CABA declara la emergencia hídrica ante las lluvias extraordinarias por El Niño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de declarar la emergencia hídrica y climática ante la previsión de lluvias extraordinarias y tormentas severas asociadas al fenómeno climático de El Niño.

La medida que decidió tomar la administración que dirige Jorge Macri busca anticipar y reducir sus efectos en una ciudad donde el suelo impermeabilizado acelera el escurrimiento y las sudestadas pueden dificultar la descarga de los desagües. Mientras, el Gobierno nacional difundió recomendaciones para la población ante El Niño.

El objetivo es darle prioridad a las zonas críticas y los barrios populares para las tareas de prevención y las obras destinadas a reducir el riesgo de anegamientos.

Por lo menos así surge de analizar el contenido de la Ley 7.009 de emergencia hídrica y climática por El Niño, que se publicó este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial porteño junto con el Decreto 381/26, por el que el jefe de Gobierno la promulgó el día anterior.

La norma, que había sido aprobada por la Legislatura de la Ciudad el 29 de octubre pasado con 53 votos a favor y dos abstenciones, establece que el período de emergencia regirá desde el 6 de noviembre hasta el 31 de mayo de 2027.

Hasta esa fecha, el gobierno porteño queda habilitado para reorganizar recursos, financiar intervenciones y asistir a quienes sufran daños directos, teniendo en cuenta que las fuertes precipitaciones pueden desbordar la red y arrastrar residuos hacia los arroyos.

Se trata de una decisión que tendrá impacto en las 15 comunas que abarca la Ciudad, con prioridad en las zonas de mayor riesgo.

Según el Censo 2022 de población, superficie y densidad por comuna, en esas zonas viven 3.121.707 personas distribuidas en 204 kilómetros cuadrados, con una densidad media de 15.301 habitantes por kilómetro cuadrado.

Si la actividad diaria también incluye a quienes llegan a trabajar desde fuera del distrito, el informe sobre el mercado laboral porteño del segundo trimestre de este 2026 registró 1.613.000 residentes ocupados, cumplan tareas dentro o fuera de la Ciudad.

Por qué el plan prioriza las zonas más críticas

El alcance de la ley es general y la exposición a las inundaciones varía según la cuenca, teniendo en cuenta que el diagnóstico porteño de riesgo hídrico ubica entre los sectores más expuestos a áreas del sur, sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, y del centro de la Ciudad, aunque la norma da prioridad a las zonas críticas y los barrios populares.

De hecho, en el diagnóstico sobre lluvias intensas, sudestadas e impermeabilización presentado en la Legislatura, el Ejecutivo porteño expuso el escenario que motivó la medida, que también busca proteger la infraestructura nuclear de inundaciones.

El informe fue elaborado, entre otros, por Gimena De Franco, directora general del Sistema Pluvial, y Facundo Lombardo, subsecretario de Proyectos y Obras, y advierte que la Ciudad se prepara para un episodio de El Niño que estima de intensidad muy fuerte y que podría extenderse hasta mediados de 2027.

También se advierte que el calentamiento del Pacífico ecuatorial que caracteriza a esa fase suele favorecer lluvias por encima de lo habitual en la región de Buenos Aires. Además, se aclara que la cantidad de agua que llega a los desagües depende de cómo está urbanizada cada cuenca.

Por caso, en los sectores con más asfalto y hormigón, una mayor proporción de la lluvia corre por las calles y llega a los sumideros en menos tiempo debido, entre otros factores, a que la escasa pendiente dificulta el escurrimiento natural.

En el documento también se señala que el pliego hidráulico de la cuenca del arroyo Cildáñez, que se ubica en el suroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires y forma parte de la gran cuenca Matanza-Riachuelo, identifica otra condición que puede agravar las inundaciones.

Si una lluvia intensa coincide con una sudestada, la suba del Río de la Plata puede dificultar la descarga del sistema pluvial justo cuando recibe más agua.

Cabe recordar que el retiro de sedimentos en el arroyo Cildáñez es una intervención previa a la declaración de emergencia ya que los trabajos comenzaron a fines de 2024 con el dragado de la desembocadura y contemplan retirar más de 37.000 metros cúbicos de material acumulado.

La Ciudad informó que la limpieza del conducto y el dragado buscan recuperar capacidad de escurrimiento y reducir los anegamientos aguas arriba.

Esta descripción oficial del funcionamiento de la red pluvial porteña explica cómo ese escurrimiento arrastra residuos de las calles y advierte que parte de la basura queda en las rejillas o los conductos dificultando el paso del agua.

En el caso de la que sigue por la red, puede alcanzar los arroyos y llegar al Riachuelo o al Río de la Plata y si el sistema queda sobrepasado, el agua puede acumularse en calles y pasos bajo nivel, ingresar en viviendas y comercios e interrumpir la circulación y el acceso a servicios.

Despejar los desagües en barrios expuestos

En el mismo sentido, el artículo 9 de la norma ordena priorizar las zonas críticas y los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares, al que la Ciudad adhirió mediante la Ley 6.760.

Entre las tareas figuran desobstruir redes cloacales, instalaciones pluviales y sumideros, asignar bombas móviles y aumentar la frecuencia de recolección de residuos.

Las medidas se basan en comprender que la limpieza libera el paso del agua donde hay obstrucciones y el refuerzo de la recolección retira parte del material que la lluvia puede arrastrar, mientras que las bombas permiten evacuar agua acumulada en puntos bajos donde hay una descarga disponible.

En esas mismas zonas, la norma contempla reparar socavones, completar conexiones pendientes de agua y cloacas y pavimentar calles de tierra, pero aclara que la prioridad se aplica sin postergar las intervenciones necesarias en el resto de la Ciudad.

En los considerando de la ley, el diagnóstico oficial identifica la impermeabilización como un factor que aumenta el caudal que llega a los desagües y señala que en las obras de pavimentación, el tipo de superficie y el drenaje que la acompaña inciden en el volumen de agua que deberá recibir la red.

El Ejecutivo también informó trabajos en las cuencas del Cildáñez y San Pedrito para reducir anegamientos en sectores de Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.

En paralelo, se desarrollará un operativo de prevención con 177 puntos de monitoreo en las 15 comunas que incluye 83 puestos fijos en pasos bajo nivel y puentes y 94 puntos dinámicos para controlar desagües, estaciones de bombeo y posibles anegamientos.

Al respecto, la Dirección de Defensa Civil coordina el despliegue a partir de las alertas meteorológicas, las mediciones de los arroyos y los reportes en terreno.

Cómo es el plan que implica mover fondos y reorganizar personal

La ley que fundamenta el impacto de la emergencia hídrica alcanza a la administración central del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a las comunas, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

Dentro de sus competencias, sus autoridades podrán modificar transitoriamente horarios y lugares de trabajo y reasignar agentes entre áreas o servicios.

La norma también hace mención a la necesidad de que se procure utilizar y reorganizar los recursos existentes, aunque aclara que los cambios preservan la situación de revista de los agentes, que deberán retomar sus horarios habituales y su lugar de trabajo al finalizar la emergencia.

Además, le da potestades al Ministerio de Hacienda y Finanzas para transferir a Rentas Generales, dentro de la Cuenta Única del Tesoro, recursos con asignación específica.

La facultad abarca tanto los saldos existentes como los ingresos que se perciban durante la vigencia de la ley.

Hacienda también podrá reasignar partidas e incorporar al presupuesto los mayores ingresos que resulten de esas medidas.

Para esas reasignaciones, la norma exceptúa dos restricciones de la Ley 70 como limitar los cambios entre funciones del presupuesto y restringir el aumento del gasto corriente a costa del gasto de capital o de las aplicaciones financieras.

La ley también permite a la sociedad estatal Autopistas Urbanas (Ausa), a destinar ingresos netos de su concesión a obras de infraestructura que le encomiende la autoridad de aplicación o transferirlos a Rentas Generales para reducir los efectos de los eventos meteorológicos.

La facultad se aplica una vez cubiertas las obligaciones necesarias para el funcionamiento de la red vial y deja a salvo lo dispuesto por los artículos 2 y 9 de la Ley 3.060, que regula la concesión.

El seguimiento quedará a cargo de una comisión especial de 11 integrantes que será conformada por el presidente y las dos vicepresidencias de la Comisión de Presupuesto, junto con otros ocho legisladores que designará la Vicepresidencia Primera de la Legislatura, en proporción a la representación de los bloques.

Este organismo podrá pedir información, formular observaciones y recomendaciones, producir informes y examinar las propuestas de subsidios y de priorización de obras que se sometan a su consideración, y también deberá informar a la Legislatura sobre las medidas y sus resultados.

Por qué la asistencia monetaria está condicionada

En otro orden, la ley faculta al Ejecutivo porteño a implementar un régimen especial de subsidios, en articulación con la comisión legislativa, que podrán recibir personas humanas y jurídicas que acrediten daños directos en inmuebles ubicados en la Ciudad o en automotores radicados en el distrito.

La cobertura contempla daños causados por vientos intensos, granizo, actividad eléctrica, caída de árboles, ramas, objetos o estructuras y otras manifestaciones de los eventos meteorológicos severos alcanzados por la emergencia.

Para otorgar la ayuda, la ley prevé dos opciones siendo la primera que el organismo técnico porteño certifique una alerta meteorológica o hidrológica roja, mientras que la segunda es una decisión fundada de la autoridad de aplicación a partir de informes técnicos que documenten impactos directos sobre las personas, los bienes o el ambiente.

La norma aclara que el subsidio será un aporte por única vez y sin devolución y que la autoridad de aplicación fijará el monto, la modalidad de pago, los requisitos y las incompatibilidades.

Para hacerlo deberá considerar la naturaleza y la magnitud del daño acreditado, la vulnerabilidad económica del solicitante y los demás criterios objetivos que establezca.

El Banco Ciudad, por su parte, podrá ofrecer créditos a tasa preferencial a personas humanas, consorcios de propiedad horizontal y establecimientos comerciales directamente afectados.

Los préstamos podrán cubrir total o parcialmente la reparación de inmuebles y la reparación o reposición de automotores.

Cuándo CABA declaró la emergencia climática

La Ciudad ya había declarado emergencias por inundaciones y por la suba de las napas en otros años, como la que se ordenó mediante la sanción del Decreto 1.701 de 2001 sobre la emergencia de la red pluvial y vial.

La norma se dictó durante la gestión de Aníbal Ibarra, después de que los anegamientos expusieran deficiencias en los desagües y deterioro en las calles.

La medida convocó a una licitación para obras de prevención, entre ellas reservorios e instalaciones vinculadas con la red pluvial.

Luego, en el 2002, la Ley 869 de emergencia hídrica freática abordó un problema de aguas subterráneas y dispuso que la Ciudad buscara coordinar con la Nación y la provincia de Buenos Aires un estudio de los acuíferos metropolitanos.

En abril de 2013, el Decreto de Necesidad y Urgencia 1/2013 sobre subsidios por el temporal creó un régimen especial para los damnificados por las lluvias del 1 y 2 de abril, ayuda que se limitó a los daños de un episodio ya ocurrido.

En cambio, la nueva norma habilita medidas preventivas ante el pronóstico de El Niño y deja a la autoridad de aplicación la identificación de los eventos que quedarán cubiertos por el régimen de asistencia.