El despido de Virginia Aparicio del INTA generó un fuerte rechazo internacional
La científica argentina fue exonerada tras coordinar un estudio europeo que detectó plaguicidas en personas y el ambiente.
La sanción del INTA a la investigadora de agrotóxicos Virginia Aparicio generó cuestionamientos en la comunidad científica internacional. El caso reavivó el debate sobre la presencia de plaguicidas en el organismo humano y el ambiente, luego de que la ingeniera agrónoma marplatense coordinara en Argentina el proyecto SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que analizó residuos de agroquímicos en personas, animales y ecosistemas.
Aparicio es doctora en Ciencias Agrarias y trabajó durante más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce. Su desvinculación se formalizó mediante la Resolución 366 del Consejo Directivo del INTA, luego de un sumario administrativo por presuntos incumplimientos en el desempeño de sus funciones.
La decisión provocó críticas de investigadores vinculados con el proyecto europeo. Desde los Países Bajos, Violette Geissen, profesora de la Universidad de Wageningen y coordinadora general de SPRINT, calificó de “injusta” la medida y defendió el trabajo realizado por la científica argentina.
Según informó Infocielo en una nota publicada en noviembre, Geissen expresó: “Virginia Aparicio es una investigadora excelente. Hicimos protocolos para armonizar los métodos y que se realizaran en todos los países de la misma manera. Virginia siguió esos protocolos al pie de la letra”.
El proyecto SPRINT detectó glifosato en el 84% de los voluntarios
De acuerdo con los datos presentados por el programa SPRINT en sus informes de investigación, el 84% de los analizados dio positivo para glifosato. La investigación comenzó en 2020, con la participación argentina aprobada por el INTA. El trabajo reunió a equipos de diez países europeos y Argentina, bajo la coordinación de investigadores de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos.
Durante 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos para identificar la presencia de residuos de plaguicidas y sus posibles combinaciones.
Entre los resultados difundidos se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas. Además, se identificaron mezclas de distintos plaguicidas en las muestras humanas y residuos de herbicidas en el ambiente.
El objetivo del proyecto era estudiar los niveles de exposición a estas sustancias y aportar información para evaluar sus posibles efectos sobre la salud y los ecosistemas. Sin embargo, la continuidad de la investigación en Argentina se interrumpió en 2023, cuando el INTA decidió retirar al país del programa.
Por qué el INTA justificó la exoneración por irregularidades administrativas
La resolución del organismo fundamentó la sanción en presuntos incumplimientos administrativos vinculados con la comunicación institucional, los procedimientos internos y la participación de colaboradores en el proyecto.
Desde la defensa de Aparicio rechazaron las imputaciones y cuestionaron la proporcionalidad de la medida. Sostuvieron que la investigadora había informado sobre sus actividades a las autoridades correspondientes y que su participación en SPRINT contaba con aprobación institucional.
El caso también generó repercusiones en Argentina. El 4 de noviembre, investigadores, trabajadores universitarios y organizaciones sociales y ambientales realizaron una caravana desde Mar del Plata hasta Balcarce para reclamar la reincorporación de Aparicio y exigir que se reconozcan los resultados de la investigación.
La controversia excede la situación laboral de una investigadora. También pone en discusión la continuidad de los estudios sobre exposición a agroquímicos y el lugar que ocupan estas investigaciones en las políticas públicas de ciencia y ambiente.
