AySA pasa a manos privadas con importantes desafíos ambientales pendientes

Tras conocerse la empresa ganadora que se quedará con Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA) surgieron varias preguntas: ¿Qué pasará con las obras del sistema riachuelo? ¿Qué ocurrirá con el derecho inalienable del acceso al agua cuando un usuario no pueda pagar el servicio? ¿Quién controlará la provisión de cloro utilizado para el saneamiento del agua que sale del río? Estas fueron algunas de las advertencias realizadas por Andrés Nápoli, titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en diálogo con Economía Sustentable.

El consorcio integrado por Rowing S.A (Walter Román), Transclor (grupo Filiberti, socio de Vila-Manzano en Edenor y proveedor de cloro), Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua se quedó con el 90% de las acciones de AySA, luego de presentar una oferta por 340,2 millones de dólares.

El valor de la empresa fue fijado por una tasación del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) que se mantuvo en secreto, según denunciaron las diputadas Ana María Ianni, Florencia Carignano y los senadores Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Esto resulta clave porque al no conocerse la tasación oficial de la empresa, los legisladores tampoco accedieron a la información sobre las obras claves para la ampliación de cloacas y saneamiento, la pesada agenda ambiental de AySA que hereda la gestión privada.

“Todo lo vinculado a AySA tiene que ver con el saneamiento de las cuencas contaminadas, como la del Riachuelo. La cuestión del plan de obras es clave para esto. Por eso a la empresa se la estatizó en 2005. A partir de ahí se realizaron obras que se complementaron con el fallo de la Corte Suprema sobre el saneamiento del Riachuelo. Ahora todo este proceso quedó bastante opaco. Esta privatización no es más que la venta de activos de AySA”, denunció Nápoli en diálogo con Economía Sustentable.

¿Existe un nuevo plan de obras para AySA?

De acuerdo a un reciente informe del Instituto Argentina Grande, 18 de los 20 países con mayor desarrollo humano gestionan el agua con operadores públicos. En América latina, la gestión es pública Uruguay, Perú, México y Ecuador; pública y comunitaria en Costa Rica y Bolivia; mixta en Brasil, Colombia y Paraguay, y privada en Chile. Argentina está por reprivatizar el servicio tal como sucedió en la década de 1990.

Desde diciembre de 2023, la empresa dejó de ser deficitaria y desde septiembre de 2024 no recibe transferencias corrientes del gobierno para funcionar; apenas recibió $43 millones (a precios de marzo 2026) de transferencias de capital para obras. El aumento de la tarifa por el servicio de agua aumentó en los últimos 3 años un 538%. La cuestión de las obras de ampliación de cloacas y mejoras en el saneamiento es clave para los ecosistemas de las cuencas hídricas que han sufrido algún tipo de contaminación (como el caso de la cuenca Matanza Riachuelo, entre otras).

“En diciembre de 2023 había 273 obras de AySA en ejecución según datos del Mapa de Inversiones. Por lo menos a mayo del año pasado (último mes de actualización de la información) ninguna de esas obras había tenido algún tipo de avance físico (ni siquiera del 1%). El gasto de capital que efectúa AySA cayó un 75% en términos reales desde el cambio de gestión”, puede leerse en el informe del IAG.

“El tema de las obras pendientes es clave. No se saben cómo ni quiénes las van a realizar. Esto abarca tanto al Riachuelo, La Matanza como Berazategui. Todo este proceso de poner en funcionamiento las obras del sistema riachuelo depende de la empresa. Pero no se sabe cuál es el Estado de las mismas porque todo el proceso se mantuvo en secreto”, aseveró Nápoli.

-¿Por qué cree que no se pudo acceder a la información oficial sobre el valor de la empresa y la cuestión de las obras comprometidas?, le preguntó Economía Sustentable.

-Porque de haberlo transparentado hubiera quedado expuesto el proceso ruinoso para el Estado; esas obras no las puede hacer un municipio por su cuenta. Son interjurisdiccionales. Y como tal, deben formar parte de una planificación integral. En este caso, el sector privado solo parece interesado en cobrar una tarifa.

La demanda judicial por la reserva en la tasación y el corte de servicio

Las diputadas Ana María Ianni, Florencia Carignano y los senadores Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA que recayó en el Juzgado Contencioso N° 3 a cargo de Santiago Ricardo Carrillo. La solicitud apunta a que el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Martín Chaher, hago público el texto oficial e íntegro de la Resolución ATEP N.O 1/2026 (dictada el 01/04/2026), mediante la cual se declaró con carácter “reservado” de forma general todos los informes de tasación y valuación de los procesos de privatización.

“Existe una arbitrariedad y manifiesta ilegalidad en la conducta de la demandada al declarar el carácter “reservado” de la tasación oficial invocando una norma inoponible y no publicada en el Boletín Oficial. Se observa así una animosidad a ocultar información que debiera ser pública y conocida por la Comisión Bicameral cuanto menos, impidiendo además el buen funcionamiento de la misma y por lo tanto del efectivo principio republicano mediante el cual existe una clara división de poderes y contralor entre ellos”, indicaron los amparistas.

Otro tema clave tiene que ver con la posibilidad de que el nuevo concesionario pueda cortar el servicio del agua ante la falta de pago, facultad de corte de servicio en el DNU 493/2025.

“La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio. El corte del Servicio Público procederá por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento”, puede leerse en el DNU.

Para el titular de FARN, esta medida es “inconstitucional”. “El Estado le está prometiendo a la empresa cortar el servicio del agua cuando esto choca con todas las cláusulas de defensa del consumidor. Es totalmente inconstitucional”, concluyó Nápoli. El acceso al agua está garantizado como un derecho humano.