Cómo es la estrategia de finanzas sostenibles que impulsa Sergio Massa

La transición a una economía baja en carbono e inclusiva requiere la movilización de grandes cantidades de recursos financieros. La política fiscal, los bancos de desarrollo nacionales y multilaterales, y el sector privado deben jugar un papel más relevante y coordinado para catalizar la inversión, desarrollar instrumentos de mercado y herramientas regulatorias, y compensar a las poblaciones más afectadas y vulnerables.

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En la actualidad, las finanzas sostenibles son un foco de debate a nivel mundial pero se encuentran poco desarrolladas en la Argentina donde, de acuerdo a un informe elaborado por UN Environment Inquiry, se estimaba que la necesidad de este tipo de fondos para el período 2019-2030 era de al menos u$s51.000 millones al año.

Al mismo tiempo, se calcula que el flujo de finanzas sostenibles en 2018 fue de aproximadamente u$s14.100 millones, entendido este flujo de dinero como el financiamiento y los respectivos arreglos institucionales y de mercado, que contribuyen a lograr un crecimiento fuerte, sustentable, equilibrado e inclusivo, mediante el apoyo directo e indirecto al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Más específicamente, al hablar de finanzas sostenibles se hace referencia a la inclusión de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (criterios ASG) en la toma de decisiones de inversión (Pacto Global, 2020). Y en línea con la definición del Desarrollo Sostenible y la formulación de los ODS, las finanzas sostenibles deben generar un impacto medible en términos económicos, sociales y ambientales.

También son comúnmente denominadas “Inversión de Impacto”, “Inversión de Triple Impacto”, “finanzas socialmente responsables”, o “inversión responsable”, dependiendo del impacto positivo y medible en las dimensiones del desarrollo sostenible.

Estrategia oficial

Teniendo en cuenta este escenario, el Ministerio de Economía de la Nación acaba de darle forma a la llamada “Estrategia Finanzas Sostenibles” que adoptará el país y que se enfocará en generar el ecosistema y las condiciones que permitan identificar alternativas para movilizar de forma escalable los recursos necesarios para catalizar inversiones públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos económicos y sociales en el marco de la Agenda 2030, incluidas las metas de mitigación y adaptación al cambio climático del país en el marco del Acuerdo de París, los compromisos derivados de las restantes convenciones de Río de 1992 y el Marco Post 2020 de Biodiversidad.

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Además, permitirá generar una guía para una implementación más homogénea de acciones tendientes a una mejor gestión micro y macro prudencial de riesgos financieros relacionados con el clima para fortalecer las capacidades tanto del sector público como del privado, apuntando tanto a aumentar la resiliencia del sector financiero como a consolidar su aporte a la canalización de recursos a las finanzas sostenibles.

La formulación de la estrategia se basa en la hoja de ruta trazada por la Mesa Técnica de Finanzas Sociales (MTFS) de diciembre 2020; en los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta de Reguladores del sector financiero para la promoción del desarrollo de un sistema financiero sostenible en Argentina de septiembre de 2021 ; en los instrumentos, lineamientos y directrices ya desarrollados para la movilización y apalancamiento del financiamiento sostenible público y privado; y en las acciones ya concretadas por actores del sector privado en la materia.

También se nutre de los resultados y el análisis de la Encuesta Nacional de Finanzas Sostenibles y Cambio Climático en Argentina 2022, y en entrevistas realizadas a actores clave de la economía entre el 2022 y este año.

Así lo establece la Resolución 696/2023 del ministerio que dirige Sergio Massa publicada en el Boletín Oficial de este 29 de mayo que establece que la mesa técnica tiene el objetivo de coordinar, diseñar, evaluar y promover políticas públicas, actividades, instrumentos económicos y financieros que faciliten las inversiones públicas y privadas hacia iniciativas que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de las finanzas sostenibles de nuestro país.

El ente se compone de los principales actores del sector público referentes en la materia de las finanzas sostenibles como son el Ministerio de Economía; la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo; Comisión Nacional de Valores (CNV); Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); Banco Central de la República Argentina (BCRA); Banco de la Nación Argentina (BNA); Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE).

También del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS)] y la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Economía de la Nación.

A su vez, articula su trabajo con el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) y busca propiciar alternativas para movilizar recursos que posibiliten alentar inversiones públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos económicos y sociales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030, contemplando las metas de adaptación y mitigación al cambio climático del país.

Hoja de ruta

La mesa técnica tiene entre sus pautas iniciales:

• Acordar y firmar una declaración conjunta de los reguladores del sector financiero argentino en pos de promover el desarrollo de un sistema financiero sostenible, en línea con las metas de la Agenda 2030 y sus ODS.
• Propiciar las acciones de políticas públicas (incluido eventuales cambios regulatorios) necesarios para la transición hacia un sistema financiero sostenible.
• Promover el diseño de incentivos, guías y señales adecuadas para catalizar el
• desarrollo de mercados financieros sostenibles.
• Contribuir al desarrollo de herramientas e instrumentos para la movilización y el apalancamiento del financiamiento sostenible público y privado.

Estas metas se basan en los resultados de la Encuesta Nacional de Finanzas Sostenibles y Cambio Climático en Argentina que llevada a cabo entre noviembre y diciembre de 2022 y que arroja un diagnóstico detallado sobre el nivel de conocimiento, relevancia y abordaje que las entidades del sector bancario, de seguros y del mercado de capitales tienen respecto de los efectos financieros vinculados al cambio climático en términos de riesgos.

El 85,3% de los encuestados considera que el cambio climático es un riesgo financiero tanto para sí mismos como para el sistema financiero. Pero, el riesgo no es percibido con el mismo nivel de intensidad.

El sector bancario y asegurador lo identifican como un riesgo material en sus carteras, más allá de la percepción de riesgo reputacional que es identificado por todos los sectores como un condicionante creciente.

A su vez, el 91.3% de las empresas considera que el cambio climático es un riesgo financiero, en tanto un 78.3% estima que el cambio climático es un riesgo que podría afectar la estabilidad del sector financiero de Argentina.

A su vez, el 71.4% de las entidades inversoras consideran que el cambio climático es un riesgo financiero; otro 71.4% que es un riesgo que podría afectar la estabilidad del sistema financiero mientras que el 89.1% de las entidades aseguradoras advierte que es un riesgo financiero y el 86.4% que podría afectar la estabilidad del sistema financiero y, específicamente, del sector asegurador.

En el caso de las entidades bancarias, el 88% sostiene que es una fuente de riesgos financieros; el 41.2% ha identificado riesgos relacionados con el cambio climático que pueden tener impacto financiero y material en su cartera de crédito y su portafolio de inversiones en clientes, sectores económicos o regiones especialmente vulnerables.

Apostar por la economía carbono neutral

Los sectores inversionistas, asegurador y bancario consideran que el rol de sus entidades en tanto direccionar flujos financieros o direccionar la cobertura e inversiones financieras hacia actividades y empresas que contribuyan a una economía carbono neutral.

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En tal sentido, se asegura que han dado pasos concretos que, sin embargo, no se traducen en una oportunidad concreta percibida desde la mirada de las empresas e inversores que operan en el mercado.

Marco normativo

De los resultados de la encuesta también surge la necesidad de generar un ambiente adecuado y una certidumbre normativa necesaria para que los actores del sistema financiero y de mercado puedan operar y acrecentar el flujo de fondos hacia financiamiento sostenible.

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Los sectores encuestados entienden que “es pertinente y necesario profundizar la labor de ordenamiento y desarrollo de normativa local conducente al avance de las finanzas sostenibles en el país, la cual debe estar adaptada a las necesidades y al contexto del mercado local con el fin de generar un marco que permita al mercado operar y crecer sobre bases sólidas”.

La resolución del Palacio de Hacienda pide, en ese sentido, “contar con un lenguaje y metodologías de evaluación comunes como el primer paso en esta dirección”.
Entre las opiniones más destacadas de los miembros de la mesa técnica se desprende la necesidad de desarrollar “una Taxonomía como marco ordenador y que brinde un lenguaje común a las partes adaptado a las necesidades del nivel de desarrollo económico del país el cual implica una fuerte inversión en la transición hacia la sustentabilidad medioambiental y social”.

Se asegura además que las finanzas de transición son un paso lógico en este sentido y se advierte que una de las mayores preocupaciones actuales de las entidades que conforman la mesa técnica es sobre regulación de divulgación de la información no financiera, la cual debe ser exigente.

“Si bien todos los actores consultados conocen que este es el punto central de discusión a nivel internacional y sobre el cual ya se regula en varios países, consideran que la mayoría de los inversores y actores de mercado argentinos están lejos de comprender que este requisito viene en aumento. Observan que existe mucha disparidad de conocimiento y que hay sectores (como son los fondos institucionales) que no lo consideran en la agenda, salvo ciertas excepciones”, agrega la resolución oficial.

Del mismo modo, recuerda que el incremento de transparencia y divulgación de información sustentable viene dada por el requisito de inversores, pero en el caso argentino, salvo las emisiones de deuda del mercado de capitales etiquetadas como sociales, verdes o sostenibles, no es un requisito por parte de los mismos.

Por eso señala la importancia de que, a medida que se avance en la creación de nuevos instrumentos o productos sostenibles los inversores y entidades que los desarrollan hagan propio su rol en la materia requiriendo la información sobre el impacto, progreso, cuestiones ambientales y sociales. Como ejemplo, la norma recuerda que de la encuesta a inversores surge que el 85.7% de las entidades estarían dispuestas a elaborar reportes de sostenibilidad si sus principales contrapartes les solicitan información sobre factores sustentables.

“Para ello la concientización de los actores del mercado financiero y de capitales argentino, y la existencia de reglas claras y un lenguaje común son claves”, agrega el documento oficial.