Denuncian recortes ambientales en el Presupuesto 2027 y cuestionan los beneficios a la minería
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales analizaron el presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso de la Nación. Los puntos clave del informe.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación el Presupuesto 2027, y el informe profundiza la reducción de los recursos destinados a políticas socioambientales, con un fuerte beneficio al sector minero.
Según un análisis publicado por FARN, se advierte una caída del 26,8% en las partidas ambientales respecto de 2023 y señala recortes en áreas como bosques nativos, prevención sísmica y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
De acuerdo con el análisis, la Subsecretaría de Ambiente sufrirá una reducción del 10,84% respecto de 2026 y del 84,3% en comparación con 2023. Además, el programa de “Articulación y Educación Ambiental” directamente dejó de figurar en el proyecto presupuestario.
El documento sostiene que las funciones de “Ecología y desarrollo sostenible” y “Agua Potable y Alcantarillado” representan menos del 0,13% y el 0,11%, respectivamente, del presupuesto total de la Administración Pública Nacional.
En contraste, el pago de la deuda pública y sus intereses representa el 9,21% del presupuesto. Según el análisis, esto implica que por cada $100 presupuestados, el Estado destinaría $9 al pago de deuda mientras que las funciones vinculadas con ecología, agua potable y alcantarillado recibirían menos de 24 centavos.
Bosques nativos, con fondos muy por debajo de lo establecido por ley
Uno de los puntos señalados es el financiamiento de la protección de los bosques nativos. Para 2027 se prevén $28.322,56 millones entre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos.
El análisis sostiene que la cifra queda muy por debajo de lo establecido por el artículo 31 de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques. Según sus cálculos, el fondo debería contar con $606.304 millones, equivalentes al 0,3% del presupuesto nacional.
“Para mantenerse dentro de la Ley de Bosques el gobierno debería realizar un aporte casi 25 veces mayor al que propone”, señala el informe, tema que también fue cuestionado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
Además, el Presupuesto 2027 plantea financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de bosques nativos, mientras que las metas previstas para 2022 y 2023 habían sido de 1.200 y 1.000 planes, respectivamente.
El documento también cuestiona la ejecución de estos fondos. Según el análisis, durante 2024 la ejecución fue nula, en 2025 alcanzó el 31% y durante los primeros ocho meses de 2026 llegó apenas al 16,9%.
Más recursos para combatir incendios, pero menos que en 2023
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tendrá asignados $38.815 millones en 2027. El monto representa, según el informe, un aumento real del 60,1% respecto de 2026, aunque implica una caída del 55,8% frente a 2023.
Los recursos representan el 0,0192% del presupuesto nacional y deben financiar tanto las tareas de combate como las acciones de prevención.
El análisis pone el foco en la diferencia entre ambas capacidades. Para 2027 se proyectan 3.600 horas de vuelo para prevención y lucha contra incendios, la capacitación de 1.950 brigadistas y el equipamiento de 14 brigadas.
En materia de prevención, en cambio, se prevé elaborar 1.950 informes para alerta temprana y evaluación del peligro de incendios. La cifra es apenas 100 informes superior a la prevista para 2026 y 781 menor que la meta de 2023.
El informe advierte que, frente a un escenario de incendios recurrentes, una política de manejo del fuego no debería concentrarse solamente en responder cuando el incendio ya comenzó, sino también en anticipar y prevenir situaciones de riesgo.
El saneamiento del Matanza-Riachuelo pierde recursos
Otro de los puntos cuestionados es el financiamiento destinado a la cuenca Matanza-Riachuelo.
Según el análisis, las partidas destinadas a la cuenca en el Presupuesto 2027 son 91,5% menores, en términos reales, que las de 2023. En ese año representaban el 0,315% del presupuesto nacional, mientras que para 2027 se proyecta que representen apenas el 0,037%.
El documento recuerda además que todavía persisten objetivos pendientes de la causa “Mendoza”. Más del 40% de la población continúa sin cobertura cloacal, casi el 60% de las soluciones habitacionales permanecen sin terminar y uno de cada cuatro establecimientos declarados como “Agentes Contaminantes” no adecuó sus aspectos ambientales significativos.
El costo fiscal de los beneficios a la minería y el RIGI
El análisis también cuestiona la forma en que el Presupuesto 2027 calcula el gasto tributario asociado a los regímenes de promoción económica.
Para el Régimen de Promoción de la Actividad Minera, el proyecto estima un gasto tributario de $89.820 millones para 2027. El informe compara ese valor con la estimación incluida en el Presupuesto 2026 para ese mismo régimen y señala una diferencia significativa.
Según el documento, el Presupuesto 2026 había calculado $508.954,1 millones para 2025 y $595.896 millones para 2026, mientras que el nuevo proyecto estima para esos años $57.836,4 millones y $71.971,2 millones, respectivamente.
“Estas diferencias plantean interrogantes sobre la metodología utilizada para calcular su costo fiscal y sobre las razones que explican una revisión tan significativa”, sostiene el informe.
También cuestiona que el proyecto de Presupuesto no estime todavía el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Hasta agosto de 2026 fueron aprobados 22 proyectos bajo ese régimen por casi US$47.073 millones, según el proyecto presupuestario. Sin embargo, el Gobierno sostiene que todavía no puede estimar el gasto tributario porque los proyectos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación e inversión.
Para el análisis, esto genera una diferencia entre conocer el volumen de inversiones promovidas y conocer cuánto dejará de recaudar el Estado por esos beneficios.
El documento concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 mantiene al superávit financiero como una de las principales prioridades de la política económica y cuestiona que el debate fiscal se concentre en cuánto gasta el Estado sin considerar cuánto deja de recaudar a través de beneficios y regímenes de promoción.
“Si el superávit fiscal es realmente la prioridad, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto y dónde recortar, sino también en cuánto, por qué y en beneficio de quién el Estado decide dejar de recaudar”, plantea el informe.
El análisis estima que con el 39,5% del superávit fiscal proyectado alcanzaría para mantener en términos reales las partidas ambientales analizadas
