La refinería Shell Raizen de Dock Sud (propiedad en un 50% del grupo Cosan y la anglo holandesa Shell) tiene por costumbre el incumplimiento de normas ambientales con consecuencias irreversibles tanto para sus trabajadores y trabajadoras como para los vecinos de la zona. Así lo denuncia Gabriel Michel, un ex brigadista especializado en incendios industriales que fue echado en 2025 pero también el propio Estado nacional, autoridad jurisdiccional que debería controlar a la empresa para que tome las medidas necesarias (esto se traduce en inversión) que le ponga freno al proceso de contaminación y los incumplimientos vinculados a la Resolución 12/2019 de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). La refinería cuenta con cinco expedientes abiertos y vigentes por diferentes incumplimientos vinculados al vertido de efluentes líquidos que contaminan el Río de la Plata (2018 – 2025). Así consta en el último informe presentado por el jefe de Gabinete, el devaluado Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. Además de estos expedientes, el funcionario reconoció que recientemente se habían detectado “nuevas causales de contaminación”. Antes varias preguntas formuladas por los legisladores del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), el Estado nacional dejó por escrito lo siguiente: “Recientemente se han detectado nuevas causales de contaminación”. El informe continuó con una descripción detallada de la situación, según puede leerse en la página 147 del informe (respuesta a la pregunta 182): La refinería de Dock Sud enfrenta múltiples expedientes por presuntos incumplimientos ambientales vinculados al vertido de efluentes contaminantes y derrames que afectan al Río de la Plata, mientras trabajadores y vecinos denuncian prácticas sistemáticas de contaminación Utilización de agua de enfriamiento con fines de dilución de efluentes industriales, práctica expresamente prohibida por la normativa vigente de ACUMAR. Deficiencias en la operación de la planta de tratamiento de efluentes líquidos (PTEL). Evidenciadas en la falta de controles operativos adecuados Bajo rendimiento de los procesos de tratamiento y presencia de contaminantes en los vertidos. Eventos de contaminación, incluyendo derrames de hidrocarburos con afectación del Río de la Plata y resultados analíticos que superan significativamente los límites admisibles, lo que evidencia fallas operativas y riesgos ambientales concretos. Fue el propio Estado nacional quien confirmó las nuevas causales de contaminación de la refinería, a la que solo atina a multarla económicamente sin ninguna otra medida de remediación ambiental. ¿Será por eso que Shell Raizen no quiere reincorporar a los trabajadores echados por ser considerados “protectores ambientales”, según las disposiciones del Acuerdo de Escazú? El informe de la Jefatura de Gabinete también dio cuenta de al menos cinco expedientes vigentes por los incumplimientos a la Resolución 12/2019 de Acumar. En uno de ellos, EX-2025-70725387-APN-SG#ACUMAR, iniciado el 7 de julio de 2025, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo encontró que la empresa estaba utilizando agua para dilución, a efectos de disminuir la concentración de los parámetros de calidad del vertido de efluentes líquidos. La refinería cuenta con otro expediente sancionatorio iniciado el 20 de marzo de 2023 (EX-2023-30287108-APN-SG#ACUMAR) por el incumplimiento a los límites admisibles de vertido conforme a lo establecido por la normativa vigente de Acumar y otros tres más también vinculados al vertido de líquidos contaminantes. Los incumplimientos a las normativas ambientales son una práctica sistemática de la refinería Shell Raizen, que actúa bajo la mirada permisiva de las propias autoridades nacionales y provinciales más allá de los expedientes administrativos mencionados que solo contemplan la aplicación de una multa fácilmente cancelable para un grupo económico transnacional, que además se encuentra en un proceso de venta hacia otro grupo económico (la suiza Mercuria Energy e Integra Capital, del Grupo Manzano). “La industria petrolera es contaminante en sí misma” El conflicto también abrió un debate sobre derechos laborales y ambientales, luego de que la Justicia citara el Acuerdo de Escazú para reconocer a trabajadores despedidos como “defensores ambientales” por denunciar riesgos y contaminación dentro de la planta Gustavo Michel trabajó 17 años como operario y brigadista (bombero) especializado en incendios industriales dentro de la refinería de la empresa Shell Raizen, ubicada en Dock Sud. Conoce por dentro los problemas ambientales creados por la compañía ya sea por la contaminación sistemática sobre la Cuenca Matanza del Riachuelo o por los daños generados tanto en las viviendas aledañas, como en los propios cuerpos de los trabajadores y trabajadoras de la refinería. “La industria petrolera es contaminante en sí misma. Y la refinería aún más. Estudios médicos que habían sido encargados por la propia empresa hace varios años atrás arrojaron que varios compañeros estaban contaminados con agentes cancerígenos. Esto es lo que empezamos a denunciar dentro de la refinería y por eso me echaron en dos oportunidades, la última en 2025. A los dos meses de que me despiden, muere un compañero luego de un feroz incendio”, explicó Guillermo Michel en diálogo con Economía Sustentable. Lo que quedó en evidencia con el informe de la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados –una práctica sistemática de contaminación e incumplimiento de normas ambientales- también había sido reiteradamente denunciado por Michel y su organización sindical (la lista naranja del Sindicato de Petróleo y Gas de Avellaneda). “Lo primero que denunciamos fue la presencia de agentes cancerígenos en los cuerpos de nuestros propios compañeros de trabajo. Después suceden otro tipo de cosas atroces. La planta de Cocker, lugar donde se procesa carbón de petróleo y distintos tipos de destilados, vino de Holanda por no cumplir con las normas de ese país. Esto generó, en su momento, un fuerte rechazo de los vecinos. No por nada le dicen Villa Inflamable al lugar donde viven. Un ejemplo de la contaminación lo viven los vecinos cuando cuelgan la ropa en sus patios luego de lavarla. A las pocas horas aparece toda manchada de polución. Parece algo menor, pero no lo es. La contaminación es sistemática”, agregó Michel. Un dogma de estos tiempos, flexibilización laboral mediante, obliga a los trabajadores a realizar sus labores de manera rápida, acelerada, en nombre de la productividad. Time is money pero también un riesgo. – Cuando son apurados a terminar un mantenimiento sobre un silo de almacenaje de combustible, ¿qué riesgos ambientales se corren?-, preguntó Economía Sustentable. – En línea con la flexibilización laboral generalizada, nos obligan a acelerar los trabajos dentro de la propia refinería. Por esos apuros, nos ha pasado de no poder controlar contaminantes que caen al suelo y que luego salen por los desagües de la refinería. Así se contamina el agua Río de la Plata. Para esta empresa, sus trabajadores somos algo descartable, estamos ahí para rompernos y contaminarnos. La defensa ambiental y el acuerdo de Escazú Gabriel Michel y Pablo Placeriani fueron reincorporados como trabajadores dentro de la refinería con sendos fallos judiciales emitidos entre julio y octubre del año pasado. Recientemente, la jueza Stella Maris Vulcano intimó penalmente al CEO de Shell-Raizen, Andrés Cavallari, para cumplir el mandato. Además de esta decisión, el proceso arrojó otro aspecto bastante inédito para la jurisprudencia local, la mención explícita dentro del fallo al Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, rubricado por el país en 2018. La sentencia de la cautelar del 17 de octubre de 2025 firmada por María Cecilia Hockl y Enrique Catani menciona en sus fundamentos el Acuerdo de Escazú para argumentar sobre la relevancia que poseen los trabajadores como “defensores ambientales”. “Que un fallo judicial haga expresa mención del Acuerdo de Escazú es muy importante ya que implica, por un lado, que la Justicia Laboral recepta por primera vez un acuerdo internacional que protege a las personas que defienden el ambiente marcando un precedente muy importante. Esta es la primera vez que la Justicia Laboral determina que los despidos fueron discriminatorios por su rol sindical político y ambiental, ya que son quienes denunciaron las actividades contaminantes de la refinería de Shell en Dock Sud”, argumentó la abogada Melina Acevedo, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en diálogo con Economía Sustentable. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú se denomina “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”. “Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de sus derechos”, puede leerse en el texto del acuerdo. “Que el Acuerdo de Escazú haya sido haya sido incluido como fundamento de una sentencia judicial también es relevante para los vecinos de Villa inflamable que sufren la contaminación de Shell-Raizen de manera cotidianamente. El Estado tiene la obligación de protegerlos”, concluyó Acevedo.
Sebastián Premici