Despidieron personal y no hay Plan de Manejo del Fuego en los Parques Nacionales

Fuera de las metrópolis, Argentina cuenta con 18,275,722 hectáreas que son designadas como parques nacionales y áreas protegidas. Actualmente, estas áreas están bajo la custodia, protección y gestión compartida de la Administración de Parques Nacionales (APN). Sin embargo, como es común en diversas instancias del Estado nacional, no se ha designado ninguna autoridad para supervisar su funcionamiento, y se sabe solo que ha pasado a depender del Ministerio del Interior. No obstante, los Decretos de Necesidad y Urgencia 70/23, 84/23, y el proyecto de Ley Ómnibus están afectando directamente la operatividad y la continuidad de este organismo.

El DNU 70/23 deroga la Ley de Tierras Rurales, mientras que el proyecto de Ley Ómnibus busca modificar las leyes que protegen los bosques nativos, desfinanciándolos y permitiendo el desmonte. La ley de Manejo del Fuego abre la puerta a la quema intencional de campos, y la ley de Glaciares posibilita la actividad minera en esas zonas. Este conjunto de medidas pone en peligro la existencia misma de una autoridad reguladora para los Parques Nacionales. La demanda de tierras protegidas por parte de privados se intensifica, y los trabajadores se encuentran en alerta, no solo por posibles despidos, sino también por la incertidumbre sobre el futuro de los territorios, especialmente durante la temporada alta de incendios en verano.

Los Parques Nacionales cuentan con una fuerza laboral de 2300 personas, la mitad de las cuales tiene empleo permanente, mientras que el resto trabaja de manera temporal. Estos profesionales no se limitan a tareas administrativas, ya que incluyen científicos dedicados a la investigación de la biodiversidad, brigadistas que combaten incendios forestales y responden a emergencias en la montaña, así como equipos encargados de señalización y mantenimiento de senderos. Además, deben monitorear constantemente cada Parque en busca de posibles daños, robos o incendios provocados.

Cada año, se renueva o actualiza parte del personal. Sin embargo, el DNU 84/23, publicado recientemente, afecta directamente la continuidad laboral de 246 personas que fueron contratadas en 2023, representando alrededor del 10% del total. También limita la validez de otros contratos a tres meses, sujetos a revisión.

Andrea Torres, brigadista desde hace 10 años y empleada temporal en el Parque Nacional Los Glaciares, señala que el decreto no permite planificar tareas futuras de investigación o profesionalización. En la seccional de El Chaltén, donde trabaja, la mayoría de los 21 empleados son temporales, lo cual es insuficiente frente al aumento de visitantes, especialmente extranjeros, en la Patagonia. La proporción de trabajadores por hectárea es mínima, especialmente considerando la amenaza de incendios forestales.

Alejo Fardjoume, trabajador temporal del Parque Nacional Lanín en Neuquén desde hace 19 años, expresa su preocupación en una carta pública sobre el impacto de las medidas en la APN. Destaca que programas esenciales, como restauración, reintroducción de especies y monitoreo de aquellas en peligro de extinción, requieren más personal y apoyo técnico, profesional y administrativo para su ejecución eficaz. Considera que las medidas anunciadas representan una amenaza para los espacios protegidos y que los recortes propuestos son una puerta abierta al ecocidio. Advierte que estas políticas de ajuste van en contra de los esfuerzos de generar empleo verde, contraviniendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. En conclusión, son una condena a la política de cuidado del medio ambiente, especialmente en las Áreas Protegidas bajo la administración de Parques Nacionales.