TikTok, Instagram y Facebook, bajo fuego en Argentina: el plan para que las redes sean menos adictivas en los chicos

La presencia masiva de plataformas digitales en la vida cotidiana de niños y adolescentes abrió un frente de preocupación social, sanitaria y educativa. El uso intensivo de redes sociales puede afectar el desarrollo cognitivo, ampliar la exposición a sitios de apuestas y facilitar el contacto con adultos que buscan vulnerar a menores de edad. Frente a ese escenario, diputados nacionales presentaron un proyecto de ley orientado a poner límites a las grandes compañías tecnológicas, con obligaciones concretas para las plataformas y nuevas herramientas de protección para las familias. La discusión ya no se reduce al mundo digital: también interpela a la responsabilidad empresarial, al rol del Estado y a la necesidad de construir una economía que respete los derechos humanos desde la infancia.

Una respuesta política ante riesgos que crecen en línea

El proyecto fue presentado oficialmente el 9 de junio en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). El acto estuvo encabezado por el diputado nacional Nicolás Trotta y contó con la participación de la diputada Roxana Monzón y de los legisladores Pablo Yedlin y Hugo Yasky. Especialistas de la Argentina, Uruguay y España debatieron allí sobre los riesgos que enfrentan las nuevas generaciones en Internet y sobre la urgencia de una política pública específica.

La iniciativa apunta a tres problemas centrales: grooming, ludopatía digital y consumo compulsivo de pantallas. El grooming implica el contacto deliberado de un adulto con un menor, muchas veces mediante perfiles falsos, con fines de abuso sexual. La ludopatía virtual, en tanto, se expandió entre adolescentes a través de apuestas deportivas, casinos en línea y sistemas de pago de uso extendido. A su vez, los diseños algorítmicos que premian la atención permanente pueden derivar en alteraciones del sueño, bajo rendimiento escolar y cuadros de ansiedad. El texto legislativo propone estándares obligatorios de seguridad y privacidad para las plataformas disponibles en el país.

Obligaciones para las plataformas y más control para las familias

El proyecto establece reglas diferenciadas por edad y eleva el nivel de responsabilidad legal de las empresas que operan en la Argentina. Entre sus puntos principales, prohíbe mecanismos o algoritmos diseñados para inducir consumos adictivos o compulsivos en personas menores de edad. También veta la publicidad de juegos de azar dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Para enfrentar el ciberacoso, la norma exige sistemas de verificación de identidad más estrictos. Además, obliga a las plataformas a aplicar inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo, cuentas falsas y posibles situaciones de autolesión. Otro eje clave es la obligación de que las compañías internacionales cuenten con domicilio legal, sede societaria y presencia tributaria permanente en el país. De ese modo, las firmas deberán responder ante tribunales argentinos por eventuales incumplimientos y no podrán ampararse en estructuras jurídicas lejanas o en oficinas ubicadas fuera de la jurisdicción local.

Trotta planteó la discusión en términos de poder económico y responsabilidad pública. “La tecnología no es neutral. Y cuando hay lucro, también debe haber responsabilidad”, afirmó. También remarcó que “el Estado no puede renunciar a regular a empresas que tienen un enorme impacto sobre nuestra sociedad”. Luego cerró con una definición política: “No todo tiene precio cuando está en juego el bienestar y el desarrollo saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

El negocio de la atención y el límite estatal

La falta de límites en el entorno digital también abre un debate sobre responsabilidad civil y ética empresarial. Buena parte del modelo de negocio de las plataformas se basa en retener usuarios durante la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando ese diseño impacta en menores de edad, la intervención estatal aparece como una herramienta para equilibrar una relación profundamente desigual entre corporaciones globales y familias.

Luis Lubeck, mentor educativo de la ONG Argentina Cibersegura, destacó ante Economía Sustentable la importancia de un marco regulatorio serio y eficiente. Según el especialista, “desde un punto de vista de ciudadana digital y proteger los derechos, principalmente de niños y niñas y adolescentes, es positivo incorporar en el debate algunos mecanismos que busquen alinear algún incentivo económico entre las plataformas y el bienestar de los usuarios”.

En ese esquema, la protección de la niñez suele quedar relegada frente a la rentabilidad. Para Lubeck, el proyecto atiende esa falla porque “apunta directamente a la protección de usuarios vulnerables, principalmente niños, niñas y adolescentes”. La propuesta impone configuraciones de máxima privacidad desde el inicio para las cuentas de menores de edad.

La regulación, sin embargo, no reemplaza el rol adulto. La prevención también requiere acompañamiento familiar, educación digital y decisiones responsables. En esa línea, Lubeck advirtió: “No se trata de demonizar la tecnología, sino de aprender a usarla para cuidarnos. La seguridad digital también depende de nuestras propias decisiones”.

Verificación de identidad e inteligencia artificial

La aplicación de controles de edad e identidad despierta controversias técnicas y jurídicas. Algunas empresas sostienen que resulta difícil verificar la edad real de los usuarios sin afectar la privacidad de la población adulta. Sin embargo, el desarrollo tecnológico disponible permite pensar en mecanismos más seguros, con menor exposición de datos y mayor eficacia preventiva.

Lubeck señaló el riesgo de plataformas sin filtros suficientes: “La falta de verificación técnica permite que cualquier menor cree un usuario y comience a jugar”. Esa debilidad favorece el acceso de menores a apuestas en línea y también aumenta la exposición a perfiles falsos que pueden derivar en situaciones de acoso o abuso.

La propuesta incorpora el uso obligatorio de inteligencia artificial como recurso de prevención. Estos sistemas pueden detectar patrones de conducta anómalos, lenguaje incompatible con la edad declarada o interacciones sospechosas con cuentas de menores. Las grandes plataformas ya cuentan con capacidad técnica para desplegar barreras más eficaces, aunque esos controles podrían reducir tráfico, permanencia e ingresos comerciales.

La alfabetización digital completa ese esquema. Lubeck recomendó prudencia antes de publicar información personal o imágenes en Internet: “Tenemos que pensar dos veces antes de compartir información sensible. Si ese dato se llegara a viralizar, ¿Me generaría un problema? Si la respuesta es sí, mejor no compartirlo”.

Datos personales, rentabilidad y sanciones

Detrás de la falta de protección infantil también existe una matriz económica. Las plataformas recolectan grandes volúmenes de datos personales para alimentar modelos de publicidad segmentada. Cuando esa extracción alcanza a niñas, niños y adolescentes, el debate incorpora una dimensión ética y fiscal de alto impacto.

Lubeck sintetizó así esa lógica: “Si el producto es gratis, el producto somos nosotros”. En la economía digital actual, la información privada de los usuarios, incluso la de los más chicos, constituye uno de los activos más valiosos para las compañías de Internet.

El proyecto prevé sanciones económicas relevantes para las empresas que incumplan. Desde el sector tecnológico, algunos actores advierten sobre posibles efectos en la innovación. Lubeck, en cambio, planteó una mirada de equilibrio: “También hay que tener en cuenta que cualquier esquema tributario o sanciones no debería ir en contra de la innovación o la inversión tecnológica en el país. Esta tasa en particular y el régimen de multas puede generar desde allí incentivos para revisar buenas prácticas”.

La regulación también puede abrir nuevas demandas laborales. Auditorías independientes, moderación humana, desarrollo de software y ciberseguridad forman parte de un ecosistema de empleo calificado que podría crecer al calor de reglas más exigentes. Lubeck lo resumió así: “Las revoluciones industriales desde ya reemplazan trabajadores esto es innegable, pero también generan nuevos puestos de trabajo más tecnificados”. En esa clave, la protección de las infancias puede integrarse con una agenda de economía sustentable y trabajo especializado en la Argentina.

Australia y Francia como referencias regulatorias

La propuesta argentina dialoga con medidas adoptadas por otras democracias. Australia y Francia avanzaron con normas específicas para reducir la exposición de menores a plataformas digitales y exigir mayores responsabilidades a las empresas tecnológicas.

Australia aplicó la Online Safety Act y endureció su marco regulatorio con reformas aprobadas hacia fines de 2024. Ese modelo prohíbe el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, incluso si existe autorización de padres o tutores.

Las autoridades australianas exigen a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X la baja de cuentas pertenecientes a menores de esa edad. La supervisión queda a cargo del eSafety Commissioner, con facultades para aplicar multas millonarias ante incumplimientos. El país también extendió verificaciones técnicas de edad para restringir el acceso infantil a sitios de contenido adulto y a ciertos sistemas de inteligencia artificial.

El modelo francés y el rol de las familias

Francia aprobó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de quince años. La iniciativa obtuvo amplio respaldo parlamentario, con ciento treinta votos a favor y veintiuno en contra en la cámara baja.

A diferencia de Australia, el esquema francés admite el acceso si existe permiso verificado de madres, padres o tutores. El presidente galo Emmanuel Macron defendió la medida con un mensaje enfático: “El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”.

La legislación francesa contempla multas severas, equivalentes hasta al uno por ciento de la facturación global mensual de las empresas que no implementen mecanismos de verificación de edad. También exige que teléfonos celulares y dispositivos similares comercializados en el país incluyan controles parentales desde fábrica.

El proyecto argentino toma referencias de esos antecedentes, pero busca una arquitectura propia. No replica la prohibición absoluta australiana ni se limita al permiso familiar francés. Su diferencial aparece en la exigencia de domicilio jurídico local, presencia societaria y responsabilidad patrimonial en la Argentina, una condición clave para que las sanciones no queden en el plano declarativo.

Una agenda de soberanía digital y cuidado infantil

La sustentabilidad social exige respuestas frente a modelos tecnológicos que maximizan la atención sin asumir plenamente sus consecuencias. En especial, cuando esos modelos alcanzan a niñas, niños y adolescentes en etapas decisivas de su desarrollo emocional, educativo y vincular.

La iniciativa presentada en Diputados instala una discusión de fondo sobre soberanía digital, responsabilidad empresarial y cuidado de las infancias. La combinación de regulación estatal, controles técnicos, presencia legal efectiva y educación familiar puede ayudar a construir un entorno en línea más seguro. Para la Argentina, el desafío consiste en proteger derechos sin desalentar innovación, con una premisa clara: el desarrollo tecnológico no puede avanzar a costa del bienestar de las próximas generaciones.