La reforma del Código Alimentario Argentino (CAA) llevada a cabo por el Gobierno de Javier Milei puede tener consecuencias mucho más profundas que una simplificación de trámites para importadores o fabricantes de alimentos. El verdadero cambio pasa por la modificación a la forma en que el Estado administra el riesgo sanitario en especial si se tiene en cuenta que durante décadas, el sistema argentino estuvo basado en un principio preventivo. Antes de que numerosos ingredientes, aditivos, coadyuvantes tecnológicos o materiales destinados a entrar en contacto con alimentos pudieran utilizarse, debían atravesar procesos de evaluación técnica e incorporación al Código Alimentario Argentino. Pero el Decreto 697/2026 publicado el pasado lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación cambia esa lógica. Qué cambia con el nuevo control de alimentos Con el nuevo control de alimentos, a partir de ahora, una parte de los productos internacionales podrá ingresar al mercado cuando cuente con certificaciones emitidas por países cuyos sistemas sanitarios sean reconocidos por la Argentina o que apliquen las normas del Codex Alimentarius, sin necesidad de repetir buena parte del proceso de evaluación local. Una parte de los productos internacionales podrá ingresar al mercado cuando cuente con certificaciones emitidas por países. El decreto también los exime, en esos casos, de la incorporación previa al Código Alimentario y limita los requisitos adicionales que puede exigir la autoridad sanitaria. El Gobierno sostiene que esa modificación elimina “duplicaciones de controles”, reduce costos regulatorios y corrige una asimetría que perjudicaba a la industria nacional. Según explicó oficialmente, un alimento elaborado en el exterior podía ingresar al país con determinados ingredientes, mientras que una empresa argentina no siempre podía utilizar esos mismos insumos porque aún no habían sido incorporados formalmente al Código Alimentario. El decreto no elimina los controles sanitarios sino que mantiene la posibilidad de realizar inspecciones, tomar muestras, inmovilizar mercadería, retirar productos del mercado y aplicar sanciones cuando existan riesgos para la salud pública. También habilita controles previos cuando haya indicios de deterioro, inconsistencias documentales o riesgos debidamente fundados. Cómo afecta la trazabilidad y las alertas sanitarias Según el decreto, ahora cambia el equilibrio del sistema y donde antes predominaba la autorización previa, ahora gana peso un modelo basado en certificaciones emitidas por agencias regulatorias extranjeras y en una fiscalización posterior. El desplazamiento abre una serie de interrogantes que exceden el contenido del decreto como el de poner en duda la capacidad operativa del Estado. Si una parte de la evaluación deja de realizarse antes de la comercialización, el sistema dependerá mucho más de la rapidez con la que pueda detectar incumplimientos una vez que los productos ya estén en circulación. Trabajador revisando una caja de limones frente a palets de mercadería paletizada lista para su distribución. (Crédito: SENASA) El segundo desafío es la trazabilidad ya que, en un esquema basado en vigilancia posterior, la velocidad para identificar un lote, reconstruir su recorrido y retirarlo del mercado frente a una alerta sanitaria pasa a ser un elemento crítico. Qué pasa con las diferencias entre países Tras la nueva disposición también aparece una tercera pregunta: ¿Cómo se administrarán las diferencias regulatorias entre países? Aunque el decreto reconoce certificaciones emitidas por sistemas sanitarios considerados equivalentes, las normas técnicas, los criterios de evaluación y las condiciones de uso de determinados ingredientes no siempre son idénticos entre jurisdicciones. En ese escenario, la fortaleza del nuevo esquema dependerá menos de la reducción de trámites y mucho más de la capacidad del SENASA para monitorear el mercado, coordinar alertas sanitarias y responder con rapidez cuando aparezcan incidentes. Ese será, probablemente, el principal examen de una reforma que cambia la forma de controlar, pero que promete mantener intacto el objetivo histórico del Código Alimentario Argentino: proteger la salud de los consumidores. Cinco desafíos que plantea el nuevo modelo Más allá de la simplificación administrativa que destaca el Gobierno, el cambio de paradigma también abre una serie de interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de control sanitario. Más que nada a la hora de analizar cuáles serán los desafíos que deberá afrontar el nuevo esquema para demostrar que puede ofrecer el mismo nivel de protección que el anterior. En este sentido, el cambio más importante es que parte de la evaluación que realizaban los organismos argentinos antes de autorizar determinados productos pasa a ser reemplazada por el reconocimiento de certificaciones emitidas por autoridades sanitarias extranjeras. En la práctica, eso significa que el sistema dependerá mucho más de la capacidad para controlar los productos una vez que ya estén comercializándose. Las inspecciones, la toma de muestras, la trazabilidad y los sistemas de alerta rápida adquieren un papel mucho más relevante. El desafío será detectar rápidamente cualquier desvío antes de que represente un riesgo para los consumidores. La reforma también modifica el mapa institucional y el SENASA pasa a concentrar registros, habilitaciones, inspecciones, fiscalización, importaciones, sanciones y la administración de la Base Única de Datos. El Ministerio de Salud mantiene la rectoría sanitaria y continúa definiendo aspectos técnicos del Código Alimentario Argentino, pero la ejecución cotidiana del sistema queda cada vez más concentrada en el organismo sanitario dependiente de la Secretaría de Agricultura. Ese nuevo esquema exigirá capacidad operativa suficiente para sostener una vigilancia permanente del mercado. La discusión, en este punto, pasa por la disponibilidad de inspectores, laboratorios, sistemas informáticos y recursos técnicos para responder a un esquema más dinámico. Otro aspecto puesto en tela de juicio se vincula con la trazabilidad que gana protagonismo ya que, cuando un sistema desplaza parte de sus controles hacia etapas posteriores, la capacidad para reconstruir rápidamente el recorrido de un producto se vuelve determinante. Si aparece una alerta sanitaria, identificar el lote comprometido, localizar dónde fue distribuido y retirarlo del mercado puede hacer la diferencia entre un incidente acotado y un problema de mayor escala. Por eso, especialistas en regulación alimentaria suelen considerar la trazabilidad uno de los pilares de cualquier modelo basado en vigilancia posterior. Certificaciones internacionales bajo la lupa El reconocimiento de certificaciones emitidas por otros países constituye uno de los cambios centrales de la reforma. La medida busca evitar que Argentina repita evaluaciones ya realizadas por agencias regulatorias consideradas confiables. Sin embargo, la implementación exigirá un seguimiento permanente para garantizar que esos estándares continúen siendo equivalentes y que las condiciones de uso autorizadas en el exterior resulten compatibles con el marco regulatorio argentino. El propio decreto aclara que las prohibiciones y los límites máximos establecidos por el Código Alimentario Argentino seguirán prevaleciendo sobre las normas del país que emitió la certificación. De manera adicional, se empieza a cuestionar el mecanismo de simplificación regulatoria que puede acelerar el acceso a nuevos ingredientes, aditivos, tecnologías y materiales para envases. Ese cambio podría beneficiar a fabricantes de alimentos, empresas de packaging y desarrolladores de nuevas soluciones para la industria. Compañías como Arcor, Molinos Río de la Plata, Bagley, Mastellone Hnos., Danone Argentina o firmas de innovación alimentaria como NotCo integran algunos de los sectores donde la reducción de tiempos regulatorios podría facilitar el lanzamiento de nuevos productos. Pero la pregunta será si esa mayor velocidad puede convivir con un sistema capaz de sostener la misma confianza sanitaria que caracterizó históricamente al Código Alimentario Argentino. Ese será, probablemente, el principal desafío de una reforma que busca impulsar la competitividad de la industria sin resignar la protección de la salud pública. Qué desafíos que deja abiertos la reforma El Gobierno sostiene que la reforma elimina “duplicaciones de controles”, simplifica procedimientos y acerca el sistema argentino a modelos regulatorios utilizados por países con agencias sanitarias de alta vigilancia. Sin embargo, la verdadera discusión se traslada a la eficacia del nuevo esquema, que ya no dependerá únicamente de las normas escritas, sino de la capacidad del Estado para ejecutarlas. Al reconocer certificaciones emitidas por autoridades sanitarias extranjeras para determinados productos, el sistema deposita una mayor confianza en evaluaciones realizadas fuera del país. Eso exige que los organismos argentinos fortalezcan las tareas de seguimiento, auditoría y monitoreo del mercado para detectar rápidamente cualquier incumplimiento. El segundo desafío será la capacidad de respuesta o la velocidad con la que puedan identificarse problemas sanitarios y retirarse productos del mercado. También aparece otro interrogante: la coordinación federal ya que, aunque el SENASA concentra buena parte de las funciones operativas, las provincias continúan siendo responsables de numerosas tareas de fiscalización y control. La eficacia del nuevo sistema dependerá, en gran medida, del intercambio de información, la trazabilidad y la capacidad de actuar de manera coordinada frente a una alerta sanitaria. La confianza será la verdadera prueba Para los expertos, la seguridad alimentaria no depende únicamente de las leyes sino más que nada de la confianza. Los consumidores confían en que los productos que compran cumplen estándares sanitarios; las empresas necesitan reglas previsibles para invertir e innovar y los mercados internacionales evalúan permanentemente la solidez de los sistemas de control de cada país. Por eso, el éxito de la reforma se medirá por la capacidad del nuevo esquema para demostrar que puede ofrecer el mismo nivel de protección que el sistema al que reemplaza. El Gobierno sostiene que ese objetivo está garantizado porque las prohibiciones, límites máximos y exigencias del Código Alimentario Argentino continúan plenamente vigentes y porque el SENASA conserva amplias facultades de inspección y sanción. La implementación será la que termine de responder una pregunta que hoy permanece abierta: si un modelo apoyado en certificaciones internacionales y fiscalización posterior puede mantener intacta la confianza de consumidores y mercados en la seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.