Argentina recibe fondos internacionales para financiar la transición energética

La Tierra se está sobrecalentando. De acuerdo con los datos de la NASA, en 2020 la temperatura media fue de 1,02 ºC más elevada respecto al período 1950-1980. 

El calentamiento global, además de provocar la fusión de los glaciares y la subida del nivel del mar, provoca otros cambios climáticos como la desertificación y el aumento de fenómenos extremos como por ejemplo huracanes, inundaciones e incendios: la alteración del clima podría causar daños incalculables.

Los científicos coinciden en achacar la responsabilidad de este cambio a las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en particular, a partir de la Revolución Industrial. El principal de estos gases, el dióxido de carbono, procede en gran parte del sector energético, (que también incluye a la generación de electricidad, pero no solamente a esta).

En diciembre de 2015, a raíz de la COP21 de París, se firmó un acuerdo internacional que establecía el objetivo de mantener, antes de finales de este siglo, el calentamiento global por debajo de 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y de ser posible limitarlo a 1,5 grados. La COP26 de Glasgow, que tuvo lugar en noviembre de 2021, ratificó el compromiso de lograr la llamada Carbon Neutrality para 2050.

Para alcanzar este objetivo, la herramienta principal es la transición energética, o sea, cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables. Una gran contribución a la descarbonización proviene de la electrificación de los consumos, reemplazando la electricidad producida a partir de fuentes fósiles por la generada por fuentes renovables, que hace más limpios otros sectores, como el transporte, como así también de la digitalización de las redes, que mejora la eficiencia energética.

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Los expertos entienden que la transición energética no se limita al cierre progresivo de las centrales de carbón y al desarrollo de energías limpias, sino que es un cambio de paradigma de todo el sistema. 

Una contribución a la descarbonización que llega tanto de la electrificación del consumo, que hace más limpios también otros sectores, como el transporte, como de la digitalización de las redes, que por su parte mejora la eficiencia energética.

En ese contexto, la Argentina contará con u$s840 millones aportados por un organismo internacional con el objetivo de impulsar la transición energética justa y el modelo social de la discapacidad.

Se trata de fondos que aportará el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en el marco de dos operaciones que financiarán las obras complementarias del Gasoducto Néstor Kirchner y un programa para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

El anuncio se produjo durante la CLXXVII reunión del Directorio, que tuvo lugar en Santiago de Chile el 7 de marzo pasado cuando se aprobaron los fondos que serán destinados a financiar el Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, complementario al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y el Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad.

De ese encuentro, participaron los ministros de Economía y Finanzas y los presidentes de los Bancos Centrales en representación de los 21 países accionistas de CAF, el presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz-Granados, y el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, entre otras autoridades. 

“Con estos proyectos se busca, por un lado, avanzar en la transición justa ampliando el transporte de gas natural a las provincias del norte de Argentina y por el otro la financiación de un programa integral que atiende las necesidades de un sector vulnerable como lo son las personas con discapacidad”, remarcó Sergio Díaz-Granados. 

“Las operaciones aprobadas por el organismo demuestran nuestro compromiso por la reactivación económica y social y el impulso al desarrollo sostenible de toda América Latina y el Caribe”, agregó.

En el caso del Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, el organismo aportará u$s540 millones de los u$s702 millones presupuestados para la iniciativa, mediante un programa de inversión que será ejecutado en un plazo estimado de hasta 24 meses por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía y la empresa Energía Argentina S.A (ENARSA).

Según funcionarios locales, las obras permitirán transportar gas natural desde la Cuenca Neuquina hacia las provincias del centro y norte argentino y en un futuro, exportar los excedentes a Chile, Bolivia y Brasil.

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Como resultado, se compensará la caída en la producción de gas proveniente de la cuenca del NOA. Además, se ampliará la capacidad de abastecimiento de GN nacional a los principales centros de consumo de esas regiones. 

Para el gobierno argentino, el alcance de los beneficios se amplía si se consideran los usos comerciales e industriales que garantizan la producción industrial local y los puestos de trabajo para la población en las provincias involucradas.

Modelo social 

Por otro lado, la CAF destinarán u$s300 millones para financiar el Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD), implementado por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

La iniciativa facilitará la construcción y el equipamiento de las denominadas Torres de Inclusión, fortalecerá la gestión local y el despliegue territorial de políticas públicas basadas en el modelo social de la discapacidad y garantizará los derechos de quienes son titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).