Reclaman repensar “el precio” de la naturaleza para financiar el cambio climático
Un trabajo estima la necesidad de analizar la arquitectura financiera para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible en el marco de un debate que se profundiza en un contexto de crisis global.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la Argentina en particular y Latinoamérica en general. Los efectos del calentamiento global, tales como sequías, inundaciones y desplazamientos de población, están afectando a millones de personas en la región.
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Por lo menos así lo asegura un documento sectorial llamado Informe de Cambio Climático 2023: Oportunidades para Latinoamérica, una mirada multisectorial, elaborado por la fundación Sustentabilidad Sin Fronteras y la ONG Uno.Cinco.
El trabajo presenta una visión general de once tópicos claves entorno al contexto ambiental y climático local y de Latinoamérica, los cuales son abordados desde una mirada multisectorial por diferentes especialistas en su materia del sector privado, público, sociedad civil, academia y organismos internacionales.
El informe comienza con un breve contexto de lo ocurrido en la última COP27, junto con el camino hacia adelante para las próximas conferencias y el desafío para la región.
Posteriormente profundiza en 11 tópicos claves para la región, siendo estos: Pérdidas y Daños, Biodiversidad, Transición Ecológica Justa, Océanos, Financiamiento Climático, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), Movimientos Juveniles, Inteligencia Artificial, Plan de acción a la Iniciativa de Alerta Temprana para Todos, Acuerdo de Escazú y Reducción de Emisiones de Metano.
Del mismo modo, el trabajo resalta la urgencia de tomar medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Agenda climática internacional 2023
En otro de los capítulos, el informe anticipa la agenda de la COP (Conferencia de las Partes por sus siglas en inglés: “Conference of the Parties”) de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre próximos en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Si bien todos los años se realiza la COP con características similares, también surgen particularidades y diferentes focos según el liderazgo de la presidencia, el país anfitrión, el estado de la diplomacia internacional global y otras variables que hacen la particularidad de cada año.
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En la agenda aparece como primera prioridad la continuidad del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y la crisis energética en Europa. En este contexto, algunos países entienden que es necesario volver a expandir la explotación de combustibles fósiles con el pretexto de garantizar seguridad energética, mientras que otros toman la crisis como el ejemplo claro de llamada a la acción para la transición hacia la soberanía energética, basada en energías renovables.
De todos modos, la comisión europea fijó como estrategia una reducción del 5% en la demanda de electricidad en las horas pico, un 15% de reducción en la demanda de gas y contar con un 92% de reservas en gas para afrontar los meses más fríos.
¿Qué pasó con las renovables?
El documento asegura que la energía eólica y solar generaron más electricidad en Europa el año pasado que el gas, según los datos provistos por el think tank independiente EMBER9.
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Los países de ese continente tienen como objetivo aumentar la participación de las energías renovables en el consumo total de energía final al 45% para fines de la década.
Esto colocaría a la Unión Europea en una trayectoria de adopción de las energías renovables para contribuir y alcanzar el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, en al menos un 55 % para el 2030. De ser así, quedaría sin efecto la idea de volver a los combustibles fósiles.
Otro tema en agenda este año es la instrumentación del fondo de daños y pérdidas (en inglés “Loss and Damage”), en el cual se avanzó durante la COP 27 para decretar que este año se debía presentar la arquitectura de un fondo para daños y pérdidas.
Este año se tendrán que responder preguntas clave cómo ¿de dónde vendrán los fondos?; ¿Para quiénes serán?; ¿En qué formato se darán?, entre otros interrogantes. Se trata de un tema crucial para América Latina, según los autores del informe ya que la región, incluyendo a la Argentina, debe llevar una voz común para que se vea beneficiada a futuro y no quede olvidada.
En especial, se destacan los casos de Argentina, Brasil y México que forman parte del G20 (el grupo de países que representa el 75% de las emisiones totales).
Entender quiénes serán considerados los más vulnerables y cómo se miden las pérdidas y los daños, serán ejes claves de la conversación.
En este contexto, Rodrigo Rodríguez, uno de los autores del informe y ex-secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (2020-2021) y ex- Subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación (2022), asegura que se debe repensar la arquitectura financiera para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible.
El experto sostiene que la discusión “avanza y se profundiza en un contexto de crisis global. Si bien no hay certeza aún sobre cuáles serán los principios y mecanismos de la nueva economía, existe un amplio consenso en torno a la renovada relevancia que tendrán la agenda ambiental y el uso de nuevas tecnologías”.
En ese marco, en un mundo que demanda alimentos, energías y servicios ambientales, Rodríguez entiende que Latinoamérica y, en especial la Argentina “tienen condiciones extraordinarias para desempeñar un rol en la discusión sobre el nuevo modelo económico global”. Entre las preguntas que busca responder con su informe se destacan cómo se construye y se mide el valor en la sociedad para la nueva economía y cómo abordar esos desafíos.
Recuerda que el actual sistema económico y sus instituciones fueron diseñados en 1944 en Bretton Woods, para recuperar la economía luego de la segunda guerra mundial.
“Las instituciones y organismos creados en esa instancia responden a una situación geopolítica y ambiental absolutamente distinta a la actual”, agrega.
Es decir, para hacer frente a desafíos transnacionales ni multidimensionales como los que presenta el potencial colapso ecológico en un período de tensiones geopolíticas y creciente incertidumbre económica.
El “precio” del clima
En ese sentido, propone una profunda discusión que asigne adecuadamente el valor a la calidad ambiental como la base misma de la economía, desde la conveniencia de reconsiderar el precio que se genera a partir de contar con un ambiente sano, un clima estable y una sociedad que progresa.
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“En este marco, se hace conveniente y necesaria una nueva consideración sobre el valor de la naturaleza, artificialmente considerada como una externalidad económica en lugar de la base misma de la vida y por lo tanto de la economía”, detalla el experto, quien recuerda que en el 2020 el Foro Económico Mundial (FEM) publicó el informe “Aumento del riesgo de la naturaleza: crisis ambiental e importancia para las empresas y la economía”, el cual estima que u$s44.000 millones de valor económico, más de la mitad del PBI mundial, se encuentra en riesgo moderado o grave debido a la pérdida de la naturaleza, por lo que grandes sectores como la agricultura, la alimentación y la construcción dependen en gran medida de la naturaleza para la resiliencia futura.
A partir de entonces, el pensamiento económico y las instituciones financieras comenzaron a desarrollar un abordaje económico sobre la degradación ambiental considerándola como un factor multiplicador de riesgo en un mundo ya de por sí convulsionado.
Diversos organismos como el Banco Mundial (BM) pregonan la necesidad de medir y valuar el capital natural (medido como el valor económico que los biomas45 aportan a la economía) e integrar su medición en el sistema de cuentas nacionales.
Desde Estados Unidos hasta Chile, diversos países han creado sus comités de capital natural para preparar a sus economías ante este nuevo enfoque.
El analista recuerda que en la Argentina, los estudios recientes dan cuenta de un aporte del orden de los u$s4.000 millones anuales en flujo de servicios ecosistémicos, sólo considerando la Mesopotamia, parque chaqueño, selva paranaense y yungas, del Norte Grande.
Países como Brasil, Argentina, Gabón, República Democrática del Congo, Colombia cuentan con vastas selvas tropicales y bosques intactos que brindan servicios ecosistémicos importantes para las economías y las sociedades, que incrementan su relevancia ante los efectos de la degradación ambiental.
“La necesidad y escasez está claramente determinada, así como el creciente interés del sector privado por asegurar su aprovisionamiento como forma de preservar el valor de los activos”, destaca Rodríguez.
En este sentido, la plataforma Business for Nature agrupa a más de 400 empresas con una facturación anual de u$s200.000 millones, con el objetivo de presionar a los gobiernos para la mejora de los estándares y regulaciones ambientales como forma de disminuir el riesgo financiero y operativo para sus negocios.
Meta incumplida
Para el experto, el financiamiento climático y sostenible debe desempeñar un papel fundamental a medida que los mercados emergentes y las economías en desarrollo buscan enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental.
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el financiamiento climático actual se estima en alrededor de u$s653.000 millones de promedio anual pero con un marcado sesgo a la mitigación.
El financiamiento internacional para la acción climática adquirió mayor relevancia a partir de la COP de Copenhague en 2009, con el compromiso de los países desarrollados de movilizar conjuntamente u$s100.000 millones anuales para el 2020 a fin de hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo.
Pero la meta fue incumplida y no se han dispuesto los recursos ni los mecanismos financieros necesarios y se destacan las deficiencias en la calidad y composición de los flujos de financiamiento climático internacional como la falta de donaciones y de mecanismos e instrumentos adecuados para los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y los obstáculos para el acceso rápido de estos países a los recursos disponibles.
Asimismo, se estima que los costos de adaptación en países en desarrollo son entre cinco y 10 veces mayores a los flujos de financiamiento climático internacional de fuentes públicas. “Es necesario pensar nuevos instrumentos para una nueva arquitectura financiera orientada al desarrollo sostenible. Esta nueva arquitectura debe ser justa, transparente, equitativa, basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconozca y asegure la previsibilidad y disponibilidad de recursos financieros suficientes para satisfacer las necesidades y desafíos identificados por los países en desarrollo, integrando el abordaje a los tradicionales problemas del desarrollo, estabilidad económica) a la agenda ambiental desde un abordaje integral”, detalla Rodríguez.
Al respecto, aporta algunas ideas que conviene considerar:
- Los instrumentos de financiación innovadores pueden ayudar a superar los desafíos que surgen a partir de la crisis ambiental, además de ampliar la base de inversores para incluir bancos globales, fondos de inversión, inversores institucionales como compañías de seguros, inversores de impacto, capital filantrópico y otros.
- Se necesita un diálogo urgente orientado al desarrollo de instrumentos económicos y financieros que faciliten y viabilicen el flujo de capital hacia sectores de alto impacto que contribuyan a la acción concreta.
- Intensificar el diálogo y la cooperación con el sector privado para aumentar sus índices de movilización de financiamiento; trabajar en la preparación de proyectos y el apoyo a reformas que generen nuevos esquemas de negocios que hagan atractiva la inversión privada.
- La transformación digital ofrece una oportunidad para avanzar en los objetivos globales. Los activos digitales pueden reforzar la posición de Latinoamérica en el sistema financiero global, y permanecer en la frontera tecnológica.
- Respecto a la participación de la región en los mercados de carbono, es
necesario evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de incursionar en transacciones asociadas al comercio de emisiones, sean estos en el marco de la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París o en otros esquemas de mercado. - La emisión de bonos soberanos sujetos a cláusulas de reducción de tasas de interés por cumplimiento de hitos climáticos son parte de una nueva generación de instrumentos financieros de vanguardia.
- Los mecanismos de canje de deuda por naturaleza y por acción climática presentados por la Argentina en la COP 27 ya son una realidad en la discusión global. Altos niveles de endeudamiento limitan la capacidad de los países para financiar la acción climática y avanzar hacia una trayectoria del nivel de emisiones alineada con las metas del acuerdo de París.
