Arrasaron 1.800 hectáreas de bosque nativo en Chaco pese a una cautelar

En la provincia de Chaco continúan los desmontes ilegales, a pesar de la reciente ratificación de la medida cautelar contra los desmontes, no impidió que las maquinarias avanzaran, ratificada por la Cámara de Apelaciones de Resistencia hace dos meses. La nueva denuncia fue realizada por la Asociación de Abogados Ambientalistas luego de la detección satelital y fotográfica de un total de 1800 hectáreas arrasadas ubicadas a escasos metros del Parque Provincial Loro Hablador.

Las topadoras destruyeron 1.800 hectáreas de bosque nativo en una zona protegida en 1998 para proteger al loro hablador, el ave provincial de Chaco. La finca desmontada se encuentra dentro del Paisaje Óptimo de Conservación del Yaguareté, monumento natural nacional y provincial, y del Corredor Biodiverso del Chaco Seco, la última franja de bosque continuo que conecta los bosques del norte santiagueño y el impenetrable chaqueño.

“Primero habíamos detectado un desmonte de 600 hectáreas. Los vecinos realizaron la denuncia ante la Dirección Provincial de Bosques, se secuestraron las topadoras pero a la semana siguiente se continuó con la tala de árboles, hasta llegar a las 1800 hectáreas registradas. Esto demuestra ciertas complicidades institucionales que permiten el avance de estas actividades ilegales”, explicó Fabián Maggi, integrantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas, en diálogo con Economía Sustentable.

En las actas judiciales vinculadas a esta nueva denuncia, que se integra a la trama mayor conocida como la Mafia de los Desmontes, aparecen “multados” los empresarios de apellido Javier Collado y Fabián Alexis Makaruk, en su rol de proveedores de la maquinaria de desmonte. Collado ya había sido imputado por otro caso ocurrido en 2025.

Categoría de los bosques desmontados y restricciones de la Ley 26.331

El primer desmonte se detectó el 8 de septiembre de este año; en esa ocasión, se habían talado 600 hectáreas. La rápida intervención de la Dirección de Bosques de la provincia, junto a la policía rural, parecían un hecho auspicioso ya que se habían secuestrado las topadoras y dos cadenas de 100 metros utilizadas para el desmonte. Pero en el medio pasaron cosas. Para el 22 de septiembre, el total de hectáreas desmontadas llegó a las 1800.

El sitio afectado no es un bosque cualquiera. Es parte de un territorio identificado como un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) y propuesto para su reconocimiento internacional como Área Clave para la Biodiversidad (KBA). También constituye un hábitat fundamental para especies de alto valor de conservación, entre ellas el tatú carreta, el pecarí quimilero, el loro hablador y el yaguareté.

“Esta es una zona de amortiguación ambiental por eso su desmonte reviste de una gravedad particular además de ser bosques clasificadas como categoría amarilla. Por lo tanto, tampoco se lo podía desmontar”, explicó Tomás Camarasa, coordinador del Programa Gran Chaco de la organización Aves Argentinas, en diálogo con Economía Sustentable.

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos no admite autorizar desmontes en bosques clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). En Categoría II los usos admisibles se limitan al aprovechamiento sostenible, el turismo, la recolección y la investigación científica.

La pérdida de este bosque también tiene un costo climático. Aves Argentinas estimó que el desmonte implica la liberación de más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, a medida que la biomasa eliminada se quema o se descompone. El cálculo se basa en los valores oficiales que la Argentina presentó en 2019 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. Según ese documento, el carbono almacenado en la biomasa de los bosques del Parque Chaqueño equivale a unas 290 toneladas de CO₂ por hectárea.

“El desmonte también es para avanzar con un negocio agropecuario e inmobiliario. Una hectárea desmontada aumenta su valor de venta entre cuatro y cinco veces. Exigimos que también se prohíba la venta de esta madera adquirida de manera ilegal y se reponga el bosque”, agregó Camarasa.

Una mesa de trabajo para una mejor fiscalización

Estos nuevos desmontes ocurrieron a pesar de la vigencia de una medida cautelar que había pretendido ponerle fin a una actividad ilegal. La última ratificación de la vigencia de esta cautelar llegó hace dos meses, confirmada por la Cámara de Apelaciones de Resistencia tras un fallo de la Cámara de Casación Penal que declaró al ambiente plausible de ser protegido.

“En el caso del delito ambiental, por cuanto el entorno natural, la biodiversidad y recursos vitales como el agua, constituyen presupuestos existenciales: la vida misma de los seres vivos. Desde esta perspectiva, la intervención del derecho penal en materia ambiental no puede ser entendida como una intromisión expansiva, sino como una herramienta excepcional dentro de un sistema amplio de tutela”, puede leerse en el fallo firmado por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Ante el nuevo desmonte, la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una nueva denuncia que tuvo un impacto inmediato. El juzgado Número 1 de Resistencia ordenó una serie de medidas preventivas, entre ellas la conformación de una mesa interjurisdiccional para analizar las mejores vías de protección de los bosques y para un efectivo cumplimiento de la medida cautelar que frenó los desmontes ilegales.

“El objetivo primordial consiste en prevenir nuevos daños sobre el bosque nativo chaqueño, impedir la continuación o agravamiento de aquellos que pudieran encontrarse en ejecución y garantizar la efectividad de la protección cautelar judicialmente dispuesta. Que, sin perjuicio de lo que oportunamente se determine en la audiencia convocada, la urgencia que caracteriza la materia ambiental justifica disponer desde ahora medidas preventivas de vigilancia y constatación, particularmente en aquellos sectores donde se han denunciado desmontes recientes o existen antecedentes de incumplimientos”, puede leerse en lo resuelto el pasado 20 de octubre.

La reunión de la mesa de trabajo fue convocada para el próximo 3 de noviembre. Los objetivos dispuestos para esa primera reunión fueron los siguientes:

• Determinar las zonas prioritarias de fiscalización, atendiendo a los antecedentes de desmontes denunciados, las áreas protegidas, los corredores de biodiversidad y los sectores de especial vulnerabilidad ambiental comprendidos en el ámbito de la cautelar.
• Determinar la implementación de mecanismos de vigilancia territorial, patrullaje preventivo y monitoreo satelital.
• Determinar la distribución y coordinación de tareas entre los organismos nacionales, provinciales y municipales, conforme sus respectivas competencias.
• La elaboración de un protocolo de comunicación inmediata ante la detección de desmontes presuntamente ilegales o incumplimientos de la medida judicial.
• La determinación de responsables institucionales, periodicidad de controles, mecanismos de intercambio de información y presentación de informes al Ministerio Público Fiscal.
• La evaluación de medidas complementarias que resulten necesarias para prevenir la destrucción del bosque nativo y evitar la ampliación de daños ambientales existentes.