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Exposición Rural 2024

El debate sobre los mercados de carbono llega a la cumbre del agro

Se buscarán respuestas a la escasa participación del agro en las iniciativas para reducir las emisiones de carbono y los marcos políticos y normativos que no promueven el desarrollo de proyectos sustentables.

A nivel global existen más de 12.000 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados y registrados bajo estándares internacionales.

A pesar de que sólo el 6% de dichos proyectos provienen de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza (SBN) que contribuyen a la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera, en los años 2021 y 2022 este sector comercializó el 46% de todo el volumen de transacciones del mercado voluntario.

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En ese sentido, el valor de los mercados casi se cuadruplicó en esos años impulsado por proyectos de SBN mientras que en América latina en los últimos cinco años se emitieron 22% de los créditos de carbono de todo el mundo, provenientes de un total de 457 proyectos, siendo así la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas.

El debate sobre los mercados de carbono llega a la cumbre del agro.

Pero si se observan solamente los proyectos de SBN, el 50% de los créditos fueron generados en esta región con el objetivo de promover la conservación, uso sustentable y restauración de bosques nativos, el desarrollo de plantaciones forestales y el manejo mejorado de forestaciones y producciones agropecuarias existentes, generando así no sólo impactos positivos en los ecosistemas y el ambiente, sino también en las comunidades locales y titulares de tierras mediante ingresos económicos adicionales.

El escenario del agro argentino

De acuerdo a un informe de la Mesa Argentina de Carbono solamente en el ámbito de esta entidad se agrupan proyectos de carbono forestal en etapa de evaluación, desarrollo y certificación por un total de 400.000 hectáreas (20 veces más que la superficie actual).

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El paper hace mención a que dichos proyectos permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático que forma parte del compromiso de reducción de emisiones presentada por el país ante Naciones Unidas.

Sin embargo, del total de iniciativas registradas en todo el mundo (12.000), sólo 61 fueron en Argentina, lo cual representa el 0.5% del total reflejando que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones a pesar de las grandes posibilidades que existen y de las experiencias que ya se han desarrollado.

Al respecto la mesa de carbono presentó un proyecto de normativa para brindar seguridad jurídica y transparencia internacional de los mercados de carbono en Argentina el gobierno libertario ha puesto en agenda el diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones para el país para impulsar la demanda de proyectos de carbono que tendrán impactos ambientales, sociales y económicos en distintas regiones.

De acuerdo a un informe de la Mesa Argentina de Carbono solamente en el ámbito de esta entidad se agrupan proyectos de carbono forestal en etapa de evaluación, desarrollo y certificación por un total de 400.000 hectáreas.

En este sentido, el informe asegura que “el campo cada vez muestra más interés en participar y desarrollar los mercados de carbono, tanto dentro de nuestro país como en toda América Latina, en forma de bloque regional lo cual asegura que los proyectos con el agro como eje central prometen un futuro muy auspicioso”.

Desembarco en la Expo Rural 2024

En tal sentido, con la Expo Rural como contexto, la mesa de carbono organiza dos encuentros de los que formará parte durante el mayor evento anual organizado por el campo argentino y cuyo lema central en esta edición será el ”El campo es mucho más que campo”.

Se trata de la que será la 136º edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industrial Internacional, que se realizará del 18 al 28 de julio, en La Rural, dentro del ya tradicional predio de Palermo.

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Un contexto ideal para debatir qué más puede ofrecer el agro, sobre todo, cuando se trata de hablar de mercados de carbono, aseguran los organizadores de ambas charlas.

La primera se llevará a cabo el próximo viernes 19 de julio, de 17 a 19 horas y se organizó a modo de panel de expertos y referentes del sector público-privado sobre mercados de carbonos y finanzas sostenibles en la Argentina.

La segunda tendrá lugar el miércoles 24 de julio, de 17 a 20 horas, dentro de la conferencia “Argentina Potencia Ambiental, el camino hacia la carbono neutralidad”, del que serán de la partida destacadas figuras tanto del ámbito privado como político nacional.

Oportunidades y necesidades en La Rural 2024

En ambos casos, integrantes de la Mesa de Carbono que está conformada hoy por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de este mercado forestal y del agro, disertarán sobre “Perspectivas sobre el mercado de carbono en Argentina desde el sector privado: contexto, experiencias y oportunidades para la industria agroforestal”.

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El objetivo principal de esta charla es presentar la mirada del sector privado con relación al contexto local de los mercados de carbono en el país, tanto sus oportunidades como necesidades, a través de la presentación de proyectos concretos bajo desarrollo e implementación en el país.

La Mesa de Carbono que está conformada hoy por más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de este mercado forestal y del agro.

Los participantes anticipan que realizarán una introducción al contexto, oportunidades y necesidades para los mercados de carbono locales que estará a cargo de Juan Pedro Cano, coordinador General de la Mesa Argentina de Carbono.

Luego, diversos representantes hablarán sobre la experiencia y proyección en Argentina, con presentación de proyectos del sector agroforestal (plantaciones comerciales, bosque nativo y ganadería).

De esta presentación participarán Nidia Boggio, CEO de GMF Latinoamericana; Tomás González Arata, Head of Field Operations de Nideport by GBM; Fernando García Frugoni y Federico Moyano, de Aike NBS; Claudia Peirano, directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).

Con respecto a los temas de la segunda conferencia del 24 de julio, los representantes de la mesa de carbono brindarán una conferencia junto a funcionarios del Gobierno sobre las razones por las cuales el país puede destacarse en los mercados de carbono del mundo bajo el lema de “Argentina Potencia Ambiental, el camino hacia la carbono neutralidad”.

Para el cierre, el diputado nacional, Maximiliano Ferraro y el Senador de la Nación, Alfredo de Angeli, estarán a cargo de la presentación denominada “Legisladores en acción”.

El futuro como objetivo del sector del agro

En todos los casos, las charlas y debates enfrentarán la realidad de que tan sólo aproximadamente el 6% de los proyectos de reducción de las emisiones de carbono parten del sector de la Agricultura, Bosques y Usos del Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés), sosteniendo que el potencial de crecimiento del sector es enorme considerando que en el 2021 comercializó el 46% de todo el volumen de transacciones del mercado voluntario.

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De hecho, desde la Mesa entienden que “la demanda por proyectos de captura y reducción de emisiones certificables y verificables con impacto no sólo en carbono sino en otros servicios ecosistémicos, es evidentemente cada vez mayor”.

Aproximadamente el 6% de los proyectos de reducción de las emisiones de carbono parten del sector de la Agricultura, Bosques y Usos del Suelo.

Explican que el valor de los mercados voluntarios globales de carbono casi se cuadruplicó en 2021 hacia los u$s2.000 millones, impulsado por proyectos NBS y un aumento de los precios de mercado que han ido variando en los últimos años, con una marcada suba desde el 2017 hasta el momento.

Por caso, en los mercados voluntarios, aumentaron en 2021 casi un 60% con respecto a 2020 hasta un punto que no se veía desde 2013, alcanzando un precio promedio ponderado mundial anual por tonelada de u$s4 para todas las transacciones informado por los encuestados de mercados emergentes, en comparación con u$s2,52 en 2020.

Debatir nuevas normativas en La Rural 2024

A pesar de que el país no cuenta con una norma específica, existen instrumentos de política que, de manera restrictiva, establecen el marco posible de acción en relación con los mercados de carbono, tales como la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) presentada por Argentina y el Plan de Acción Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

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Además existen iniciativas a nivel nacional y provincial, que están generando instancias para discutir y desarrollar propuestas que pueden promover o restringir los mercados de

carbono, como la actualización del Plan de Acción Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y la elaboración de los Planes de Respuesta Provinciales para Mitigación y Adaptación al Cambio Climático).

También se menciona el Programa Jurisdiccional Anidado de REDD+ “Eco2” en desarrollo por la provincia de Misiones y el Proyecto de Manejo Forestal Mejorado de Jujuy.

En el caso del llamado Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), se declara que Argentina “reserva su posición nacional y la toma de decisión en relación con el posible uso de cualquier mecanismo de mercado que pueda establecerse bajo el Acuerdo de París, hasta que lleguen a una conclusión las negociaciones sobre el artículo 6 del Acuerdo de París en el marco de la CMNUCC”. Asimismo, se manifiesta que “hasta entonces, cualquier operación que involucre unidades de reducción de emisiones alcanzadas en territorio argentino, tanto públicas como privadas, deberá registrarse y contar con la expresa autorización del gobierno nacional, y, salvo disposición expresa que indique lo contrario, todas las reducciones de emisiones en el territorio nacional serán contabilizadas para el logro de la meta de la NDC”.

En relación a los marcos normativos, sin perjuicio de que ni la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley Nacional N°27.520 –LCC-) ni su decreto reglamentario (Decreto Nacional N°1030/2020) hacen mención a la comercialización de reducciones de emisiones, sí lo han hecho dos legislaciones provinciales de cambio climático: Ley Provincial N°6.230 (Jujuy) y Ley Provincial N°14.019 (Santa Fe).

Agro sustentable, iniciativas que escasean

En comparación con la distribución sectorial a nivel global, el informe de la Mesa de Carbono asegura que en Argentina existen actualmente sólo dos proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales como los de Verra, Gold Standard, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Climate Action Reserve y Plan Vivo10, lo cual representa el 3% del total de proyectos certificados localmente.

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Ocurre que la mayor parte de los proyectos certificados hasta el momento en Argentina son de los sectores de las Energías Renovables, Producción Industrial y Gestión de Residuos.

Apoyo del sector a las energías renovables.

“Esto no quita que existan iniciativas de certificación y verificación en base a mismos estándares pero certificados por organismos nacionales, dado que la inversión necesaria para una certificación internacional es costosa y suele no ser accesible para muchos desarrolladores de proyectos y propietarios/usuarios de tierras con potencial para la captura y reducción de emisiones”, sostiene el documento.

Política restrictiva de los mercados de carbono

En este sentido, la Mesa de Carbono observa que el contexto argentino “dista mucho de brindar la seguridad jurídica y certidumbre mínima necesaria para promover e incentivar el desarrollo, certificación e implementación de proyectos de captura y reducción de emisiones, como así también la consecuente comercialización de los certificados, créditos o bonos de carbono que dichos proyectos generen”.

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En el sector entienden que los instrumentos de política actuales son más bien restrictivos, y los marcos normativos vigentes son interpretados de manera muy sesgada, especialmente en el plano discursivo por parte de actores gubernamentales de nivel nacional y provincial, “lo cual genera desconfianza a la hora de invertir tiempo, dinero y energía en el desarrollo de este tipo de proyectos de importante impacto ambiental, social y económico”.

Por eso, los expertos consideran que deberían sentarse las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible mediante la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen.

“Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos propietarios o usuarios de tierras, como así también traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen”, advierte la Mesa de Carbono en su documento.

Puntos críticos para los mercados de carbono

Por otro lado, se impulsan acciones que permitan reducir costos como un incentivo al desarrollo de proyectos tanto de gran escala, como de mediana y pequeña escala.

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Sumado a todo esto, se reclama “claridad en la distribución de competencias y roles entre los distintos niveles de gobierno federal (nivel nacional y provincial) dentro del marco normativo e institucional de los mercados de carbono”.

En este sentido, se han identificado conceptos mínimos y puntos críticos que se deberían abordar al momento del diseño y formulación de instrumentos normativos y de política que brinden claridad y certeza para el desarrollo e implementación de proyectos de reducción y captura de carbono, como así también para la comercialización de certificados, créditos o bonos de carbono generados en consecuencia.

El sector suma acciones para reducir costos.

Se hace mención a la propiedad del carbono y de los certificados, créditos y bonos de reducción de emisiones apuntando a establecer a quién corresponde la potestad sobre el carbono capturado o reducido y de los certificados, créditos y bonos de reducción de emisiones que se puedan emitir en consecuencia.

“Desde la MCFN se considera que ante una interpretación del marco jurídico argentino actual es claro que la propiedad del carbono almacenado en bosques nativos y plantaciones forestales es del titular del derecho real de dominio, superficie o usufructo sobre la tierra donde se encuentra ese bosque o plantación, pudiendo ser dicho derecho real de dominio público, de dominio privado del Estado o de un particular”, destaca el ente como postura.

Sin perjuicio de ello y en caso de elaborarse un instrumento normativo específico para la regulación y promoción de los mercados de carbono en Argentina, la Mesa pide precisiones claras “para brindar certeza y seguridad jurídica a propietarios y usuarios de tierras, desarrolladores e inversores de proyectos y compradores y comercializadores de certificados, créditos y bonos de reducción de emisiones”.

Venta de las capturas de emisiones de carbono

En este caso se pretenden definiciones sobre los tipos de mercados que se buscará promover y a los que se permitirá la comercialización de los certificados, créditos y bonos de carbono generados por proyectos de captura y reducción de emisiones.

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Desde la Mesa se considera que deben fijarse criterios claros que permitan la comercialización de certificados, créditos y bonos de carbono tanto en mercados voluntarios como en mercados regulados.

Se observa que la posibilidad de comercializar créditos de carbono en mercados regulados existentes fuera de Argentina, por la diferencia de precio general de dichos créditos en mercados regulados en comparación con los precios generales en mercados voluntarios, viabilizarían el desarrollo de tipos de proyectos de escalas e impactos ambientales, sociales y económicos mayores a si no se permitiera la comercialización en mercados regulados.

Con relación al aporte a la contribución determinada a nivel nacional (NDC) se busca definir cuánto un proyecto de carbono debe aportar a la NDC de Argentina, y si pudiera permitirse que las capturas y reducciones de emisiones puedan contabilizar, en todo o en parte, a la NDC de otro país.

Sobre este punto, la Mesa entiende que “deben fijarse criterios claros que permitan la comercialización de certificados, créditos y bonos de carbono tanto en mercados voluntarios como en mercados regulados, aun cuando éstos últimos no permitan contabilizar las capturas y reducciones a la NDC Argentina”. Para ello, el ente pide contar con claridad respecto a cómo el país espera lograr las reducciones de emisiones presentados por Argentina ante la CMNUCC en su NDC.

La Mesa entiende que “deben fijarse criterios claros que permitan la comercialización de certificados, créditos y bonos de carbono tanto en mercados voluntarios como en mercados regulados”.

La Mesa postula que todas aquellas reducciones de emisiones o capturas de carbono adicionales a las generadas a partir de programas, políticas, legislaciones o financiamientos directos o indirectos de parte del gobierno nacional y/o provincial, es decir, las generadas por las inversiones y desarrollos de actores privados, deberán poder ser certificadas y comercializadas en el mercado de carbono global regulado por el Artículo 6 del acuerdo de París. “Este postulado se sustenta en que estas reducciones de emisiones o capturas de carbono no ocurrirían si no fuera por las inversiones de los privados, y por lo tanto no deberían ser parte de la NDC argentina ante el Acuerdo de París, ya que no están impulsadas por fondos públicos.

Definición jurídica del carbono

La Mesa entiende que hace falta establecer la naturaleza, encuadre y definición jurídica del carbono, de los proyectos de captura o reducción de emisiones y de los certificados, créditos o bonos que se puedan emitir en consecuencia.

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El ente entiende que es necesario que se brinden definiciones claras sobre el objeto sobre el cual se pretende actuar (en este caso los Gases de Efecto Invernadero, o también llamados de manera genérica “carbono”), y sobre los distintos instrumentos y mecanismos que puedan generarse y utilizarse para regularlo, principalmente para promover la reducción en sus emisiones o su captura y almacenamiento.

“Es importante considerar lo ya establecido por la Resolución AFIP N°35/2012 que entiende que los Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés) son asimilables a los títulos valores, dado que tendrían un valor de venta en el mercado de carbono, independientemente de la relación que los originan”, se sostiene en el paper.

Intervención gubernamental

Desde la Mesa de Carbono se considera que, para evitar la doble contabilidad en la captura y reducción de emisiones, es necesario elaborar un registro transparente y accesible de los proyectos registrados, como así también de las unidades de capturas y reducciones emitidas y comercializadas, lo cual permitirá tener un cálculo preciso de aportes a la NDC o a reportes de reducción de emisiones subnacionales inclusive, como así también un seguimiento a la implementación y ciclo de vida de los proyectos.

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A esto le suma crear algún tipo de certificación y verificación de los proyectos por parte de instituciones especializados, como lo son por ejemplo los estándares de Verra y Gold Standard, o haciendo uso de protocolos y metodologías asimilables a los de dichos estándares por el momento, ajustando a nuevos estándares locales e internacionales.

Debate tributario

La Mesa también pide no cobrar impuestos a la comercialización de las capturas y reducción de emisiones teniendo en cuenta que “el impacto ambiental, social y económico tanto a nivel global como local de los proyectos de captura y reducción de emisiones precisa que no se establezcan requerimientos que puedan significar un desincentivo, y más aún en relación a otras actividades productivas que generan impacto negativo pero tienen sistemas de beneficios impositivos”.

En el caso que existan requerimientos impositivos, “deberán estar fundamentado en un análisis y cálculo específico sobre la necesidad de cobrar impuestos y del destino y uso que tendrán ya que es importante que no se establezcan impuestos que sean excesivos para no desincentivar el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones”.

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Fecha de publicación: 11/07, 3:18 pm