La Justicia habilitó una demanda contra el sistema de puntajes para otorgar permisos de pesca de calamar
El Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata aceptó una presentación que cuestiona la constitucionalidad del esquema definido por el Consejo Federal Pesquero.
La Justicia Federal de Mar del Plata habilitó una demanda que pone en discusión el sistema de puntajes establecido para adjudicar nuevos permisos de pesca de calamar mediante buques poteros. La causa fue impulsada por la Federación Fecooport y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), que cuestionan la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP) por considerar que genera un trato desigual entre las distintas jurisdicciones del país.
El Juzgado Federal N°4, a cargo de Santiago Martín, se declaró competente para intervenir en el expediente y dio inicio al proceso judicial. Además, el Consejo Federal Pesquero deberá responder la demanda en un plazo de cinco días hábiles y presentar sus argumentos de defensa.
La presentación apunta específicamente contra el inciso E del Anexo V de la resolución, que establece un esquema de puntuación según la provincia en la que se desembarque la captura. El sistema otorga 30 puntos a Tierra del Fuego, 25 a Santa Cruz, 20 a Chubut, 15 a Río Negro y 10 a la provincia de Buenos Aires.
Cómo funciona el sistema de puntajes para los permisos de pesca
Las entidades demandantes sostienen que este criterio perjudica directamente a Mar del Plata, principal puerto pesquero de la Argentina y uno de los principales polos de procesamiento y servicios vinculados a la actividad.
En la demanda se advierte sobre la “especial gravedad” de la medida para los empresarios locales, debido a que en la ciudad se concentra “una parte sustancial de la infraestructura portuaria, las plantas de procesamiento, los servicios asociados a la actividad, las inversiones realizadas y una proporción significativa del empleo vinculado al sector”.
Según el planteo judicial, el régimen impulsado por el CFP obliga a los proyectos radicados en Buenos Aires a “realizar mayores inversiones, asumir costos adicionales o resignar competitividad” para alcanzar puntajes equivalentes a los obtenidos por iniciativas vinculadas a provincias patagónicas.
El debate judicial sobre las facultades del Consejo Federal Pesquero
En su dictamen, el fiscal general Daniel Adler consideró que la discusión central pasa por determinar si el criterio territorial incorporado por la resolución constituye una mera reglamentación de la Ley Federal de Pesca o si, por el contrario, introduce un nuevo parámetro de selección que no fue previsto por el Congreso.
El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que, si bien la normativa habilita al Consejo Federal Pesquero a reglamentar el otorgamiento de permisos, corresponde analizar si el organismo excedió esas facultades al incorporar mecanismos de promoción territorial.
Asimismo, indicó que deberá evaluarse si el puntaje diferencial según la provincia de desembarque tiene una relación directa con la administración del recurso pesquero o si responde a objetivos de desarrollo regional que podrían exceder las competencias legales del CFP.
En paralelo, el juez solicitó al Consejo Federal Pesquero un informe previo antes de resolver la medida cautelar presentada por Fecooport y SUPA, que busca suspender la aplicación del sistema de puntajes hasta que exista una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la resolución.
