El Gobierno estima inversiones por u$s 30.000 millones para cambiar la matriz energética de Argentina

El cambio en la matriz energética es para el gobierno de Alberto Fernández uno de los objetivo fundamentales a cumplir para también modificar la estructura productiva del país.

A pesar de la actual compleja situación social y financiera, con gran parte de la población por debajo de la línea de pobreza y un complicado escenario en el frente externo, agudizada por los elevados compromisos de deuda en moneda extranjera, las autoridades nacionales plantean recorrer un escenario de transición energética para llegar al 2030 con un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía.

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Los lineamientos de ese proceso se encuentran incluidos en la Resolución 1036/2021 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial de este lunes 1 de noviembre.

Según los considerandos de la norma, la matriz energética es un vector central del desarrollo económico del país debe tener un enfoque conjunto con la política económica, “asumiendo como un desafío la integración de los seis objetivos que caracterizan una estructura productiva: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo, soberanía y sostenibilidad, dentro de un programa de transición que contemple las restricciones macroeconómicas y los problemas sociales, productivos y energéticos que estructuralmente condicionan la calidad de vida de la sociedad”.

Como hoja de ruta para cumplir con ese objetivo, el organismo que depende del Ministerio de Economía elaboró un documento denominado “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030”.

El trabajo está dividido en seis secciones. En la primera, se exponen los antecedentes vinculados a las cumbres internacionales y los compromisos climáticos asumidos por el país y se referencian los trabajos impulsados desde la Secretaría de Energía para conformar un plan de transición energética.

En la segunda sección, se realiza una revisión bibliográfica y estadística de la agenda climática y energética a nivel global. Se consideran las emisiones del sector energético entre diferentes países y los compromisos asumidos a nivel internacional para el cambio climático. Se analizan también los límites y oportunidades de la transición energética para países periféricos.

En la tercera sección se describe la situación energética, socioeconómica e institucional del país y se destaca la trayectoria de los principales sectores energéticos.

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En la cuarta sección se detallan la visión, los objetivos y los lineamientos de la transición energética nacional.

En la quinta sección se presentan los escenarios energéticos al 2030 y los resultados esperados. Por último, en la sexta sección se presentan las conclusiones del trabajo.

El trabajo establece también conceptos que deberán ser utilizados por la Secretaría de Energía que orienta Darío Martínez para definir el contenido de futuras resoluciones técnicas, resolver situaciones no contempladas por las normas vigentes y abrir la posibilidad a debates que enriquezcan el contenido de los lineamientos trazados por el Gobierno para la transición energética motorizada por la demanda de acción para el cambio climático que tenga consistencia económica, fiscal, financiera y de balanza pagos.

Cambio estructural

Según el documento, el proceso implica un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía para evolucionar del paradigma fósil tanto facilitador de la expansión de las economías centrales en los últimos dos siglos como causante del deterioro ambiental del planeta.

En este marco, la Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social.

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En este sentido, se busca incrementar la producción y distribución de más energía limpia en emisiones de gases efecto invernadero de manera confiable, sostenible y accesible acompañando el crecimiento productivo y poblacional y afianzando los mecanismos de adaptación al cambio climático.

Según el documento, el Ministerio de Economía que dirige Martín Guzmán ha venido trabajando en la formulación e implementación de seis objetivos de política económica para caracterizar una estructura productiva que sea inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y sostenible.

“Asumimos el desafío de integrar estos seis objetivos en un programa de transición energética que parta de las restricciones macroeconómicas que tiene nuestro país y logre convertirse en una hoja de ruta frente a los problemas sociales, productivos y energéticos que estructuralmente condicionan la calidad de vida”, plantea el trabajo.

Para el Gobierno, el sistema energético debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población disminuyendo progresivamente los costos de su matriz energética para garantizar el acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos y de calidad, independientemente de su ubicación geográfica y de la condición socioeconómica.

También plantea alcanzar la soberanía energética, logrando el autoabastecimiento mediante el uso de los recursos de las cuencas on shore y off shore y el desarrollo de las potencialidades gasíferas como fuente de energía principal en todo el proceso de transición para reemplazar combustibles líquidos y como materia prima básica para la producción de hidrógeno azul que permita exportaciones de gas natural, o su variante GNL, colaborando en la descarbonización global.

A esto se le suma la necesidad de impulsar una mayor eficiencia en todos los sectores (generación, transporte, consumo) y promover el desarrollo de nuevas tecnologías tendientes a una mayor diversificación energética, generando más industria nacional asociada a la producción de bienes, equipamientos, instalaciones, maquinarias y procesos que deban utilizarse en este camino de transición energética.

Al mismo tiempo, plantea que sobre la base de los recursos existentes y potenciales se debe mitigar el impacto medioambiental incluyendo una reducción de las emisiones de CO2.

Como lineamientos estratégicos para cumplir con estos objetivos, el documento propone las siguientes líneas de acción:

• A. Eficiencia energética: desarrollar medidas para reducir en hasta 8,5% el consumo de electricidad y de gas en todos los sectores de la economía al 2030, en relación con el escenario de demanda energética tendencial, por medio de usos más eficientes del consumo energético. También se incluyen medidas asociadas a la mayor eficiencia en la generación de electricidad y la adopción de tecnologías para la reducción de emisiones fugitivas de metano.

• B. Energía limpia en emisiones de gases efecto invernadero (GEI): más del 90% del incremento de la potencia instalada entre 2022 y 2030 provendrá de fuentes energéticas bajas en emisiones, aumentando significativamente su generación con respecto al promedio de los últimos años, superando el 55% de participación en la generación eléctrica y desplazando las centrales térmicas menos eficientes y más contaminantes. Este sendero se manifestaría en una reducción cercana al 50% de la intensidad de carbono de la matriz eléctrica respecto a la actualidad, reduciendo cerca de la mitad las emisiones del subsector. También se alcanzará 1 GW de potencia renovable distribuida en distintos puntos de consumo residenciales, comerciales e industriales. La diversificación de la matriz energética y la promoción de la generación autónoma permitirán aumentar la redundancia del sistema energético, contribuyendo a su resiliencia.

• C. Gasificación: se implementarán medidas para gasificar consumos energéticos abastecidos por combustibles líquidos derivados del petróleo. De esta forma, se reducirán las emisiones de GEI por medio de un suministro confiable, continuo y menos contaminante a la vez que se aprovechan los recursos del país. A través del desarrollo de las cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global, colaborando con la viabilidad de las transiciones energéticas de otros países.

• D. Desarrollo de tecnología nacional: aprovechar los recursos en materia energética para potenciar desarrollos científicos, tecnológicos y productivos y proveedores locales, para reducir la vulnerabilidad externa del proceso de transición, generando condiciones de mayor estabilidad sobre las cuales se pueda escalar en el largo plazo de forma sostenible.

• E. Resiliencia del sistema energético: se emprenderán adecuaciones no sólo en la matriz de generación, sino también en el transporte de alta y media tensión y en las redes de distribución, para asegurar las condiciones óptimas de funcionamiento incluso durante períodos extraordinarios. Se garantizará el acceso a la energía a través de la ampliación de la red eléctrica y la promoción de la generación distribuida, tanto en entornos rurales como urbanos, para reducir la vulnerabilidad de la población ante eventos extremos.

• F. Federalización del Desarrollo Energético: se emprenderá la transición energética con la participación de las provincias en la planificación y desarrollo de conglomerados productivos de generación a partir de energías renovables y limpias en emisiones de GEI. Se buscará también la inclusión de actores locales en proyectos esenciales para la transición energética.

• G. Estrategia nacional para el desarrollo del hidrógeno: impulsar un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético, que utilice como materia prima básica al gas natural, y pondere otros recursos disponibles para su producción. Se considerará la necesidad de contar con nueva potencia renovable para la producción de hidrógeno verde, así como infraestructura para el almacenamiento y transporte hacia los puntos de consumos finales.

Escenarios energéticos al 2030

El documento de la Secretaría de Energía plantea varios escenarios analizando la demanda, la inversión y los precios para estimar lo que podría ocurrir.

Desde el punto de vista de la demanda se plantean políticas para el sector transporte, con una trayectoria tendencial en cuanto al incremento del parque y la motorización de los mismos, incluido una penetración de vehículos eléctricos. También se estima un incremento en el parque que utiliza gas natural, como GNC y GNL, dependiendo del modo de transporte.

Por el lado de la demanda de electricidad y gas natural, el documento presenta dos escenarios, uno tendencial donde se plantean las políticas de eficiencia existentes, y por el otro desde una mejora de eficiencia en el uso energético tanto en la demanda de gas como eléctrica.

En cuanto a la oferta, se hace referencia a mayores requerimientos de petróleo y gas natural con una participación en la generación de las energías renovables del 20% en la matriz eléctrica al 2030, y se supone un mayor requerimiento de gas natural y relativamente menores demandas de petróleo junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica alcanzando el 30%.

En este marco, se detallan los supuestos bajo los que se elaboran los escenarios junto con los principales resultados:

• Se considera un crecimiento del PBI del 2% de largo plazo.
• La demanda eléctrica crece entre 1,7 y 2,4%
• La demanda de gas natural crece entre 1,7 y 3,5%
• La demanda de combustibles crece 2,3%
• La producción de gas natural para abastecimiento local crece entre 2,4 y 3% del 2019 al 2030. La producción de petróleo, para abastecimiento local crece entre 3,4 y 6% para el mismo periodo.
• No se realizaron estimaciones de exportaciones de petróleo ni gas natural.
• El parque automotor crece en 5,2 millones de vehículos. La participación de autos y vehículos medianos a GNC se considera en un 27% del total. A esto se le adiciona la conversión a GNC de los buses de corta distancia. Los cortes con biocombustibles se mantienen en función de la normativa vigente.
• Se contabilizan para el 2030 unas 49,4 millones de personas (1% crecimiento). Los hogares ascienden a 17,3 millones. La cobertura de gas natural para los mismos es del 63%.
• La participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas pasa del 61% en el 2019 al 40,3% en un primer escenario y al 30,7% en el segundo.

El informe también destaca que para cumplir con los objetivos climáticos, la expansión del sistema eléctrico durante la próxima década deberá realizarse sobre la base de tecnologías bajas en emisiones de carbono, revirtiendo la predominancia de las fuentes fósiles en la generación de electricidad.

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Sobre esta premisa se fundamenta un sendero de incorporación de potencia al 2030 que de concluirse las obras en cartera, la gran mayoría de la nueva potencia provendría de fuentes energéticas limpias.

“El camino hacia 2030 nos encuentra con una serie de proyectos de inversión en materia de potencia instalada de generación eléctrica que necesitan desarrollarse para obtener una matriz energética robusta, que satisfaga las proyecciones de demanda para ese entonces”, plantea el trabajo elaborado por la Secretaría de Energía.

Estos proyectos de inversión tienen distintos grados de avance, pudiendo estar en estudio, en proceso de licitación, adjudicación, o incluso ya en ejecución. La mayoría corresponden al complejo hidroeléctrico, térmico y nucleoeléctrico.

Pero a los fines prácticos, el trabajo considera la incorporación de potencia proveniente de las obras que ya se encuentran en proceso de ejecución con cierto grado de avance y que se espera con un elevado grado de certeza que para 2030 hayan incorporado la potencia esperada a la matriz de generación eléctrica nacional.

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En total, estos proyectos permitirán expandir alrededor de 2.675 MW de potencia a la matriz, con 2.223 MW de nueva potencia hidroeléctrica y 420 MW de los cierres de ciclos combinados de dos centrales termoeléctricas, además de los 32 MW que se prevé que aportará el prototipo de reactor nuclear modular. Toda la potencia de generación eléctrica que se incorpore, más allá de estos proyectos ya en construcción, será en base a energía renovable no convencional.

Se estima que, inicialmente, se completarán aproximadamente 1.650 MW de los proyectos (de RenovAr, Res 202 y MATER) que todavía no fueron ejecutados y se encuentran en proceso de negociación.
Se plantea también que la preponderancia en la incorporación de las energías limpias bajas en emisiones es casi absoluta.

Oferta petrolera y emisiones

En el caso de petróleo y gas se establecen dos escenarios, uno llamado de PA y otro bautizado como PE. El primero implica una mayor demanda de gas natural, impulsando la producción nacional en 10 MMm3/día. El segundo establece un incremento de la producción de combustibles, con lo que se produce una mayor producción de petróleo generando también mayores saldos exportables.

El crecimiento de la producción de gas natural se asocia principalmente al crecimiento de la demanda local (mayor en el grupo de escenarios PA) y la potencialidad de exportar gas a escala (hasta 30 MMm3/día) tanto a Brasil como a Chile colaborando con la transición energética de los países vecinos.

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En cuanto a las emisiones de CO2 se observan reducciones considerables en el subsector generación de energía eléctrica, con menor participación en el total de emisiones del sector energético respecto al 2016 (año del último Inventario Nacional de GEI hasta el momento del análisis).

El documento también plantea que la reducción en la intensidad de carbono de la matriz eléctrica se encontraría cercana al 50% con respecto a la intensidad promedio de los últimos años.
Con respecto a las energías bajas en emisiones superarían a los combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica, logrando representar al menos el 55% del total.

El porcentaje de participación de la generación renovable no convencional en la matriz de energía eléctrica alcanzaría el 20%.

Inversiones al 2030

El documento también presenta estimaciones de costos asociados a los escenarios de oferta eléctrica. Es decir, los montos de inversiones necesarias para las trayectorias propuestas.

En el caso de la potencia instalada se requerirán fondos que oscilan entre los u$s 9.924 millones y los u$s 13.970 millones en total.

La diferencia se explicaría por la potencia instalada adicional en energía eólica (43% de la potencia incorporada en REN 20 y 55% en REN 30) y solar fotovoltaica (12% para REN 20 y REN 30).

En el caso de las inversiones en operación y mantenimiento, se estima que el gasto del parque de generación eléctrica requiere de una inversión constante anual del orden del 2% al 3% del valor de la inversión total, lo cual implicaría un gasto entre los u$s 188 millones y los u$ 268 millones.

Para el transporte eléctrico de alta y media tensión se deben considerar las inversiones que la nueva potencia demandará. En este sentido, existen obras que se presentan como urgentes, necesarias e imprescindibles para mejorar la eficiencia, por un lado, y para permitir la incorporación de manera exitosa de los proyectos ya considerados de aumentos en la capacidad instalada, por el otro.

En este marco, el Gobierno entiende que el escenario de mayor penetración de fuentes renovables de generación eléctrica demanda mayores inversiones, ya que se necesitan nuevos nodos geográficos y líneas de alta tensión que permitan aprovechar toda la nueva energía generada en los lugares de consumo masivo.

En total, las inversiones en el escenario base ascienden a u$s 2.875 millones, mientras que en el escenario de mayor penetración de renovables las inversiones se estiman en u$s 5.575 millones.

Para el caso de infraestructura gasífera se consideran los fondos necesarios para incrementar el transporte desde los centros de producción hasta los puntos de consumo en las ciudades y de
producción industrial. La hipótesis oficial es que a pesar del incremento registrado en la producción impulsada por el plan GAS.AR, no se llegue a cubrir la demanda interna, y sea necesario recurrir a importaciones para cubrir picos en la demanda.

Para resolver este déficit de infraestructura, la Secretaría de Energía ha diseñado el Plan TransportAR a partir de la disponibilidad de gas en las Cuencas Neuquina, Golfo San Jorge, y Austral que requieren obras importantes, sumado a un creciente interés manifiesto de importar gas natural por parte de Chile y Brasil.

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En su Etapa I, prevista a ejecutarse desde el 2021 hasta 2023, el Plan TransportAR prevé inversiones en gasoductos por u$s 3.371 millones que fueron seleccionadas en función de las demandas gasíferas no cubiertas.

En la Etapa II en planificación, incluirá las obras de finalización en la reversión del Gasoducto Norte, ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto San Martín, consolidación del gasoducto La Mora – Tio Pujio, y la Etapa II del gasoducto GNEA Mesopotamia, en las provincias de Corrientes y Misiones.

Se estima también que para el 2030 ya va a estar ejecutada la Etapa III del Sistema de Gasoductos TransportAR de producción nacional por lo que los montos invertidos en total se estiman en alrededor de u$s 10.000 millones.

Mas allá de estas cifras, el documento de la Secretaria de Energía, advierte que el éxito de la estrategia de transición energética “depende de la resolución conjunta de estas dimensiones que presentan tensiones o dilemas entre sí para evaluar la sustentabilidad del proceso”.

También predice que durante los próximos 10 años se necesita la adopción de medidas que encaucen los esfuerzos hacia la meta de una descarbonización profunda en el largo plazo.

“Al respecto, es necesario comprender que el camino hacia el 2030 debe generar las condiciones necesarias para llegar de la mejor manera posible al 2050, lo cual sólo podrá hacerse sobre la base de entender a la descarbonización de la matriz energética como una oportunidad única de inducir un proceso de desarrollo virtuoso que contribuya a la reducción de las restricciones del país y a la mejora de indicadores sociales, económicos y ambientales”, sostiene el trabajo oficial.