Un estudio denuncia la falta de transparencia ambiental de la minería en Argentina
El primer Índice de Transparencia de la Minería Argentina evaluó 13 operaciones de cobre, oro, plata y litio y detectó dificultades para acceder a información ambiental producida por las propias empresas.
La minería en Argentina ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno de Javier Milei, que impulsó distintos incentivos, como el RIGI y el Prepuesto 2027 para atraer inversiones y desarrollar proyectos en la industria extractiva.
En este contexto, desde la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) se preguntaron qué información comparten las empresas sobre los riesgos ambientales de sus proyectos y cómo informan sobre sus posibles impactos en las personas.
Para conocer qué información está disponible públicamente, crearon el primer Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA), que pone el foco en uno de los desafíos del sector: el 66% de las operaciones y proyectos mineros evaluados presenta un desempeño insatisfactorio en materia de transparencia ambiental.
“El objetivo es poder medir de forma sistemática y comparable cómo las empresas comunican información ambiental, sus riesgos y los impactos que sus proyectos generan, y de esa manera poner esa información a disposición de la ciudadanía, para que pueda exigir la rendición de cuentas correspondiente, sobre un derecho que nos afecta a todos como es el derecho a un ambiente sano y a un impacto social y económico positivo en las comunidades”, explicó Camila Cordisco, coordinadora institucional de ICD, en diálogo con Economía Sustentable.
Qué proyectos de cobre, oro, plata y litio fueron evaluados
El estudio evaluó 13 operaciones y proyectos de cobre, oro, plata y litio ubicados en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Los puntajes oscilaron entre 25 y 72 sobre 100, con un promedio de 50,7 puntos.
“Elegimos esas 13 operaciones porque son los proyectos más grandes en cuanto a producción o potencial de producción, lo que es una medida de su escala y su potencial impacto”, precisó Cordisco.

Y aclaró que “la mayoría de las empresas no respondió”. “De las que sí respondieron, enviaron información genérica sobre su relación con el ambiente, la misma que comparten en sus informes anuales de sostenibilidad. En algunas oportunidades, las empresas explicaron que no entregaban la información porque no estaban obligadas a hacerlo. Y es real que no lo están, por ley, pero nada impide que puedan responder de manera voluntaria y proactiva a la solicitud”, detalló Cordisco, y aclaró que van a ir “sumando seguramente otros proyectos y operaciones a medida que vamos avanzando con el Índice”.
De las 12 operaciones que obtuvieron puntaje final, solo cuatro, el 33%, alcanzaron un nivel alto de transparencia; cinco, el 42%, se ubican en un nivel medio; y tres, el 25%, quedaron en nivel bajo. Minera Manantial Espejo fue excluida del ranking por estar en proceso de cierre, precisaron.
Entre los proyectos con un nivel medio de transparencia se ubicaron Sal de Vida, en Catamarca, con 57 puntos; Vicuña, en San Juan, y MARA, en Catamarca, ambos con 52; y Veladero, en San Juan, y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, con 42 puntos cada uno. En conjunto, representan cinco de las 12 operaciones con puntaje final y muestran un desempeño intermedio, con información ambiental verificable, pero todavía con brechas en accesibilidad, participación ciudadana o adhesión a estándares voluntarios.
“Teníamos la expectativa de poder acceder efectivamente a los documentos de información ambiental pero nos encontramos con que las empresas no tienen la práctica de compartir la información que ellas mismas producen. Fuera de eso, nos sorprendió positivamente que un 33% de la muestra tuviera un buen nivel de transparencia y que eso estuviera concentrado en el sector del litio”, sostuvo Cordisco.
Por qué hay poca transparencia ambiental de la minería en Argentina
Uno de los resultados más contundentes surge al analizar el acceso directo a la documentación ambiental. Ninguna de las 13 operaciones evaluadas remitió el IIA solicitado por el equipo de investigación. Solo dos empresas respondieron a solicitudes de información ambiental y apenas un proyecto, Salar del Rincón, publica un extracto de su IIA en canales propios.
La evidencia de respuesta alcanzó a las cuatro operaciones controladas por Rio Tinto incluidas en el estudio, Rincón, Olaroz, Sal de Vida y Fénix, y a Vicuña: en total, 5 de las 13 operaciones evaluadas.
“El sector minero argentino es muy oscuro, y desde el punto de vista ambiental no nos ha ido bien con estas prácticas. Necesitamos que implementen medidas de transparencia activa para fortalecer la confianza alrededor del desarrollo minero”, señaló Juan Manuel Perez Naufel, director ejecutivo de la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) en un comunicado.
La organización aclara que no mide el cumplimiento ambiental sustantivo ni determina la existencia o ausencia de contaminación.
Qué debería cambiar en el sector minero
El informe concluye que la problemática central no radica en la ausencia de estándares normativos o ambientales: la mayoría de las operaciones cuenta con certificaciones y cumple con las regulaciones básicas.
La brecha aparece en la apertura de la información y en la capacidad de responder de manera directa a las consultas de la sociedad. “Hay una diferencia entre el desempeño ambiental de una empresa y cómo comunica ese desempeño. El ranking mide lo segundo, no lo primero. Ponemos el foco ahí porque desde ICD creemos que el acceso a la información es una parte fundamental del proceso de control ciudadano”, precisaron.
¿Qué riesgo implica para las comunidades que información ambiental relevante no sea pública, accesible o trazable? “Vulnera el derecho de las comunidades locales a ser oídas y a participar en proyectos que modifican no solo su calidad de vida -sentencian desde ICD-. En Argentina hemos tenido experiencias de incidentes ambientales extremadamente peligrosos, negligencias de todo tipo, y de pasivos ambientales que aún están allí”.

En este sentido, aclararon que para el Estado implica garantizar el acceso a la información ambiental, evaluar los informes de impacto ambiental y asegurar la participación de las comunidades en los proyectos que afectan su calidad de vida y el ambiente.
“La Justicia, por su parte, tiene que garantizar el acceso a reclamar ante la negación de ese derecho, o ante reclamos vinculados a los riesgos concretos que esas actividades generan sobre el ambiente. Por otro lado, cumple un rol fundamental en el castigo ante irregularidades e ilícitos por parte de las empresas, lo que incrementa los costos de incumplir la ley”, sumó Cordisco.
Menos información, más desconfianza
En un contexto de expansión de proyectos de litio y cobre en Argentina, una de las consecuencias que puede tener la falta de información ambiental sobre la actividad minera es la profundización de la desconfianza en los proyectos y en actividades productivas que históricamente tienen reclamos ambientales y conflictos en torno a sus impactos, como enfrenta el megaproyecto de cobre Vicuña con reclamos por su impacto en glaciares y el agua.
“Si no accedo a la información, no la puedo controlar -sentencia Cordisco-. El impacto de la minería a gran escala, con cada vez más proyectos, podría significar daños que no fueron previsibles para la comunidad, aunque quizás sí lo fueron para la empresa, porque la ciudadanía no pudo controlarlos ni exigir la rendición de cuentas correspondiente. Si esto no se gestiona ahora, a medida que pase el tiempo y crezcan los proyectos, luego va a ser tarde”.
En definitiva, lo que buscan evitar desde ICD es encontrarse con “daños ambientales e impactos sociales y económicos en las comunidades que se podrían haber evitado de haber contado con la información a tiempo para implementar dispositivos de prevención y mitigación”.
“Por eso es un momento interesante para que las empresas logren buenos avances con muy baja inversión, porque no se trata de crear algo nuevo, se trata -como un primer paso- de recolectar, curar y difundir la información que ya tienen en su poder. Luego, por supuesto, sería deseable que se avance en nuevas acciones concretas que eleven el estándar y acerquen la actividad a la gente”, finalizó Cordisco.















