Los vapeadores ya son basura electrónica y CABA obliga a tabacaleras a reciclarlos
Se publicó una ley que incorpora a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de nicotina al sistema porteño de gestión de residuos. Qué obligaciones implica para el sector tabacalero.
Hasta ahora, la discusión alrededor de los cigarrillos electrónicos se concentraba casi exclusivamente en sus efectos sobre la salud, el aumento del consumo entre adolescentes y la estrategia de las tabacaleras para reemplazar progresivamente al cigarrillo convencional.
Pero la Ciudad de Buenos Aires acaba de incorporar una variable que prácticamente no aparecía en la regulación argentina de estos productos como es su impacto ambiental.
En este sentido, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6964, que obliga al Gobierno de la Ciudad a desarrollar protocolos para recolectar, recuperar, tratar y reciclar los residuos electrónicos y plásticos generados por vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y otros productos emergentes de nicotina.
Es decir, por primera vez, la Ciudad coloca expresamente a los vapeadores dentro de una política de gestión de residuos electrónicos y plásticos, marcando un cambio que puede convertirse en un antecedente para el resto del país y anticipar mayores obligaciones para las empresas.
La norma establece que esos materiales deberán comenzar a ser recibidos en los Puntos Verdes y procesados mediante circuitos diferenciados, en lugar de terminar mezclados con los residuos domiciliarios.
El cambio puede parecer menor dentro de una ley dominada por disposiciones sanitarias, prohibiciones de consumo, restricciones publicitarias y sanciones comerciales.
Sin embargo, abre un frente completamente nuevo para las fabricantes, importadoras, distribuidoras y cadenas comerciales que participan del negocio.
En su interior, un vapeador puede contener una batería de litio, una resistencia metálica, cables, circuitos electrónicos, sensores, aluminio, líquidos con nicotina y diferentes tipos de polímeros.
Cuando el dispositivo deja de funcionar, todos esos materiales suelen terminar juntos en una bolsa de basura, en un contenedor o directamente en la vía pública.
Pero la Ley 6964 comienza a tratar ese problema como una cuestión de economía circular y, además de regular cómo pueden venderse y utilizarse los nuevos productos de tabaco y nicotina, reconoce que su expansión está generando un flujo adicional de residuos electrónicos que requiere recolección diferenciada, trazabilidad y tratamiento especializado.
El residuo electrónico que creció sin control
La norma pretende legislar o controlar de alguna forma el auge de los vapeadores descartables que modificó en pocos años el mercado mundial de la nicotina.
A diferencia de los primeros cigarrillos electrónicos, que permitían recargar líquidos y reemplazar algunas piezas, buena parte de estos dispositivos están diseñados para ser utilizados durante un período limitado y descartados una vez que se agota el líquido o la batería.
Ese modelo simplificó el consumo, redujo los precios de acceso y amplió la variedad de sabores, formatos y concentraciones de nicotina. Pero también multiplicó la cantidad de dispositivos que se convierten rápidamente en basura, generando un problema ya que la mayoría de estos aparatos no puede desarmarse fácilmente.
Las baterías suelen estar integradas a las carcasas, los cartuchos conservan restos de líquido y nicotina, y los componentes plásticos y metálicos aparecen combinados en productos pequeños que los sistemas tradicionales de separación de residuos no están preparados para procesar.
Cuando son compactadas junto con la basura común, las baterías de litio también pueden sufrir daños, recalentarse o provocar incendios en camiones recolectores, plantas de transferencia y centros de clasificación. De hecho, la dificultad se agrava.
