El Gobierno pone el foco en la electro movilidad para fomentar el recambio automotriz

Como parte del llamado Plan de Desarrollo Productivo Verde que apunta a aprovechar las oportunidades de crecimiento económico y creación de empleo vinculadas a los desafíos ambientales, el Gobierno presentará en sociedad una iniciativa para incentivar la electro movilidad.

Se trata de un régimen legal que apunta a generar incentivos fiscales y tributarios para promover inversiones por u$s900 millones que fomenten el uso de la movilidad sustentable e impulsen la compra de vehículos eléctricos.

El marco para desarrollar esta industria lo dará un proyecto de ley que el Gobierno nacional presentará esta semana en el Congreso para su tratamiento y que tiene al Ministerio de Desarrollo Productivo como su principal mentor.

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El propio ministro Matías Kulfas predice que, tras la sanción de la norma, se espera una importante ola de inversiones nacionales y extranjeras en los sectores vinculados a este proceso como el automotriz o de fabricantes de autopartes eléctricas y hasta de la industria minera.

De hecho, un cable de la agencia oficial Télam da cuenta de que Desarrollo Productivo presentará este martes 12 de octubre el proyecto de ley que tiene como objetivo fomentar la transición de la movilidad convencional, demandante de combustibles fósiles, hacia la movilidad sustentable, atendiendo a los compromisos de la Argentina en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas. 

El basamento de la propuesta se centrará en el fuerte crecimiento de la movilidad sustentable, tanto en el país como en el mundo, donde se ha demostrado que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos –incluyendo los híbridos enchufables y a celda de combustible- ya  superan el millón de unidades, según el Informe “Global EV Outlook 2018” de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés). 

Este incesante aumento hace que las principales automotrices tengan planes para la electrificación de sus flotas para 2030 y 2050, estableciendo como propósito la reducción de emisiones de CO2 en los vehículos que produzcan y comercialicen. Países como China, India, Estados Unidos y los de la Unión Europea también han establecido políticas públicas concretas para la promoción e incentivos para la movilidad sustentable, ya sea mediante sistema de créditos, actualización de estándares de emisiones de CO2 u objetivos de electrificación de flota vehicular.

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En lo que respecta a Latinoamérica y el Caribe, según el “Informe MOVE 2018 sobre Movilidad Eléctrica” de la ONU Medio Ambiente, se estima que el sector transporte es responsable de un 19% de las emisiones de CO2 en la región. 

En la Argentina, según el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el subsector transporte representa un 15,5% de las emisiones de GEI del país, que representan 56.93 MtCO2eq, siendo el segundo subsector de mayor emisión. En comparación con el resto de la región, Argentina aún se encuentra en una fase bastante preliminar en lo que respecta a los mecanismos de promoción para la movilidad sustentable. Sin embargo, en los últimos años se concretaron importantes pasos en lo que respecta al establecimiento de políticas públicas específicas para el sector. 

Por caso, en 2016 se constituyó la Mesa Interministerial de Transporte Sustentable; se emitió DNU Nº 331/2017 que estableció una disminución de los aranceles para la importación de vehículos híbridos, eléctricos y de celdas de combustible y su posterior actualización; el Decreto Nº 230/2019 que eliminó la restricción de su alcance a las terminales automotrices radicadas en el país.

Luego, en 2018, se publicó el Decreto Nº 51/2018 que estableció nuevas disminuciones arancelarias y se llevaron a cabo diversas mesas de análisis de las que participaron la industria automotriz, instituciones relacionadas al sector y el Poder Ejecutivo Nacional.

Todo antecedentes que buscan concentrar esfuerzos en un solo proyecto de ley que posicione a la Argentina como líder en la descarbonización del transporte, teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos y el avance de las iniciativas públicas en Europa, Asia y Latinoamérica.

Se intenta alcanzar una meta de cero emisiones para el 2030 para el sector y la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de Movilidad Sustentable que trace los puntos principales del despliegue de este tipo de movilidad en el país, así como delinear los aspectos relacionados a los combustibles de transición.

En lo que respecta a infraestructura de carga, se apunta a garantizar el cumplimiento de condiciones técnicas, la compatibilidad de las estaciones de recarga en todo el país y la interoperabilidad a nivel regional, así como impulsar el derecho de cargar los vehículos en los domicilios particulares teniendo en cuenta que, en el mundo, la carga doméstica es la principal opción para los propietarios. 

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Para lograr ese objetivo se fijarán montos máximos de tarifa de venta para el servicio de recarga por un período que contempla la maduración del mercado nacional, incluyendo un mecanismo de participación pública a través de los entes reguladores.

Además de las millonarias inversiones, la iniciativa de ley contempla una amplia renovación de la flota de transporte público en condiciones más amigables para el medio ambiente así como la producción local de autos eléctricos.

También otorga beneficios fiscales e incentivos para quienes compren este tipo de unidades para dar comienzo a la renovación del actual parque automotor de manera paulatina con el consecuente beneficio para el medioambiente de las grandes ciudades.

Para potenciar la cadena de valor, el proyecto obligará al uso de autopartes o componentes de fabricación nacional, lo cual generará también un fuerte crecimiento de las llamadas empresas electroautopartistas y fabricantes de equipamiento auxiliar, como son los cargadores.

De igual modo, el gobierno nacional busca desarrollar la industrialización de recursos naturales como el litio para generar la producción de baterías que impulsen la movilidad de las nuevas unidades y teniendo en cuenta que el país se ubica segundo a nivel regional en cuanto a cantidad de reservas de este mineral, solo detrás de Bolivia) y tercero en el mundo detrás de Chile y Australia.

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En este caso, el objetivo oficial es “crear en Sudamérica el primer enclave productivo integral, que sirva como plataforma para el país y para exportar a los países vecinos, que ya están avanzando en integrar vehículos con baterías de litio a su parque”.

Como parte de la misma estrategia, Desarrollo Productivo ya firmó el Memorándum de Entendimiento con la provincia de Jujuy y la empresa china Ganfeng Lithium para explorar oportunidades de inversión en litio e instalar una fábrica de baterías para movilidad sustentable en el norte del país.

En el Capítulo II del llamado Plan Estratégico Nacional de Movilidad Sustentable, se explica que se priorizarán las nuevas tecnologías; se establecerán metas de recambio y modernización de la flota vehicular convencional, pública y privada, para el transporte de personas y mercancías.

Habrá además un sistema de indicadores de cumplimiento de movilidad sustentable, recomendando el período para su actualización y se le dará impulso a políticas de reconversión, promoción y fomento de la industria nacional vinculada a la electro movilidad.

Otro de los objetivos de la ley es la planificación de una red de recarga eléctrica y alternativa geográficamente eficiente, que garantice el desplazamiento autónomo de las alternativas vehiculares de movilidad sustentable en todo el territorio nacional, de acuerdo a la priorización de las diferentes tecnologías y las particularidades de cada región.

A esto se suma un cronograma de adquisiciones del Estado Nacional para el recambio de la flota vehicular afectada al uso oficial en el cual, tanto en procesos licitatorios como en contrataciones directas, se privilegiará la adquisición de los vehículos comprendidos en la ley.

De manera adicional, se establecen consideraciones al uso de biocombustibles, gas natural comprimido y gas natural licuado, como combustibles de transición, “por los tiempos que estime convenientes según su evaluación científica, técnica y económica, a fin de promover la disminución de emisiones contaminantes en el corto plazo”.

Como medidas de promoción, se establecen incentivos económicos en los aranceles de importación de vehículos, autopartes y repuestos, siempre que no se produzcan en el mercado interno. 

También podría haber beneficios en las alícuotas de varios impuestos como el IVA; Bienes Personales y Ganancias, además de los destinados a actividades industriales, comerciales y de logística y de los impuestos internos.  

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A esto se sumarían créditos fiscales que el PEN podría instrumentar como beneficios  para el pago de impuestos nacionales; la posible suspensión del cobro de tarifas de peaje en las autopistas, autovías y rutas nacionales o reducirlas.

Asimismo, se promoverá el acceso a financiamiento para la adquisición de los vehículos eléctricos con tasas preferenciales y se impulsará la construcción y operación de las estaciones de recarga eléctrica, habilitando a las distribuidoras a la prestación del servicio en su área de concesión. 

Asimismo, los particulares podrían instalar equipamiento para recarga en sus respectivos domicilios para autoconsumo, cumpliendo con las normas técnicas que se establezcan para este supuesto.

En cuanto a las tarifas, serían los entes reguladores los encargados de definir los precios de venta para el servicio de recarga mediante un proceso que asegure la participación pública.

Otro aspecto importante del proyecto sería el de los servicios de post-venta; repuestos y accesorios para importadores; fabricantes y ensambladores nacionales que deben garantizar la disponibilidad de los productos.