CABA abre una licitación que cambiará el sistema de recolección de basura reciclable

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un proceso que puede transformar la forma en que se gestiona el reciclado en la Capital. A través de la Resolución 53/SECH/26, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Higiene abrió una etapa de consulta previa a la convocatoria de una licitación pública para contratar el Servicio de Recolección, Traslado y Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos Secos (RSU-FS).

No se trata todavía del llamado definitivo ya que durante 10 días hábiles, empresas, cooperativas y otros interesados podrán acceder al anteproyecto de los pliegos y formular observaciones antes de que el Gobierno publique la versión final y convoque formalmente a presentar ofertas. Sin embargo, el documento ya deja en claro el cambio de rumbo que busca impulsar la administración porteña. 

Por primera vez desde que los recuperadores fueron incorporados al Servicio Público de Higiene Urbana, la prestación dejará de organizarse exclusivamente mediante convenios con cooperativas y pasará a adjudicarse mediante una licitación pública, con reglas de competencia para todos los oferentes.

El objetivo: mejorar la eficiencia del sistema

La iniciativa oficial busca fortalecer la economía circular y aumentar la recuperación de materiales reciclables, manteniendo los principios de la Ley de Basura Cero. Para ello propone un contrato integral que abarca desde la recolección diferenciada hasta la comercialización de los materiales recuperados.

Cabe aclarar que la licitación no involucra toda la basura que generan los porteños sino que se limita a la denominada fracción seca de los residuos sólidos urbanos: cartón, papel, plásticos, vidrio, metales y otros materiales que pueden volver a incorporarse al circuito productivo mediante procesos de reciclado.

Quedan fuera de este esquema los residuos húmedos, es decir, los restos de comida, residuos orgánicos y la basura domiciliaria común que diariamente se deposita en los contenedores negros.

Dos modelos distintos

Desde hace años la Ciudad administra dos sistemas diferentes de recolección. Por un lado, el servicio de residuos húmedos, que históricamente fue concesionado a grandes empresas privadas mediante contratos de higiene urbana. Esas compañías se encargan de retirar la basura domiciliaria convencional, realizar tareas de barrido y limpieza y trasladar los residuos hasta los sitios de disposición final.

Por otro lado, la recolección diferenciada de residuos secos que siguió un camino distinto después de la crisis de 2001 y de la sanción de la Ley 992, cuando la Ciudad incorporó a los recuperadores urbanos al Servicio Público de Higiene Urbana y comenzó a organizar la actividad mediante cooperativas de cartoneros. 

Ese esquema fue fortalecido posteriormente por la Ley 1.854 de Basura Cero, que estableció como política pública la reducción progresiva de los residuos enviados a disposición final y el incremento del reciclado.

A diferencia del sistema de residuos húmedos, donde el eje es la prestación de un servicio de limpieza, el modelo de residuos secos combinó objetivos ambientales, sociales y económicos.

A partir de ese precepto, las cooperativas no sólo recolectan materiales reciclables sino que también realizan la clasificación en los centros de reciclado, abastecen de materia prima a la industria recicladora y generan empleo para miles de recuperadores urbanos formalizados.

Un cambio en las reglas del juego

Si bien la nueva licitación no elimina ese modelo, modifica la forma en que será contratado teniendo en cuenta que el anteproyecto de licitación establece que podrán participar cooperativas, sociedades comerciales, personas humanas y uniones transitorias de empresas, siempre que acrediten capacidad técnica, económica y financiera para prestar el servicio.

Eso implica que las cooperativas actuales podrán volver a presentarse, pero deberán competir con empresas privadas bajo las mismas reglas de evaluación. Se trata de un cambio no menor porque hasta ahora la organización del sistema descansaba principalmente en convenios celebrados entre el Gobierno y las cooperativas.

Ahora, el nuevo esquema introduce mecanismos propios de una contratación pública: presentación de ofertas, evaluación técnica y económica, garantías, scoring, penalidades y adjudicación por puntaje.

La Ciudad sostiene que este mecanismo permitirá transparentar el proceso de contratación, mejorar la calidad del servicio y establecer criterios objetivos para seleccionar a los operadores.

Qué cambia para los vecinos

Desde el punto de vista de los porteños, la licitación no implica una modificación inmediata en la forma de separar los residuos. Los vecinos deberán seguir depositando cartón, papel, plásticos, vidrio y metales en los contenedores verdes, acercándolos a los Puntos Verdes o utilizando los circuitos de recolección diferenciada disponibles en cada barrio.

Tampoco desaparecen los centros de reciclado ni el sistema de recuperación de materiales pero lo que cambia es quién prestará el servicio y bajo qué condiciones.

La intención del gobierno porteño es que la nueva organización permita mejorar la cobertura territorial, optimizar la logística, aumentar la recuperación de materiales y fortalecer los controles sobre toda la cadena, desde la recolección hasta la comercialización.

En otras palabras, el cambio no apunta al comportamiento de los vecinos sino a la forma en que el Estado organizará y controlará un servicio público que resulta clave para cumplir las metas ambientales de la Ciudad.

Una licitación con alcance integral

Por otra parte, el contrato que prepara el Gobierno no se limita a retirar materiales reciclables de las calles ya que el adjudicatario deberá hacerse cargo de la recolección diferenciada domiciliaria, la recolección en Puntos Verdes, el retiro de materiales de grandes generadores, la recepción de residuos provenientes de contenedores verdes, el traslado a los centros de reciclado, la clasificación, el acondicionamiento para su venta y la comercialización de los materiales recuperados.

También tendrá a su cargo campañas de promoción ambiental destinadas a fomentar la separación en origen y mejorar la participación de los vecinos en el sistema.

Se trata, en definitiva, de una contratación integral que busca concentrar bajo un mismo operador todas las etapas del circuito de los residuos secos, desde que el vecino separa el material hasta que vuelve a transformarse en materia prima para la industria recicladora. 

Seis zonas para organizar toda la Ciudad

El nuevo esquema divide la Ciudad de Buenos Aires en seis grandes zonas operativas, que abarcan las 15 comunas porteñas. Cada una será licitada por separado y el adjudicatario tendrá la exclusividad para prestar el servicio durante los 24 meses de vigencia del contrato.

La distribución territorial prevista en el anteproyecto es la siguiente:

• Zona A (Comunas 1 y 4): Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat, Constitución, La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.
• Zona B (Comunas 2 y 14): Recoleta y Palermo.
• Zona C (Comunas 12 y 13): Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Belgrano, Colegiales y Núñez.
• Zona D (Comunas 11 y 15): Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar y Agronomía.
• Zona E (Comunas 7, 8, 9 y 10): Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, Liniers, Mataderos, Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Villa Luro y Versalles.
• Zona F (Comunas 3, 5 y 6): Balvanera, San Cristóbal, Almagro, Boedo y Caballito.

Cada una de esas áreas tendrá asignado uno o más centros de reciclado donde deberán recibirse, clasificarse y acondicionarse los materiales recuperados. 

Para la Zona A se utilizarán los centros de Barracas y Cortejarena; para la Zona B, Saavedra; para la Zona C, Núñez y Constituyentes; para la Zona D, Balbastro; para la Zona E, Chilavert y Corrales; y para la Zona F, Varela.

No obstante, el pliego también permite que los oferentes propongan centros de reciclado propios, siempre que cuenten con las habilitaciones correspondientes y cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la Ciudad. Esa alternativa incluso será valorada durante la evaluación de las ofertas.

Todo el circuito del reciclado en un solo contrato

A diferencia de otras contrataciones de higiene urbana, esta licitación no se limita a la recolección de materiales reciclables y el adjudicatario será responsable de prácticamente toda la cadena de gestión de los residuos secos.

Entre las prestaciones incluidas en el contrato figuran la recolección diferenciada domiciliaria; el retiro de materiales en los Puntos Verdes; la recolección de residuos reciclables generados por grandes comercios, industrias e instituciones; la recepción del material proveniente de los contenedores verdes; el traslado hasta los centros de reciclado; la clasificación y acondicionamiento de los materiales; su comercialización; y la ejecución de campañas de educación y promoción ambiental para incentivar la separación en origen.

En otras palabras, un mismo operador administrará todo el recorrido del material reciclable, desde que un vecino deposita una botella o un cartón en un contenedor verde hasta que ese residuo vuelve a convertirse en materia prima para la industria.

Flota, equipamiento y centros de reciclado

El Gobierno porteño también definió cómo será la infraestructura del servicio asegurando que la Ciudad entregará al adjudicatario, en comodato, una flota inicial de vehículos y pondrá a disposición los centros de reciclado existentes, junto con la maquinaria y el equipamiento necesarios para comenzar la operación.

Sin embargo, el contratista será responsable del mantenimiento integral de los vehículos, de la conservación de las instalaciones y del correcto funcionamiento de toda la maquinaria afectada al servicio.

Si decide operar con centros de reciclado propios, deberá afrontar íntegramente las inversiones, el mantenimiento y los costos de funcionamiento, sin que ello implique compensaciones económicas adicionales por parte del Gobierno.

Un contrato con posibilidad de intervención estatal

La licitación prevé contratos con una duración de 24 meses consecutivos, período durante el cual el adjudicatario tendrá la exclusividad para prestar el servicio dentro de la zona que le haya sido asignada.

No obstante, el pliego preserva amplias facultades para el gobierno porteño que podrá implementar nuevos programas, modificar modalidades operativas o incluso asumir total o parcialmente la prestación del servicio, directamente o a través de terceros, cuando razones de interés público así lo requieran. En esos casos, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnizaciones por eventuales modificaciones en el esquema de prestación.

Un negocio adicional al de la basura 

Por otro lado, uno de los aspectos más novedosos del pliego aparece en el artículo referido a la disposición de los residuos. La Ciudad otorgará el derecho de aprovechar económicamente y comercializar la totalidad de los materiales reciclables recuperados durante la prestación del servicio.

Esto significa que quien gane la licitación tendrá dos fuentes de ingresos como son cobrar el canon correspondiente por prestar el servicio público y vender cartón, papel, plásticos, vidrio, aluminio y el resto de los materiales recuperados a empresas recicladoras o industrias que los utilicen como materia prima.

En este punto aparece una diferencia importante con la concesión de residuos húmedos ya que las empresas que hoy recolectan la basura domiciliaria convencional perciben únicamente el pago previsto en sus contratos con la Ciudad. En cambio, en el sistema de residuos secos existe un ingreso adicional vinculado al valor comercial de los materiales reciclables.

Al mismo tiempo, el pliego establece que el adjudicatario asumirá íntegramente el riesgo de ese negocio sin poder reclamar compensaciones si disminuye el volumen de residuos recuperados, cambia su composición o caen los precios del cartón, el plástico o los demás materiales reciclables.

Quienes podrán competir

Las cooperativas que actualmente prestan el servicio podrán competir pero deberán hacerlo con otro tipo de empresas privadas nacionales e internacionales que se quieran sumar. 

El pliego mantiene, sin embargo, algunos mecanismos de preferencia al establecer que al menos una de las seis zonas deberá adjudicarse a una cooperativa siempre que presente una oferta técnicamente admisible y competitiva. 

También les otorga prioridad en caso de empate y asigna puntaje adicional a quienes incorporen trabajadores provenientes de cooperativas de recuperadores urbanos. Pese al nivel de detalle del anteproyecto, uno de los datos más importantes todavía no fue revelado.

El artículo 4 del pliego mantiene en blanco el presupuesto oficial de la contratación. Tampoco aparecen definidos los montos correspondientes a cada una de las seis zonas.

La omisión obedece a que aún se trata de un anteproyecto sometido a consulta pública y no del llamado definitivo a licitación. Sin embargo, ese dato será determinante para conocer la magnitud económica del proceso. 

El presupuesto oficial permitirá estimar cuánto prevé invertir la Ciudad en el nuevo sistema de recolección diferenciada, calcular las garantías que deberán presentar los oferentes y dimensionar el tamaño de uno de los contratos ambientales más importantes que licitará el Gobierno porteño en los próximos años.

De todos modos, la adjudicación no dependerá únicamente de la propuesta económica ya que las ofertas serán analizadas a partir de tres grandes variables: la experiencia empresaria, la capacidad técnica y la solvencia económico-financiera. 

Para ello, el pliego prevé un sistema de puntajes que pondera los antecedentes en servicios similares, la calidad del plan de trabajo, la infraestructura disponible, los recursos técnicos y la situación patrimonial de cada oferente.

También se evaluará la capacidad operativa para desarrollar el servicio, el equipamiento comprometido, las certificaciones de calidad, la organización logística y la experiencia previa en actividades comparables.

En paralelo, los oferentes deberán acreditar liquidez, solvencia y un determinado nivel de ventas, además de presentar balances auditados, certificaciones impositivas y referencias comerciales y bancarias. La intención de la Ciudad es asegurarse de que quienes resulten adjudicatarios cuenten con respaldo suficiente para sostener un servicio considerado esencial.

Un cambio de esquema 

Hasta ahora, la recolección diferenciada se organizaba mediante convenios celebrados entre el Gobierno porteño y las cooperativas. Con la nueva licitación, todas las organizaciones deberán competir dentro del mismo proceso administrativo. La principal preferencia prevista consiste en que, siempre que existan ofertas competitivas, al menos una de las seis zonas será adjudicada a una cooperativa. 

Además, estas organizaciones tendrán prioridad en caso de empate y recibirán una valoración adicional aquellos proyectos que incorporen trabajadores provenientes de cooperativas de recuperadores urbanos.

Sin embargo, ya no existirán adjudicaciones directas ni convenios específicos como mecanismo de contratación y la continuidad de cada operador dependerá del resultado de la licitación.

Un negocio atravesado por la economía circular

Aunque la gestión de residuos suele asociarse exclusivamente con cuestiones ambientales, detrás del sistema existe una actividad económica de gran escala.

El cartón, el papel, el vidrio, el aluminio y los distintos tipos de plástico recuperados vuelven a ingresar como materia prima en numerosos procesos industriales, evitando la utilización de materiales vírgenes y reduciendo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ese circuito constituye uno de los pilares de la denominada economía circular, un modelo productivo que busca extender la vida útil de los materiales y reducir la generación de residuos.

Sin embargo, el mercado del reciclado atraviesa un contexto desafiante debido a que durante los últimos años, el valor de numerosos materiales reciclables mostró una elevada volatilidad, afectado por la evolución de los mercados internacionales, la caída de algunos precios de referencia y el incremento de los costos logísticos, salariales y energéticos.

A ello se suma que en determinados momentos, producir algunos plásticos a partir de resinas vírgenes resulta más económico que utilizar material reciclado, reduciendo la demanda de productos recuperados.

En ese contexto, el contrato que licita la Ciudad combina una remuneración pública con ingresos provenientes de la comercialización de materiales, trasladando parte del riesgo económico al adjudicatario.

Qué significa esta licitación para Buenos Aires

Más allá del cambio administrativo, la licitación representa una redefinición del modelo con el que la Ciudad administrará los residuos reciclables durante los próximos años.

 Se busca pasar de un esquema basado en convenios a otro sustentado en contratos licitatorios con mayores exigencias técnicas, financieras y de control.

Para los vecinos, el impacto cotidiano debería ser limitado ya que no habrá modificaciones en la obligación de separar los residuos reciclables ni desaparecerán los contenedores verdes, los Puntos Verdes o los circuitos de recolección diferenciada. El funcionamiento del sistema seguirá dependiendo de que los hogares y comercios continúen separando correctamente los materiales reciclables.

El cambio se producirá principalmente detrás de escena y la expectativa oficial es que una mayor competencia entre oferentes permita profesionalizar la prestación, optimizar la logística, fortalecer los controles sobre la trazabilidad de los materiales y mejorar los niveles de recuperación exigidos por la Ley de Basura Cero.

Un proceso considerado “histórico”

En los hechos, la Ciudad acaba de iniciar una de las contrataciones ambientales más relevantes de los últimos años. Más allá de quiénes resulten adjudicatarios, la licitación marcará el modo en que Buenos Aires organizará la recolección diferenciada, el reciclado y el aprovechamiento económico de los residuos secos, un servicio clave para cumplir los objetivos de la Ley de Basura Cero y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sustentable.

El vecino probablemente no perciba diferencias inmediatas. Seguirá viendo camiones retirando materiales reciclables, cuadrillas trabajando en los barrios y centros de reciclado procesando los residuos. Lo que cambiará será quién administra ese circuito y bajo qué reglas. Esto significa que durante los próximos años convivirán dos modelos de gestión diferentes dentro del Servicio Público de Higiene Urbana.

Por un lado continuará vigente el sistema de recolección de residuos húmedos, que comprende la basura domiciliaria común y que seguirá siendo prestado por las empresas concesionarias que actualmente operan en la Ciudad, bajo contratos independientes y con una lógica distinta a la de los residuos secos.

Por otro lado funcionará el nuevo esquema licitatorio para los residuos reciclables, que tendrá su propia división en seis zonas, operadores específicos y mecanismos de control. Esto significa que un mismo vecino seguirá interactuando con dos circuitos paralelos. Cuando arroje la basura común al contenedor negro, intervendrá el sistema tradicional de higiene urbana.

Cuando deposite materiales reciclables en un contenedor verde o los entregue mediante la recolección diferenciada, entrará en funcionamiento el nuevo contrato que ahora prepara la Ciudad.

Ambos servicios seguirán siendo complementarios y deberán coordinarse para evitar superposiciones y garantizar que los materiales reciclables no terminen mezclados con los residuos destinados a disposición final.

El desafío será aumentar el reciclado

Uno de los principales objetivos del nuevo esquema es incrementar la cantidad de materiales que logran recuperarse. Aunque Buenos Aires fue pionera en incorporar la separación en origen y la actividad de los recuperadores urbanos al sistema formal, todavía una parte importante de los residuos reciclables termina mezclándose con la basura común y llega a los rellenos sanitarios.

El Gobierno sostiene que una organización más eficiente, mayores exigencias técnicas y mejores controles permitirán aumentar los niveles de recuperación y cumplir con los objetivos previstos por la Ley de Basura Cero.

Eso no dependerá únicamente del operador que gane la licitación ya que también requerirá que los vecinos continúen separando correctamente los residuos en sus hogares, edificios y comercios.

En definitiva, el éxito del nuevo sistema seguirá apoyándose en dos pilares: una gestión pública y privada más eficiente y la participación activa de los ciudadanos.