El avance del litio y el cobre profundiza las alertas por el impacto ambiental de la minería en Argentina
La expansión de proyectos mineros vinculados a la transición energética reavivó las preocupaciones por sus posibles efectos sobre glaciares, humedales, salares y territorios indígenas.
La creciente demanda global de minerales estratégicos para la transición energética está impulsando una nueva expansión de la minería en América Latina y, particularmente, en Argentina. El avance de proyectos de litio y cobre, junto con la reactivación de acuerdos binacionales y nuevas inversiones extranjeras, volvió a instalar el debate sobre los costos ambientales y sociales de esta actividad.
Comunidades locales, organizaciones ambientalistas e investigadores vienen alertando sobre la presión que estos emprendimientos ejercen sobre ecosistemas considerados estratégicos, como salares, humedales, glaciares y áreas protegidas, además de los posibles impactos sobre territorios habitados por pueblos originarios.
Uno de los principales focos de preocupación se concentra en el denominado “triángulo del litio”, región que comparten Argentina, Bolivia y Chile y que alberga algunas de las mayores reservas mundiales del mineral. Según especialistas, la expansión de la actividad extractiva avanza en varios casos sobre ecosistemas frágiles y con información ambiental insuficiente.
“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, señala Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Minería de litio en Argentina y su impacto sobre el agua y los humedales
En la localidad catamarqueña de Fiambalá, el crecimiento de la minería de litio generó tensiones entre comunidades, operadores turísticos y empresas. Desde la llegada del proyecto Tres Quebradas, operado por la firma china Zijin-Liex, pobladores denuncian modificaciones en el paisaje y una disminución en la disponibilidad de agua en lagunas altoandinas.
Agencias de turismo y vecinos sostienen que el nivel de la Laguna Verde, uno de los principales atractivos naturales de la región, habría descendido varios metros en los últimos años. Expertos advierten que la extracción de litio en salares puede alterar los ciclos hidrológicos y afectar ecosistemas especialmente sensibles a los cambios en la disponibilidad de agua.
La situación también genera preocupación en la provincia de Salta. La Reserva Natural Los Andes, la mayor área protegida provincial, carece de un plan de manejo efectivo desde hace más de cuatro décadas. Investigaciones periodísticas identificaron que 14 de los 22 proyectos mineros analizados se superponen con salares ubicados dentro de esta reserva, considerada clave para la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos.
Proyectos de cobre y el tratado con Chile reabren el debate sobre glaciares y áreas protegidas
La reactivación del tratado minero entre Argentina y Chile volvió a poner el foco sobre el futuro de los glaciares andinos y los ecosistemas periglaciales. Científicos y organizaciones ambientales sostienen que el acuerdo fue diseñado hace casi tres décadas y que no contempla los efectos del cambio climático ni la actual fragilidad de la cordillera.
Los especialistas advierten que la expansión de proyectos mineros transfronterizos podría aumentar la presión sobre reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a millones de personas en ambos países.
En paralelo, la transición energética también impulsa una nueva carrera por el cobre. Un análisis geográfico reciente identificó que, en Argentina, al menos 21 proyectos vinculados a este mineral se encuentran dentro o en las inmediaciones de áreas protegidas. Cinco de ellos están ubicados en el Parque Nacional San Guillermo, en San Juan, declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco.
Frente a este escenario, comunidades locales y organizaciones socioambientales reclaman mayores niveles de transparencia, evaluaciones ambientales más rigurosas y la efectiva aplicación de mecanismos de consulta previa para los pueblos indígenas. El desafío, sostienen, será compatibilizar la creciente demanda de minerales críticos para la descarbonización de la economía con la protección de ecosistemas estratégicos y de las poblaciones que dependen de ellos.
