El Gobierno nacional anunció un programa para promover los “edificios sostenibles”

El Gobierno nacional anunció la creación de edificios sostenibles para los organismos del sector público nacional, con el objetivo de incorporar y fortalecer las prácticas de sostenibilidad en el consumo y la habitabilidad.

Quien llevará adelante el programa será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezado por Juan Cabandié, según se comunicó oficialmente a través del Boletín Oficial en la resolución 107/2023.

El proyecto, titulado como “Programa de Edificios Públicos Sostenibles para los Organismos del Sector Público Nacional (SPN)”, fue presentado hace dos semanas por el mismo Cabandié y el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El mismo buscará promover el manejo y gestión sostenible de recursos mediante buenas prácticas de consumo y habitabilidad y reducir el impacto ambiental generado por las actividades que se desarrollan en los edificios públicos del SPN.

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Durante la presentación, Fernández señaló: “Lo importante es poner en valor el problema que tenemos, que no es discursivo. Estamos en una situación crítica que no nos da más tiempo”.

Cabandié, por su parte, aseguró que “esto es virtuoso para la agenda ambiental. Tiene que ver con una política pública del Estado. El Estado está obligado a marcar un rumbo para generar acciones colectivas y tiene que honrar lo que propone y promueve”.

A través de las prácticas sostenibles, se buscará una gestión eficiente en energía eléctrica, agua, gas natural, residuos, compras públicas, accesibilidad, movilidad sostenible y superficies y espacios verdes.

El programa brindará asistencia financiera y asesoramiento técnico a los organismos públicos en lo que respecta a las prácticas sostenibles de consumo habitabilidad, según especificó la resolución del Boletín Oficial.

Para la implementación de las primeras acciones básicas de sostenibilidad como la instalación de bicicleteros, la separación de residuos en origen y la compra de electrodomésticos eficientes, se estipula un plazo de dos años.