La producción de litio abre otra “grieta” en la coalición gobernante

A partir de la electromovilidad y la transición energética como grandes motores, la Argentina es actualmente la mayor demandante de producción de litio, junto con el cobre y otros metales como la plata y el oro.

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En ese contexto, el país se posicionó dentro del internacional como un polo de atracción para millonarias inversiones de multinacionales privadas que pretenden explotar todos los recursos en los que el país es rico.

Los capitales llegan de todos los orígenes. Canadienses, de Estados Unidos, chinos y australianos lideran el raking de empresas que desembarcan para aprovechar diferentes proyectos de importancia, en especial en la zona norte del país, que ya se encuentra formando parte del llamado “triángulo del litio” junto con Bolivia y Chile.

Si bien el contexto económico local no es el más adecuado para ofrecer cierta estabilidad que demandan los inversores internacionales a la hora de desembolsar millones de dólares en proyectos, los planes para el litio podrían multiplicarse por 20 veces con una mayor estabilidad cambiaria y con reglas de juego estables y permanentes.

Del mismo modo, se podría llegar a exportar por más de u$s4.000 millones en el 2027 si el Estado apoya regulaciones más cercanas a las necesidad de los grupos empresarios y si otorga incentivos para que las empresas inviertan más, teniendo en cuenta que el país es el segundo del mundo con mayores reservas de litio y el cuarto productor global, según datos de la Cámara de Empresarios Mineros (Caem), en los cuales también se anticipa que a la carrera por este mineral se sumarían nuevos competidores a los que ya apostaron a iniciar proyectos, si se establecen normas adecuadas para las inversiones privadas.

Sin embargo, y a pesar de que existen ya entre dos y tres iniciativas en producción y que en el 2024 se sumarán varios proyectos con inversiones superiores a los u$s2000 millones, un sector del oficialismo impulsa la “estatización” de los recursos minerales como el litio para que sean aprovechados solamente por los gobiernos de turno.

La iniciativa contrasta con el pensamiento de otro sector del Frente de Todos, alineado al massismo que, desde el Ministerio de Economía, viene aportando normas para promocionar la inversión privada en el litio como el Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones que flexibiliza las trabas cambiarias y que ha venido siendo decisivo para encarar la ampliación de proyectos en marcha y generar nuevos desembolsos.

Por el contrario, los diputados nacionales del Frente de Todos que apuestan a que el mineral quede en manos del Estado pertenecen más que nada a la Corriente Clasista y Combativa que orienta Juan Carlos Alderete y que forma parte de la alianza gobernante.

Recurso imprescindible

Entienden que el litio debe ser considerado como un “recurso estratégico” y el proyecto también lleva las firmas de los legisladores kirchneristas Verónica Caliva; Sergio Palazzo; Daniel Gollán; Julio Pereyra; Carolina Natalia Arricau; María Rosa Martínez; Leopoldo Moreau; Blanca Osuna; Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.

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En los considerandos del proyecto de ley que ya presentaron ante el Congreso consideran como “imprescindible” que el Estado tome en sus manos “la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios”.

De hecho, el diputado Alderete asegura que se trata de un hecho “que es posible llevar a cabo, además de que es necesario hacerlo, porque ahora es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía”.

En ese sentido, la iniciativa de Alderete propone declarar de Interés Público Nacional la producción, exploración y explotación de las reservas minerales de litio junto a todos sus derivados, y precisa que todas las concesiones vigentes en caso de sancionarse la normativa serán alcanzadas por la nueva ley.

Además, el proyecto de Alderete para declarar como recurso natural estratégico al litio, prevé que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, el Estado nacional sea el gestor mayoritario en la explotación del mineral, permitiendo “acceder a divisas importantes logrando que ese dinero vaya a la gente a los trabajadores”.

“Esto permitiría dar un giro a nuestra economía, así como también, recuperar soberanía, si no se impulsa es porque hay intereses creados desde la misma política. Las empresas tecnológicas de países imperialistas y corporaciones automotrices se encuentran en una carrera frenética por abastecerse de la materia prima”, sostuvo Alderete.

El diputado K advirtió que “hay una disputa feroz entre las potencias hegemónicas que, a través de sus empresas monopólicas, saquean el litio de la Argentina y profundizan, consecuentemente, la dependencia”.

Sin embargo, el gobierno impulsa una serie de leyes diferentes en el Congreso para apuntalar la producción de litio, de la mano de iniciativas surgidas del seno del Ministerio de Economía, y de su titular, Sergio Massa.
En ese sentido, las iniciativas del Gobierno para industrializar el litio podrían incluir una ley de “cuotas” para el mercado interno, regalías móviles e incentivos a las empresas que explotan ese mineral con un nuevo marco para la electromovilidad.

Cambios impositivos

De todas maneras, las medidas que planea el Gobierno para industrializar el litio las tomará de común acuerdo con las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, que son las dueñas de los recursos naturales necesarios para este proceso.

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De hecho, hace pocas semanas y a través de un comunicado, la Mesa del Litio, integrada por los gobiernos de las tres provincias, junto a la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la empresa nacional Y-TEC, el Gobierno reveló sus planes para con este metal.

El objetivo acordado es instrumentar mecanismos para que las empresas productoras de litio asignen un porcentaje para la industrialización y el agregado de valor en Argentina, particularmente en las provincias productoras.

Concretamente, se busca que el mineral no sea exportado en su totalidad como carbonato o hidróxido a otros países que luego avanzan en el armado de celdas y baterías.

Además, se trabaja por estas horas en una nueva ley de electromovilidad, con el objetivo de darle incentivos a las compañías que explotan litio, con el modelo chileno como ejemplo y descartando el reclamo del sector kirchnerista de nacionalizar el litio o declararlo recurso estratégico, dado que en una reunión en enero con Adefa y Smata, el Ejecutivo le transmitió al sector automotriz el interés de que avancen en vehículos eléctricos.

Otro tema que plantea la Mesa del Litio es el impositivo debido a que las empresas no están participando de las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, a partir del crecimiento considerable del precio internacional, para lo que se está evaluando qué medidas adoptar como la eliminación del reintegro a las exportaciones al litio, un estímulo a las empresas que fue transformado en un fondo para las provincias.

Esos reintegros, se establecieron sobre un mineral que en el formato de carbonato de litio se vendía a principios de 2021 a u$s4.000 la tonelada, mientras que actualmente se comercia en más de u$s71.000, según el medio especializado Trading Economics.
También se discuten “regalías móviles”, según el precio internacional o el nivel de procesamiento del litio en el país, teniendo en cuenta que entre el 2010 y el 2020 el Estado argentino percibió sólo u$s88,3 millones como participación en la renta económica generada por la minería del litio.

Profundizar las reformas

Se trata de fondos que para los sectores kirchneristas evidencian cómo el sector privado se apropia de la renta del litio, debido a que el actual marco normativo-institucional limita al Estado a explotar las minas a la vez que da beneficios a las empresas privadas que les permiten rentabilidades extraordinarias.
De hecho, un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) propone recomendaciones para modificar la situación de apropiación de la renta del litio.

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Una opción es reformar el Código de Minería para ampliar las competencias del Estado: desde una reforma amplia que establezca una categoría diferenciada para el litio por su carácter estratégico, estableciendo la preferencia a la concesión a empresas públicas (nacionales, provinciales o mixtas); hasta una reforma restrictiva que modifique el artículo vigente que establece que si el Estado descubre un yacimiento de litio debe transferirlo al sector privado. Es decir, permitir que el Estado pueda explotar el litio si es quien lo encuentra.

Del mismo modo, la Celag propone intervenir en el mercado del litio por medio de la empresa nacional Y-TEC, de YPF que le podría comprar la producción a las provincias, igualando e incluso mejorando los precios actuales a los que venden.