Chaco: la Justicia ordenó la suspensión “inmediata” de todos los desmontes
Una asociación de abogados ambientalistas logró una medida cautelar para frenar los desmontes en la provincia. Es por tres meses. Qué dice el fallo judicial.
En un giro significativo para la preservación del monte chaqueño, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, dictó una medida cautelar que ordenó la suspensión inmediata de todos los desmontes en la provincia del Chaco a la vez que impulsó una investigación donde aparecen imputados funcionarios, legisladores provinciales y empresarios.
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La medida tiene una vigencia inicial de tres meses, con posibilidad de extensión, y representa un “hito en la lucha contra la deforestación ilegal en la región”.
La decisión judicial responde a la denuncia penal presentada el 3 de julio por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la cual expone “un esquema de corrupción sistémica que involucra a funcionarios públicos y empresarios en la devastación del monte chaqueño”.
“La megadenuncia penal que presentamos el pasado 3 de julio contra funcionarios públicos, diputados y empresarios, devela el aceitado mecanismo de corrupción público/privado que lucra con la destrucción del monte chaqueño. En la misma, habíamos solicitado el inmediato dictado de una medida cautelar para la suspensión de los desmontes, lo cual la Jueza acaba de conceder”, precisaron en su cuenta de Isntagram.
Quiénes están acusados en la denuncia de los desmontes en Chaco
Entre los acusados se encuentran figuras como Hernán Halavacs, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco; Miguel Ángel López, ex Director de Bosques de la Provincia y empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio; y Atlanto Honcheruk, empresario forestal y Diputado provincial.
¿Qué delitos se les imputó a los acusados? Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Qué dice la resolución de la Justicia sobre los desmontes
La jueza ordena al Poder Ejecutivo de Chaco, al Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, “incluyendo aquellos ya autorizados pero no ejecutados”, y “prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en todo el territorio provincial”.
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La denuncia penal acusa a funcionarios públicos, diputados y empresarios de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Además, se aplica la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica la investigación de empresas como VICENTIN, LAS GUINDAS, ESTABLECIMIENTO MONTERREY, y otras.
“Un respiro para el Monte Chaqueño y su gente! Seguiremos hasta desarticular a la Mafia del Desmonte”, destacaron desde la Asociación.
Por qué se inició esta causa
El 3 de julio, por una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunció posibles contactos entre funcionarios y empresarios quienes habrían posibilitado la tala indiscriminada de bosques nativos en la provincia. El 15 de agosto el fiscal federal Patricio Sabadini investigó el caso, que se basa en la redacción y sanción de la ley provincial 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que es la norma que habría posibilitado la tala de bosques para el beneficio económico de un grupo reducido y en perjuicio de la sociedad.
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Durante el escrito, se remarca que la misma Dirección Nacional de Bosques dependiente de la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, en su rol de Área Técnica de la Autoridad Nacional de Aplicación, sobre la documentación presentada por la Autoridad Local de Aplicación (ALA) en la provincia, se analizó la nueva Ley 4005-R, “concluyendo la existencia de diversas irregularidades en los aspectos jurídicos, metodología de categorización de bosques nativos, el mapa de bosques y en el análisis en torno a la pérdida del bosque nativo entre otros aspectos”.
De dicho informe, se desprende que la provincia del Chaco es una de las más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera. “La pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley 26331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en el año 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas. De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte: 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación”, precisaron.
