Estados Unidos busca ampliar una excepción que permitiría sumar químicos tóxicos a los alimentos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) impulsa una propuesta que podría ampliar el uso de sustancias químicas en la industria alimentaria sin someterlas a una evaluación previa de seguridad. La iniciativa busca extender una excepción regulatoria que ya permite utilizar ciertos compuestos en materiales que entran en contacto con los alimentos, una medida que genera preocupación entre científicos y organizaciones de salud pública.

La controversia se centra en la exención conocida como Threshold of Regulation (TOR), que permite determinados usos de sustancias químicas sin una revisión regulatoria completa cuando se cumplen condiciones específicas, entre ellas que no sean cancerígenas y que su exposición se mantenga por debajo de un umbral establecido.

La nueva propuesta ampliaría esa posibilidad para incluir sustancias añadidas directamente a los alimentos, como aromatizantes, conservantes, emulsionantes, enzimas, estabilizadores y otros ingredientes utilizados durante el procesamiento industrial. De avanzar, el cambio podría beneficiar a fabricantes que buscan incorporar compuestos sin atravesar los procedimientos habituales de evaluación de aditivos alimentarios.

El principal cuestionamiento es que una sustancia no necesita ser cancerígena para representar un riesgo para la salud. Algunos compuestos pueden afectar el sistema hormonal, el desarrollo cerebral, el sistema inmunitario o la reproducción incluso en concentraciones muy bajas. Por eso, los especialistas advierten que utilizar un umbral general para determinar la seguridad puede dejar afuera efectos que requieren evaluaciones específicas.

“La FDA y la industria sostienen que si la dieta contiene solo una pequeña cantidad de algo, no será problemático, pero eso no está respaldado por ningún tipo de ciencia”, dijo Maricel Maffini, consultora independiente de alimentos que trabajó en temas relacionados con TOR.

La especialista también señaló las dificultades para establecer un límite seguro para sustancias con efectos adversos a bajas concentraciones. “No sé cómo van a resolver ese dilema, porque hay muchos ingredientes que, incluso en concentraciones muy bajas, también causan problemas graves en el organismo”, añadió.

La FDA sostuvo, en un comunicado posterior a la publicación de la propuesta, que puede rechazar una solicitud de exención si considera que existe algún riesgo. El texto propuesto establece que una sustancia utilizada directa o indirectamente en los alimentos podría quedar exenta de regulación como aditivo si “no existe un riesgo apreciable para la salud humana”.

Sin embargo, la discusión gira precisamente en torno a cómo se define ese riesgo y qué evidencia científica se utiliza para determinarlo.

La FDA podría ampliar el uso de químicos en alimentos ultraprocesados

Entre las sustancias que generan preocupación se encuentran determinados ftalatos, bisfenoles, compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados (PFAS), retardantes de llama y perclorato. Algunos de estos compuestos se relacionan con alteraciones hormonales y otros efectos adversos que no necesariamente quedan reflejados en una evaluación centrada exclusivamente en el riesgo de cáncer.

La propuesta también despierta inquietud por su posible aplicación a los alimentos ultraprocesados, cuya elaboración puede involucrar múltiples ingredientes y aditivos. Maffini expresó una preocupación particular por los saborizantes y su función en el consumo de estos productos.

Las críticas no se limitan a los efectos individuales de cada sustancia. Las organizaciones de salud pública advierten que las personas están expuestas diariamente a múltiples compuestos a través de la alimentación, los envases y otros productos de uso cotidiano. Evaluar cada sustancia de manera aislada puede dificultar la identificación de los efectos acumulativos de esa exposición.

A esto se suma un problema para los consumidores: la falta de información. Según los críticos de la propuesta, quienes compran alimentos no tendrían una forma clara de identificar si contienen sustancias que ingresaron al mercado mediante esta exención.

Maria Doa, científica de la organización ambiental sin fines de lucro Environmental Defense Fund (EDF), cuestionó el alcance de la iniciativa. “Están creando otra laguna legal, pero pretenden hacernos creer que así nuestros alimentos son más seguros”, declaró. “No es cierto que nuestros alimentos sean más seguros”.

La controversia también se relaciona con otra vía regulatoria, conocida como Generally Recognized as Safe (GRAS), que permite incorporar ingredientes a los alimentos bajo determinadas condiciones sin el mismo proceso de aprobación exigido para los aditivos alimentarios convencionales.

Aunque el Gobierno de Donald Trump y la FDA habían presentado cambios vinculados con esa normativa como un avance para la seguridad alimentaria, los críticos sostienen que la propuesta también contempla ampliar la exención TOR. Por eso, cuestionan que las modificaciones anunciadas como un cierre de vacíos regulatorios puedan coexistir con una ampliación de otra excepción.

La discusión pone en primer plano una cuestión central para la industria alimentaria: quién debe demostrar que una sustancia es segura antes de que llegue a los productos que consume la población. Para las organizaciones críticas, la falta de una evaluación previa suficiente traslada parte de la incertidumbre y de los posibles riesgos a los consumidores.

El antecedente del perclorato en los cereales infantiles expone los riesgos

El uso del perclorato en materiales destinados al almacenamiento de granos es uno de los antecedentes citados por los especialistas para advertir sobre las consecuencias de ampliar la exención TOR.

En 2005, la empresa química alemana BASF utilizó esta vía regulatoria para obtener una exención aplicable al perclorato en grandes bolsas de polipropileno empleadas para transportar y almacenar granos, incluidos arroz, harina y avena. El compuesto se utilizaba para evitar que los granos se adhirieran a las bolsas.

El problema es que la manipulación y el movimiento de los granos podían provocar que el perclorato y partículas de plástico se desprendieran del material y terminaran en los alimentos. Datos de la propia FDA publicados en 2017 mostraron un aumento de las muestras de cereales infantiles con presencia de perclorato después de la exención de 2005, así como mayores niveles del compuesto en las muestras analizadas.

El perclorato puede interferir en la capacidad de la glándula tiroides para absorber yodo, un elemento necesario para producir hormonas fundamentales para el desarrollo cerebral. Estudios citados por organizaciones ambientales relacionaron la exposición a niveles bajos de este compuesto con una menor producción de tiroxina (T4) y un coeficiente intelectual más bajo en niños.

Pese a esos antecedentes, la FDA volvió a autorizar el uso del perclorato en los cereales para bebés meses después de publicar sus datos. La agencia sostuvo que no había registrado un aumento significativo en ninguno de los 250 alimentos analizados. Los críticos respondieron que esa evaluación no abordaba adecuadamente el problema específico de los cereales infantiles, donde se habían observado señales de mayor exposición.

Tom Neltner, ex científico de EDF y actual director de la organización sin fines de lucro Unleaded Kids, cuestionó la evaluación realizada por la agencia. “Hicieron la vista gorda y aprobaron la exención basándose en datos que nunca tuvieron en cuenta los daños que provocan los disruptores endocrinos”, dijo Neltner.