La venta de AySa deja una pesada agenda ambiental para su nuevo dueño

El próximo 15 de septiembre es la fecha establecida por el Gobierno nacional para conocer las ofertas por la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que están en manos del Estado Nacional.

Ese día se deberían recibir y abrir las propuestas económicas de los consorcios y empresas (nacionales e internacionales) interesadas en adquirir quedarse con la sociedad que presta el servicio a cerca de 15 millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, en el marco de un proceso orientado a ceder la operación y explotación exclusiva del sistema durante los próximos 30 años.

El contrato de concesión redactado por el Ministerio de Economía obliga al futuro propietario de AySa a asumir una serie de obligaciones técnicas, económicas y operativas fundamentales como parte de un plan masivo de inversiones que asciende a u$s15.040 millones durante el plazo que dure la concesión.

Pero también deberá encarar un proceso de responsabilidades en materia ambiental y sanitaria, fuertemente reguladas por el nuevo marco normativo y bajo la lupa de fallos judiciales recientes.

En este sentido, entre las principales obligaciones se destacan la de hacer frente a una serie de obligaciones sobre los llamados Pasivos Ambientales y Remediación; continuidad y mantenimiento de obras críticas de saneamiento y estándares de calidad del agua y control sanitario, entre otras.

Entre las estrategias que tendrá que encarar también figuran las de reducir las pérdidas de agua de una red donde alrededor del 40% se pierde físicamente; intervenir sobre miles de kilómetros de cañerías antiguas; extender la medición del consumo y ampliar el saneamiento para achicar una brecha que todavía deja a alrededor de 1,8 millones de personas que reciben agua potable sin cobertura cloacal de la compañía.

Estas obligaciones surgen de los documentos oficiales sobre el proceso de privatización de la empresa en donde ya se identificaron problemas, se fijaron líneas de intervención y se establecieron que parte de las inversiones actualmente en ejecución deberá continuar durante el ciclo 2027-2031.

El primer desafío estará en utilizar mejor el recurso hídrico ya que los indicadores presentados por la compañía para la revisión tarifaria mostraban que en 2023 el agua no contabilizada representaba alrededor del 43% y las pérdidas físicas se ubicaban cerca del 40%.

El primer indicador puede incluir consumos no registrados y otras distorsiones, mientras que el segundo refleja específicamente el agua que escapa del sistema de AySA, que actualmente produce un promedio de 6,1 millones de metros cúbicos de agua tratada por día.

Con semejante escala, reducir algunos puntos las pérdidas puede liberar volúmenes significativos sin necesidad de aumentar en la misma proporción la capacidad de producción.

En su Plan de Acción de Mejora de Eficiencia, AySa estimó que con las medidas que se deben encarar se podrían recuperar aproximadamente 512.700 metros cúbicos diarios, un volumen que permitiría abastecer a alrededor de 1,14 millones de habitantes adicionales.

Para conseguirlo, el próximo operador deberá encarar un proceso que combina detección de fugas, sectorización de redes, control de presiones, renovación de activos y mejoras sobre los sistemas de bombeo.

Renovar AySA antes de seguir expandiendo

La estrategia de reducción de pérdidas está vinculada con el estado y la antigüedad de parte de la infraestructura AySA, que administra 25.537 kilómetros de redes de agua potable en donde, según un relevamiento técnico realizado por la propia empresa, existen 3.878 kilómetros de cañerías con 75 años o más y, dentro de ese grupo, 2.405 kilómetros con al menos un siglo de antigüedad.

Si bien la edad no significa automáticamente que una cañería deba ser reemplazada, la propia documentación ambiental de AySA identifica entre los riesgos del sistema las roturas asociadas a la antigüedad y a presiones elevadas, la posibilidad de contaminación por el estado de las conducciones y las pérdidas relacionadas con deficiencias de operación y mantenimiento.

AySA ya incorporó herramientas para hacerlo, luego de haber puesto en marcha un programa de detección satelital mediante el cual inspeccionó alrededor de 17.000 kilómetros de redes y permitió elevar de 1,5 a aproximadamente 8,5 el promedio de fugas detectadas por kilómetro analizado.

En el mismo sentido, el Plan de Acción de Transición 2024-2026 organiza las intervenciones sobre cuatro líneas: gestión y control de la red, control de presiones, reducción de pérdidas físicas y gestión de activos.

Por qué pusieron en marcha un plan de medición

La segunda reforma pendiente está del lado del consumo, un defecto que fue detectado dentro del Plan de Medición 2024-2026, que partió de un nivel de micromedición de apenas 22% de las unidades funcionales.

Eso significa que una gran parte del sistema no contaba con medición individual suficiente para relacionar directamente el consumo con la facturación.

Por eso, la planificación oficial vincula la expansión de los medidores con la reducción de pérdidas porque ambas políticas permiten administrar mejor el recurso, ya que una actúa sobre la demanda y la otra sobre la eficiencia de la red que ya recibió varias denuncian por menos controles y agua de peor calidad.

El documento plantea además una consecuencia directa si ese proceso no avanza y advierte que sin mejoras simultáneas en micromedición y reducción de pérdidas, AySA debería optar entre postergar parte de la expansión del servicio, con impacto especialmente sobre poblaciones vulnerables del AMBA, o invertir en nueva infraestructura básica de producción y transporte.

Por lo tanto, el nuevo operador deberá decidir cuánto de la demanda futura puede atender recuperando agua dentro del sistema existente y cuánto requerirá nuevas obras.

Convertir capacidad en nuevas conexiones

La tercera tarea estará en el estado de las cloacas de AySA que alcanza a aproximadamente 9,66 millones del total de sus usuarios de sus 19.012 kilómetros de redes cloacales y sus 21 plantas depuradoras, donde trata en promedio cerca de 3 millones de metros cúbicos de líquidos por día.

En ese sentido, el futuro controlador recibirá una ventaja importante frente a ese desafío como es el Sistema Riachuelo, que entró en funcionamiento en 2025 y amplió sustancialmente la capacidad de saneamiento de la empresa.

La obra beneficia a unos 4,5 millones de habitantes y permite que futuras expansiones incorporen aproximadamente otros 1,5 millones al sistema cloacal.

El siguiente paso consiste en extender las redes y las conexiones para aprovechar esa nueva infraestructura como parte importante de la agenda de saneamiento que quedará bajo la próxima gestión.

El Sistema Riachuelo permitió además aliviar las cloacas máximas de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionaban con caudales superiores a su capacidad de diseño y que, en muchos casos, tiene más de un siglo si se recuerda a la primera cloaca máxima que fue inaugurada en 1889, la segunda en 1919 y la tercera comenzó a operar en 1946.

Reducir la huella de una operación que seguirá creciendo

En el caso de la cuarta tarea ambiental, está vinculada con la energía, teniendo en cuenta que potabilizar y distribuir más de 6 millones de metros cúbicos diarios de agua, recolectar los efluentes y transportarlos hasta las plantas de tratamiento requiere electricidad de manera permanente.

En este sentido, el Reporte de Sustentabilidad de AySa muestra que el 50% de las emisiones contabilizadas en el 2025 correspondió al alcance 2, vinculado fundamentalmente con el consumo eléctrico, mientras que el alcance 1 explicó otro 24% y el alcance 3, incorporado ese año al inventario, representó el 26%.
Se trata de dos de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) establecidos por las empresas según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero para medir y disminuir su impacto

La gestión de los residuos derivados del tratamiento forma parte del mismo desafío y, para este caso, AySA ya tiene en marcha un Plan de Economía Circular que contempla proyectos sobre lodos y biosólidos, compostaje, recuperación energética, reutilización de agua regenerada y aprovechamiento de otros subproductos. Al cierre de 2024, el programa registraba un avance del 41%.

Una agenda que no se reinicia con la venta

El futuro dueño tampoco podrá empezar desde una hoja en blanco y deberá contemplar los resultados del Plan Director de Mejora Estratégica 2027-2031 y de varias normas que viene aplicando el Ente Regulador de Agua y Saneamiento a partir del plan de acción de la concesionaria para ese período.

De hecho, la Resolución 30/2026 del ERAS establece cómo deberán atravesar el cambio de ciclo las inversiones provenientes del actual Plan de Acción de Transición 2024-2026, con obras cuya continuidad después del 31 de diciembre ya estaban previstas y deberán seguir ejecutándose.

En el caso de las que debían terminar antes pero permanezcan inconclusas, tendrán que incorporarse al período 2027-2031 como parte de un esquema que incluye planes de obras, mejoras, mantenimiento y operaciones y una Matriz de Cumplimiento Anual de Metas para controlar su ejecución.

Del mismo modo, quien se quede con AySa deberá reducir el agua que se pierde antes de aumentar innecesariamente la producción, intervenir sobre las redes que presentan mayores riesgos, extender la medición, aprovechar la nueva capacidad cloacal para sumar usuarios y mejorar la eficiencia energética mientras amplía el servicio.