San Juan le abre la puerta a Vicuña y resigna el control sobre el proyecto minero

El gobierno de San Juan cerró un acuerdo con Vicuña que puede marcar un antes y un después en la relación entre el Estado provincial y la megaminería. El acta compromiso firmada por el gobernador Marcelo Orrego y la empresa, posteriormente ratificada por la Legislatura, no sólo habilita un proyecto de enormes dimensiones: también establece condiciones económicas, ambientales y jurídicas que, según sus críticos, reducen la capacidad del Estado para controlar una actividad con impactos potencialmente irreversibles.

Vicuña es el proyecto que unifica los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en la cordillera sanjuanina, y está controlado en partes iguales por la anglo-australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Sus impulsores lo presentan como “el más grande de la historia de Argentina”, con una inversión inicial estimada en 7.000 millones de dólares y una inversión total de unos 18.000 millones.

El emprendimiento prevé extraer cobre, oro y plata durante décadas. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la compañía, durante los primeros 25 años completos de producción alcanzaría un promedio anual de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

El proyecto fue incorporado en junio de 2026 al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo”. Meses antes, sus accionistas habían sido recibidos por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno en la Casa Rosada.

Pero el volumen de la inversión y las exportaciones proyectadas no son el único aspecto que genera controversia. Para las organizaciones ambientales y sectores de la oposición provincial, la discusión central está en las condiciones con las que San Juan decidió recibir a Vicuña.

Vicuña amplía la escala minera sobre una zona de riesgo ambiental y sísmico

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el territorio donde se desarrollará el proyecto. Vicuña se encuentra en una zona cordillerana de alta montaña donde existe presencia documentada de glaciares y ambiente periglacial. La propia documentación técnica reconoce la existencia de glaciares y permafrost.

Entre los casos señalados aparece el glaciar de escombros GE 1102, inventariado por el Gobierno en 2022 y que, según denuncias de comunidades y organizaciones ambientales, fue intervenido con tareas exploratorias y caminos vinculados al proyecto Josemaría.

A esto se suma el factor hídrico. La zona forma parte de la cuenca del río Jáchal, integrada a su vez al sistema interprovincial.

Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. La preocupación radica tanto en el consumo de agua de la actividad minera como en el riesgo de que eventuales residuos o sustancias contaminantes alcancen cursos de agua de los que dependen otras poblaciones.

El riesgo sísmico constituye otro de los puntos sensibles. Estudios previos vinculados con Josemaría ya habían advertido sobre la ubicación del dique de colas en una zona sísmica. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca sostienen que el Informe de Impacto Ambiental utilizado para avanzar con Vicuña acumula más de 120 observaciones y cuestionan especialmente las realizadas por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

Desde la organización plantearon que el proyecto debía presentar un nuevo Informe de Impacto Ambiental y cuestionaron que se utilizara como base el estudio correspondiente a Josemaría.

“El proyecto Vicuña tendría que haber presentado un nuevo Informe de Impacto Ambiental para ser aprobado como nuevo proyecto minero, pero no se lo exigió. El gobernador Marcelo Orrego claudicó para que se tomará para el megaproyecto Vicuña como válido el mismo y deficiente Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Proyecto Josemaría, que tendría que haberse rechazado por sus más de 120 observaciones, en especial las más peligrosas realizadas por el Inpres (Instituto de Prevención Sísmica) y el INA en el año 2022. El Inpres no aprobó el IIA de Josemaría porque el paredón del dique de colas de 200 metros de altura se construirá sobre una falla sísmica. Además, con este proceder de Orrego se está acumulando ilegalmente impactos ambientales del Proyecto Filo Del Sol”.

Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, recuerda además que el 27 de octubre de 1894 se produjo en la cordillera del departamento de Iglesia el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia argentina.

El dirigente cuestiona que BHP y Lundin Mining hayan recibido autorización para avanzar sobre una zona de alta sensibilidad ambiental y sísmica. También señala los antecedentes y denuncias que enfrentaron ambas compañías en otros países por conflictos ambientales, laborales y sociales.

En noviembre de 2025, un tribunal británico declaró responsable a BHP por su participación en el desastre de Mariana, Brasil, que provocó la muerte de 19 personas, desplazamientos y contaminación del río.

“Es toda una barbaridad”, remarca Zeballos en comunicación con Tierra Viva. Para el dirigente, los beneficios concedidos a Vicuña representan una amenaza tanto para el presente como para el futuro de la población sanjuanina.

El acuerdo con Vicuña limita los controles y lleva las disputas a tribunales internacionales

El 5 de agosto, Orrego y Vicuña firmaron el acta compromiso que el gobernador presentó como un hito para la provincia. Uno de los anuncios centrales fue el aporte de hasta 250 millones de dólares para infraestructura, vinculado a las obligaciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Sin embargo, el propio texto del acuerdo habla de un aporte de “hasta” 250 millones de dólares, por lo que el monto final podría ser inferior. El acta fue aprobada dos semanas después por la Legislatura de San Juan con 27 votos a favor y 9 en contra.

El documento tiene 57 páginas y establece condiciones que se extenderían durante la vida útil estimada del proyecto, calculada en alrededor de siete décadas.

Para la Asamblea Jáchal No Se Toca, el acuerdo constituye “como una nueva discriminación” para un territorio que ya soporta los impactos de la actividad minera. La organización también lo definió como un “mamarracho jurídico” destinado a garantizar la impunidad de Vicuña.

“Marcelo Orrego y los 27 diputados de San Juan saben que un desastre del rompimiento del dique de colas de Vicuña también será un desastre sobre la cuenca del río Jáchal”, aseguran desde la Asamblea y lamentan: “No nos quieren a los jachalleros. Están firmando el acta de defunción para Jáchal. Que Dios se los demande y haga justicia divina, porque aquí estamos completamente abandonados y discriminados”.

Las objeciones no quedaron limitadas a las organizaciones ambientales. El diputado de San Juan Vuelve, Mario Herrero, sostuvo durante el debate legislativo que “el acuerdo es una suma de ilegalidades que lo tiñen de inconstitucional”.

Herrero cuestionó que el acta contradiga, según su interpretación, disposiciones de la Constitución Nacional y provincial, la Ley General del Ambiente, la Ley de Minería y el Acuerdo de Escazú. Uno de los puntos centrales de su crítica es que el Estado provincial quedaría limitado en su función de contralor y que determinadas controversias podrían resolverse fuera de la Justicia argentina.

El artículo 8 del acuerdo establece mecanismos específicos para la resolución de controversias y habilita la intervención de tribunales internacionales. Según sus críticos, esto implica que la empresa pueda recurrir a instancias extranjeras incluso frente a decisiones adoptadas posteriormente por autoridades o tribunales locales.

El cuestionamiento también fue planteado por Hugo Berozzi, economista y entonces empleado de una empresa con participación mayoritaria estatal. Berozzi calificó el acuerdo como una “traición a la patria” en redes sociales y elaboró un informe crítico que circuló entre sus colegas.

Entre sus principales observaciones señaló que el acuerdo establece un aporte de hasta 250 millones de dólares y posteriormente un 1,5 por ciento de las ventas netas desde el sexto año y hasta el 71, mientras que esos importes quedarían congelados. También cuestionó que la provincia resignara parte de sus facultades de control ambiental y que el acuerdo contemplara tribunales internacionales con mecanismos de selección de árbitros que, según su análisis, favorecen a la empresa.

“Me pareció tan grave lo que se estaba permitiendo que empecé a compartir ese análisis para intentar que no se aprobara”, explicó.

Días después, Berozzi fue despedido del trabajo que había desempeñado durante seis años. Según relató, le comunicaron oralmente que el motivo había sido su cuestionamiento público al acuerdo.

El economista aclara que su posición no es contraria a la minería. “La minería en San Juan es una oportunidad que puede fomentar el desarrollo, pero es fundamental discutir con que leyes. Si es con este tipo de acuerdo no nos va a ir bien”, asegura.

Su principal alerta surgió precisamente del anuncio de los 250 millones de dólares. “Lo primero que me llamó la atención fue que se presentara como un regalo que la minera le hacía a la provincia. Eso encendió mi alerta y motivó que me pusiera a leer lo que se estaba firmando”, relata.

Para Berozzi, el adelanto puede terminar siendo insuficiente y, además, no representa un desembolso automático. “Se adelantan recursos, pero con un montón de cláusulas y condiciones que no fueron anunciadas a nadie. Lo firmado, que es muy negativo, sería como tomar un crédito sin conocer las tasas de interés”, explica.

El economista también cuestiona la estructura temporal del acuerdo y sostiene que la provincia asume primero determinados costos mientras los aportes de la empresa quedan sujetos al avance y certificación de las obras.

“Primero pone plata la provincia, después aparece la plata de la minera cuando aparece el certificado de esa obra. Si no alcanza, no podes pedir más, si sucede un derrame, como en Veladero, no podés cobrar una multa, ni juzgarlo acá, para todo se debe recurrir a un tribunal internacional,y todo durante 70 años”.

La cuestión ambiental aparece nuevamente como una preocupación central. Berozzi sostiene que las condiciones establecidas originalmente para garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones cercanas fueron modificadas.

“Sin agua no se puede vivir, ni desarrollarse. El DIA 2022 exigía obras para garantizar agua a las poblaciones lindantes. En este acuerdo y en la actualización del DIA, eso fue removido”.