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En San Juan

El megaproyecto de cobre Vicuña enfrenta reclamos por su impacto en glaciares y el agua

Ubicado cerca de la Cordillera de los Andes, el proyecto minero enfrenta un desafío ambiental tan grande como su escala minera: extraer y procesar cobre, oro y plata.

Una camioneta todoterreno transitando por un camino sin pavimentar en un cañón árido y rocoso, al lado de una señal de tránsito que indica un límite de velocidad de 30.

Vicuña, la sociedad conformada por las gigantes multinacionales BHP (australiana) y Lundin Mining (canadiense), planea integrar los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol en San Juan.

Se trata de un megaproyecto ubicado cerca de la Cordillera de los Andes, que ahora enfrenta un desafío ambiental tan grande como su escala minera: extraer y procesar cobre, oro y plata durante décadas en una zona árida de alta montaña, con glaciares, ambiente periglacial y ecosistemas frágiles.

Ese posible alcance interjurisdiccional de los impactos sobre los recursos hídricos es, además, uno de los puntos cuestionados por organizaciones ambientales.

En este sentido, el primer Reporte de Sostenibilidad integrado de Vicuña, correspondiente a 2025, permite identificar cuáles son esos riesgos y qué medidas proyecta la compañía para reducirlos.

Una persona inspeccionando minuciosamente con una lupa de joyero un trozo de roca o mineral rugoso, el cual presenta incrustaciones y vetas de color azul brillante intenso.
Una persona inspeccionando minuciosamente con una lupa de joyero un trozo de roca o mineral rugoso, el cual presenta incrustaciones y vetas de color azul brillante intenso. Crédito: Vicuña

El documento reconoce como asuntos ambientales materiales el agua, los efluentes, los relaves, la biodiversidad, la criósfera, las emisiones, los residuos y el cierre de las instalaciones.

Vicuña aclara que su reporte fue elaborado por su equipo de sostenibilidad y aprobado por su directorio, además de que la consultora PwC realizó un aseguramiento limitado sobre una selección de indicadores, entre ellos datos de energía, emisiones y agua.

La propia certificación señala que un aseguramiento limitado utiliza procedimientos menos extensos y proporciona un nivel de seguridad sustancialmente menor que uno razonable.

La información también expone una controversia central ya que, dentro de la propiedad minera de Josemaría se encuentra el glaciar de escombros GE110, que Greenpeace y FARN señalan como incorporado al Inventario Nacional de Glaciares.

Vicuña sostiene que se trata de una formación inactiva o relicta, con un aporte hídrico potencial inferior o igual a 0,01 milímetros anuales y sin relevancia para la cuenca.

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas cuestionan la evaluación del glaciar y reclaman protección judicial para impedir que la geoforma pierda su tutela mientras avanza el proyecto.

Cómo es el proyecto a escala que modifica el riesgo

El proyecto de Vicuña Corp en Argentina busca desarrollar de manera integrada Josemaría y Filo del Sol, dos depósitos ubicados a unos 11 kilómetros de distancia, en San Juan y próximos al límite con Chile y que la compañía estima una vida útil potencial de 70 años para el distrito integrado.

Se trata de una proyección empresarial para el conjunto de los recursos y sus posibles etapas de desarrollo, diferente de la duración específica de Josemaría, teniendo en cuenta que la última actualización ambiental amplió la vida útil estimada de ese depósito de 19 a 25 años.

La integración prevé compartir infraestructura, caminos, energía, instalaciones de procesamiento, abastecimiento de agua y sistemas de almacenamiento de relaves.

Esa decisión introduce un cambio de escala porque ahora ya no se trata solamente de evaluar dos depósitos por separado, sino de analizar los impactos directos, indirectos y acumulativos de un distrito minero que podría continuar expandiéndose durante varias décadas.

El propio reporte de sustentabilidad de Vicuña incluye entre los asuntos que requieren gestión los potenciales impactos sobre la cantidad y calidad del agua, incluido el riesgo de déficit hídrico.

un proyecto minero ubicado en San Juan
El proyecto de Vicuña Corp en Argentina busca desarrollar de manera integrada Josemaría y Filo del Sol. Crédito: FARN

También identifica la necesidad de controlar polvo, ruido, vibraciones, tránsito, alteraciones del suelo, afectación de hábitats, generación de residuos, emisiones y componentes de la criósfera.

El proyecto todavía se encuentra en la etapa de ingeniería de detalle al punto que, durante el 2025 no hubo extracción ni procesamiento industrial de minerales y tampoco estaban construidos los depósitos operativos de relaves.

Por eso, los indicadores publicados reflejan principalmente la exploración, los campamentos, los caminos y las tareas preparatorias, no la futura operación minera a plena capacidad.

El agua como principal límite en Vicuña

La disponibilidad y calidad del agua conforman uno de los riesgos más sensibles del proyecto de Vicuña, que opera en un ambiente árido y proyecta abastecer la futura mina mediante distintas fuentes subterráneas.

Su diseño contempla dos campos de pozos cercanos al proyecto y un tercero en La Majadita, sobre el río Blanco, a aproximadamente 60 kilómetros.

A partir del séptimo año de operación también considera incorporar agua desalinizada proveniente de Chile, aunque esa alternativa permanece sujeta a estudios técnicos, permisos e infraestructura.

Según el reporte de sustentabilidad de la empresa, durante el año pasado consumió 318.381 metros cúbicos de agua.

Esa cifra corresponde a la etapa previa a la explotación comercial y no representa la demanda que tendrá el complejo cuando comiencen la extracción y el procesamiento.

La estrategia anunciada por la empresa incluye además diversificar las fuentes, recuperar y recircular agua del proceso y disminuir la presión sobre los acuíferos locales.

Greenpeace documentó desde el aire glaciares y ambiente periglacial de San Juan y las áreas en las que hay proyectos mineros; a pesar de estar protegidas por la normativa vigente. La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de agua dulce.
Greenpeace documentó desde el aire glaciares y ambiente periglacial de San Juan y las áreas en las que hay proyectos mineros; a pesar de estar protegidas por la normativa vigente. La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de agua dulce. Crédito: Greenpeace

También prevé mediciones quincenales de caudales y niveles subterráneos, análisis mensuales de calidad y controles diarios en las plantas de tratamiento de líquidos residuales.

En este sentido, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dedicada a la protección del ambiente, advirtió sobre los riesgos para los glaciares y la cuenca del río Blanco-Jáchal.

La ONG planteó que una eventual alteración de aguas superficiales, subsuperficiales o subterráneas podría tener efectos que excedieran a San Juan, además de señalar la conexión con La Rioja, tanto por el sistema hídrico como por los caminos de acceso utilizados durante el desarrollo del proyecto.

En el informe de Vicuña se asegura que una actualización ambiental aprobada en marzo pasado incorporó un sistema de suministro desde varias fuentes.

El reporte también describe una estrategia todavía apoyada en decisiones de ingeniería, permisos futuros y una posible fuente de agua desalinizada que recién ingresaría durante la operación.

La disputa sobre un glaciar

El punto más conflictivo del proyecto que señalan las organizaciones ambientalistas es el glaciar de escombros GE110.

La empresa reconoce que se encuentra dentro de la propiedad minera de Josemaría y próximo al tajo a cielo abierto proyectado.

Pero afirma que los estudios realizados desde 2012, siguiendo metodologías utilizadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, caracterizan al GE110 como una crioforma inactiva o relicta.

Glaciar de escombros en medio de operaciones mineras. Se encuentra ubicado en el norte de la provincia de San Juan, límite con La Rioja realizando su aporte hídrico a la subcuenca río Blanco Superior de la Cuenca del Río Jáchal.
Glaciar de escombros en medio de operaciones mineras. Se encuentra ubicado en el norte de la provincia de San Juan, límite con La Rioja realizando su aporte hídrico a la subcuenca río Blanco Superior de la Cuenca del Río Jáchal.

Es decir que es un cuerpo del suelo que todavía contiene hielo en su interior, pero ha dejado de moverse por completo.

Sobre esa base, sostiene que su contribución hídrica resulta insignificante a escala de cuenca y que la última evaluación ambiental no prevé impactos directos durante la construcción ni la operación.

Las organizaciones ambientalistas presentan una lectura diferente como la de FARN, que advierte que el diseño de la mina a cielo abierto puede alcanzar un glaciar de escombros y que una escombrera se ubicaría en un área con probabilidad de permafrost.

Cabe aclarar que se trata de una observación anterior a la segunda actualización ambiental de Josemaría, aprobada en marzo pasado, por lo cual no corresponde trasladarla automáticamente al diseño actual, aunque se puede afirmar que constituye el antecedente del conflicto que continúa alrededor del GE110.

En el mismo sentido, en junio pasado tanto FARN como Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas llevaron nueva documentación a la Justicia.

Las organizaciones solicitaron que el gobierno de San Juan y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales se abstuvieran de retirar al GE110 del Inventario Nacional de Glaciares mientras se resolvía la discusión sobre el alcance de su protección.

Según la presentación de las ONG, en esa zona se proyecta un tajo a cielo abierto de aproximadamente 259 hectáreas.

Las entidades sostienen que la discusión no puede reducirse a determinar cuánto aporta actualmente la geoforma al caudal de la cuenca y reclaman que también se consideren su función dentro del sistema periglacial, la prevención de daños irreversibles y los efectos acumulativos de las obras.

Es decir, la controversia judicial se concentra en el glaciar ubicado dentro del área del proyecto en el cual Vicuña mantiene un programa de observación mediante imágenes satelitales, fotogrametría con drones, monitoreo térmico, estudios isotópicos y mediciones de sublimación de nieve y hielo.

La diferencia no reside en la existencia de la geoforma, que ambas partes reconocen, sino en su función hídrica, su nivel de protección y la posibilidad de desarrollar instalaciones mineras en sus proximidades.

Un debate más amplio

Otro riesgo central que observan las ONG será la gestión de los relaves o colas, los materiales que quedan después de separar los minerales de interés, teniendo en cuenta que el diseño de Josemaría contempla tres presas permanentes: una presa principal, una presa sur para el depósito principal y una presa norte destinada al almacenamiento de relaves tratados.

La compañía proyecta utilizar relaves espesados y separar las corrientes con bajo y alto contenido de sulfuros con el objetivo declarado de mejorar la estabilidad física y geoquímica, reducir el volumen de agua libre y aumentar la recuperación y recirculación del recurso.

En ese sentido, Vicuña sostiene que el diseño toma como referencia el Estándar Global de la Industria sobre Gestión de Relaves y los lineamientos de la Comisión Internacional de Grandes Presas.

La empresa también prevé coberturas de material inerte y manejo de escorrentías para la etapa posterior al cierre, además de controles durante la construcción, la operación y el período posterior al cierre.

El informe de Vicuña agrega que el diseño integrado de Filo del Sol todavía deberá incorporarse al sistema distrital de relaves y quedar sujeto a nuevas evaluaciones técnicas, ambientales y regulatorias.

Ecosistemas de alta montaña

Por otra parte, las instalaciones proyectadas se ubican dentro de la zona de usos múltiples de la Reserva de Biósfera San Guillermo donde la actividad minera está permitida y, según Vicuña, las obras no se superponen con las áreas de conservación estricta.

El proyecto identifica vegas altoandinas, flora, fauna, ambientes acuáticos y hábitats de alta montaña entre los componentes que deberán ser observados.

El plan empresarial incluye indicadores de riqueza y abundancia de especies, seguimiento de vegetación, monitoreo de vegas, estudios de limnología y bioacumulación, rescate y traslocación de fauna, teledetección con drones y sistemas de alerta temprana frente al estrés hídrico y la degradación.

Vicuña plantea como objetivo alcanzar, al momento del cierre, un resultado mínimo de pérdida neta cero de biodiversidad, formulación que contempla la aplicación de una jerarquía que comienza con la prevención y mitigación, pero también permite compensar impactos residuales.

El resultado dependerá de las líneas de base utilizadas, la continuidad de los controles, el cumplimiento de los planes aprobados y la eficacia de las medidas de restauración y compensación que se apliquen durante la operación y después del cierre.

Una huella previa a la explotación

Aunque la producción del proyecto de Vicuña todavía no comenzó, las actividades durante el 2025 consumieron 311.204 gigajulios de energía, de los cuales 308.552 provinieron de fuentes no renovables.

El proyecto generó además 24.809 toneladas de dióxido de carbono equivalente entre emisiones directas y electricidad adquirida.

Esos valores incluyen el combustible utilizado por Vicuña y sus contratistas en los sitios del proyecto y en la construcción y mantenimiento de los caminos.

Al respecto, la política ambiental de Vicuña establece compromisos sobre el agua, la biodiversidad y la criósfera.

El documento también contempla mejorar la eficiencia energética, prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo, manejar los materiales para reducir potenciales contaminantes y preparar el cierre desde la fase de diseño.

Fecha de publicación: 22/09, 8:12 am