Activistas de Greenpeace bloquearon una topadora para frenar un desmonte de 700 hectáreas en Salta
La intervención busca frenar la deforestación y cuestiona los recortes presupuestarios y los cambios propuestos para la Ley de Bosques.
Activistas bloquearon una topadora que realizaba tareas de deforestación en una finca de Salta, donde, según denunció la organización, estaba previsto desmontar unas 700 hectáreas de bosque nativo. La intervención se realizó a unos 50 kilómetros de Orán y volvió a poner en discusión el alcance de la Ley de Bosques Nativos que alerta Greenpeace Argentina y la responsabilidad del Estado en la protección de los ecosistemas frente al avance de la actividad agropecuaria.
La acción tuvo lugar el 4 de noviembre, luego de que la organización detectara el desmonte mediante imágenes satelitales y sobrevuelos. Durante la protesta, los activistas se interpusieron entre la maquinaria y la superficie forestal para impedir que continuaran los trabajos. También colocaron un dispositivo de bloqueo en las palancas de manejo de la topadora, instalaron una faja con la inscripción “crimen ambiental” y desplegaron un cartel con el mensaje “La Ley de Bosques no se toca”.
La intervención no fue un reclamo aislado. Greenpeace vinculó el avance de la deforestación con las discusiones sobre el presupuesto nacional para 2027 y una posible modificación de la normativa que establece los criterios de conservación de los bosques nativos. Para la organización, ambos movimientos podrían debilitar los mecanismos de protección ambiental en una de las regiones más afectadas por la pérdida de cobertura forestal del país.
La Ley de Bosques, en el centro del conflicto por los desmontes
El reclamo apunta directamente a la Ley 26.331, sancionada en 2007, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos y obliga a las provincias a ordenar sus territorios según el valor de conservación de cada área.
Sin embargo, su aplicación enfrenta dificultades tanto por la falta de financiamiento como por las presiones para flexibilizar las restricciones a los desmontes. Greenpeace cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo porque, según su análisis, contempla apenas el 4% de los recursos que deberían destinarse al cumplimiento de la normativa.
El financiamiento de la ley es clave para sostener los controles sobre la deforestación ilegal, prevenir y combatir incendios forestales y desarrollar acciones de conservación. Su debilitamiento limita la capacidad de las autoridades para fiscalizar las actividades que avanzan sobre los territorios protegidos.
A este escenario se suma una propuesta de modificación de los artículos 13 y 14 de la legislación, vinculados con las autorizaciones de desmonte y las restricciones sobre las áreas de mayor valor ambiental. Según Greenpeace, los cambios permitirían ampliar del 20% al 80% la superficie de bosques nativos en la que podrían habilitarse desmontes.
Actualmente, el ordenamiento territorial clasifica los bosques en tres categorías de conservación. Las áreas incluidas en las categorías I (rojo) y II (amarillo) tienen restricciones que impiden autorizar desmontes, mientras que la categoría III (verde) permite determinadas intervenciones bajo las condiciones establecidas por cada provincia. Una flexibilización de esos criterios podría modificar de manera sustancial el alcance de la protección vigente.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, cuestionó la falta de controles provinciales y el respaldo político a los cambios propuestos.
“Mientras el gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido”, advirtió.
La deforestación en Argentina ya supera los siete millones de hectáreas perdidas
El episodio de Salta se inscribe en un proceso de degradación forestal que lleva décadas y que tiene su principal foco en el norte argentino. De acuerdo con datos de la Dirección de Bosques de la Nación citados por Greenpeace, entre 1998 y 2024 desaparecieron más de siete millones de hectáreas de bosques nativos. La superficie equivale aproximadamente a la extensión de la provincia de Formosa.
Alrededor del 75% de esa pérdida se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, cuatro provincias que forman parte de la región del Gran Chaco. Se trata de uno de los ecosistemas forestales más importantes de Sudamérica, cuya transformación afecta tanto a la biodiversidad como a las actividades productivas y los medios de vida de las comunidades que habitan esos territorios.
A las cifras históricas se suma el monitoreo más reciente de la organización. Según sus registros satelitales, la deforestación en el norte argentino superó las 73.000 hectáreas durante 2026. Greenpeace también señaló que más de 60.000 hectáreas fueron afectadas por incendios forestales en la Patagonia.
La pérdida de bosques no implica solamente la desaparición de árboles. La transformación de estos ecosistemas reduce los hábitats disponibles para numerosas especies, fragmenta los ambientes naturales y altera la capacidad del suelo para absorber y retener agua. También incrementa la exposición de las poblaciones a inundaciones, procesos de desertificación y otros impactos asociados a la crisis climática.
Entre las especies amenazadas por la degradación de estos territorios se encuentra el yaguareté. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, además del Estado nacional, por la destrucción del hábitat de este felino en el Gran Chaco argentino.
La organización sostiene que quedan menos de 20 ejemplares en esa región, según estimaciones científicas. Aunque el máximo tribunal aceptó su competencia para intervenir en el expediente, todavía no existe una resolución sobre el fondo del planteo.
En paralelo, Greenpeace lanzó la iniciativa “República de los Siete Bosques”, una campaña que busca reunir a ciudadanos para reclamar por la conservación del Gran Chaco, la Selva Misionera, las Yungas, el Bosque Andino Patagónico, el Espinal, el Monte y el Delta e islas del río Paraná.
