Santa Fe busca corregir el desorden de cables tras años de soterramiento incumplido

La ciudad de Santa Fe aprobó un plan para ordenar el cableado aéreo que ocupa sus calles y veredas, una problemática que afecta el paisaje urbano, dificulta el mantenimiento de las redes y puede generar riesgos para la seguridad pública. La ordenanza establece un proceso progresivo para identificar los tendidos, retirar los cables en desuso y reorganizar las instalaciones que continúan funcionando.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal y aprobada por el Concejo Municipal, busca resolver un problema que se arrastra desde hace años. Aunque existían normas que planteaban el soterramiento de las redes, su implementación no logró concretarse de manera integral. Mientras tanto, se acumularon cables abandonados, instalaciones superpuestas y tendidos cuyo origen o titularidad no siempre está identificado.

El nuevo esquema propone comenzar por relevar la infraestructura existente y determinar qué empresa es responsable de cada tendido. A partir de esa información, se avanzará con el retiro de los cables que no estén en uso y con el ordenamiento de las redes activas. El objetivo es intervenir de manera planificada y sentar las bases para avanzar gradualmente hacia la instalación subterránea.

La concejala Titi Barletta destacó los riesgos cotidianos que genera el desorden del cableado y la necesidad de modificar el enfoque de las políticas públicas. “Todos tenemos esa esquina en la que miramos para arriba y hay una maraña de cables. Un cable colgando es un susto para el que pasa en bici, para la mamá con el cochecito, para el abuelo que camina por esa vereda”, manifestó.

La funcionaria también señaló las dificultades de intentar soterrar instalaciones sin conocer previamente su origen y recorrido. “Hace años, una norma dijo ‘enterremos todo’ y no se pudo cumplir, porque no podés enterrar lo que no sabés qué es. Esta vez vamos paso a paso: cada empresa, pública o privada, tiene que decir qué cables tiene y por dónde pasan; el que ninguna reconozca se saca; y lo que queda se ordena, todo junto, tensado y sin cruces para cualquier lado, con el nombre de su dueño en lo que se instale o se cambie. El cable que no tiene dueño, se va”, explicó.

El concejal Lucas Simoniello, por su parte, sostuvo que el desafío es corregir el desorden actual sin abandonar el objetivo de soterrar las redes. “No estamos eligiendo entre cableado aéreo o soterrado, sino entre seguir con el desorden actual o empezar a ordenar de verdad. La ciudad tiene desde hace muchos años una normativa que planteó objetivos ambiciosos de soterramiento, pero la realidad demuestra que esos objetivos no se alcanzaron. Mientras tanto, siguieron apareciendo cables, cruces, tendidos superpuestos y redes abandonadas. Esta ordenanza parte de reconocer esa realidad para poder modificarla”, expresó.

Cómo será el plan para retirar los cables en desuso en Santa Fe

La ordenanza establece tres etapas para avanzar con el reordenamiento del cableado aéreo existente. La primera será el relevamiento y la identificación de los tendidos para determinar a qué prestador pertenece cada instalación. Esta instancia permitirá construir un registro de la infraestructura y establecer responsabilidades sobre su mantenimiento y retiro.

La segunda etapa contempla la eliminación de los cables abandonados o que no sean reconocidos por los operadores. La tercera estará enfocada en reorganizar las redes que continúen activas, con criterios técnicos comunes para evitar cruces innecesarios, superposiciones y nuevas instalaciones desordenadas.

El proceso se desarrollará de manera progresiva, con intervenciones por sectores de la ciudad. La intención es recuperar el espacio público y reducir el impacto visual de las instalaciones, al mismo tiempo que se mejora la seguridad y se facilita el trabajo de mantenimiento de las empresas.

El problema también tiene una dimensión económica y de gestión urbana. La acumulación de infraestructura sin identificar dificulta determinar quién debe asumir los costos de reparación, mantenimiento o retiro. Sin un inventario actualizado y responsabilidades claras, las intervenciones pueden demorarse y los tendidos abandonados permanecen durante años en el espacio público.

Por eso, la ordenanza busca establecer obligaciones para los prestadores y coordinar las intervenciones entre los distintos actores involucrados. El desafío será traducir esas disposiciones en trabajos concretos y sostenidos, con controles que impidan que el desorden vuelva a reproducirse después de cada intervención.

Santa Fe crea un registro obligatorio y una mesa para coordinar el soterramiento

La normativa también dispone la creación de la Mesa Municipal de Abordaje de Tendidos Aéreos y Subterráneos, un espacio encargado de realizar el seguimiento del plan, recomendar criterios técnicos y proponer prioridades para las intervenciones.

La mesa podrá definir sectores prioritarios de acuerdo con criterios urbanísticos, patrimoniales, funcionales y de movilidad. También tendrá que coordinar acciones con organismos provinciales y nacionales y con las empresas responsables de los servicios.

Su integración contempla áreas municipales vinculadas con el planeamiento urbano, las obras públicas, el espacio público y los servicios, además de concejales, representantes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), organismos estatales, prestadores de telecomunicaciones y radiodifusión y universidades con sede en la ciudad.

A esto se suma la creación del Registro Único de Infraestructura Aérea de Telecomunicaciones y Energía (RUIA), en el que deberán inscribirse los prestadores que ocupen el espacio público municipal con cableado o infraestructura aérea.

El registro apunta a mejorar la información disponible sobre las redes y facilitar la identificación de sus responsables. Contar con esos datos será fundamental para planificar las intervenciones, ordenar las instalaciones existentes y establecer prioridades para futuras obras.

Aunque el soterramiento continúa siendo la meta de largo plazo, la ordenanza reconoce que ese objetivo requiere planificación, coordinación y recursos. La primera prueba será lograr que las empresas identifiquen sus tendidos y retiren la infraestructura abandonada. Sin una implementación efectiva y un seguimiento sostenido, el nuevo régimen corre el riesgo de quedar limitado a un cambio normativo sin resultados visibles en las calles.