la restauración total resulta técnicamente imposible..
La discusión vuelve a poner sobre la mesa un concepto central de la sustentabilidad: la diferencia entre mitigar un daño y recuperar plenamente un ecosistema.
Naturaleza y nuevas responsabilidades
Detrás del proyecto también aparece una corriente jurídica que gana espacio en distintos países y propone ampliar la protección legal de la naturaleza.
El enfoque parte de la idea de que ciertos bienes ambientales poseen un valor que trasciende los intereses económicos inmediatos y que su degradación afecta a comunidades enteras, tanto presentes como futuras.
Aunque Argentina aún no avanzó en ese camino, el debate sobre el ecocidio forma parte de una discusión global que busca redefinir la relación entre actividad económica, recursos naturales y responsabilidad ambiental.
Es más, en un contexto marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los ecosistemas, la discusión sobre nuevas herramientas legales dejó de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse en un tema económico, productivo y social.
El equilibrio que busca la Argentina
Analizando el debate abierto por las organizaciones empresarias, se puede asegurar que se trata de una controversia que llega en un momento particularmente sensible.
Argentina apuesta a incrementar exportaciones agroindustriales, expandir el desarrollo de Vaca Muerta, impulsar proyectos de minería de cobre y litio, fortalecer las energías renovables y atraer inversiones vinculadas a la transición energética.
Todos esos sectores tienen un denominador común que es que dependen cada vez más de estándares ambientales exigentes y de la aceptación social de sus actividades.
Por eso, más allá del resultado legislativo, el debate sobre el ecocidio se transformó en una discusión sobre el modelo de desarrollo que busca construir el país.
Mientras organizaciones ambientales reclaman herramientas más fuertes para proteger ecosistemas y prevenir daños irreversibles, sectores productivos advierten que las nuevas regulaciones deben garantizar previsibilidad y seguridad jurídica.
El desafío será entonces el de encontrar un punto de equilibrio que permita proteger el patrimonio natural sin frenar las inversiones necesarias para sostener el crecimiento económico. La discusión recién empieza, pero ya anticipa uno de los debates ambientales más trascendentes que enfrentará la Argentina en los próximos años.
