Minera canadiense Kobrea avanza sobre territorio indígena en Mendoza y escala la tensión en la Cordillera

El cuidado ambiental que hacen las comunidades de pueblos originarios en Mendoza incluye el pastoreo alternado de su ganado distribuido entre las praderas de la base de las montañas sobre la cordillera, en la localidad de Malargüe y las partes más altas de los cerros, a 3000 metros sobre el nivel del mar. Son los movimientos típicos que denominan veraneada e invernada, una práctica que implica el cuidado de la biodiversidad de su comunidad. El trabajo que realizan en comunidad, desde tiempos ancestrales, también recibe el nombre de “puesteros trashumantes”.

La Lof Ranquil Ko se encuentra desde enero de este año en tensión permanente con la provincia de Mendoza por la expansión minera. De un día para el otro, la empresa canadiense Kobrea ingresó al territorio de veraneada de la comunidad, instaló sus campamentos, domos y geólogos alterando las labores de verano. Una medida cautelar de por medio obligó a la provincia a la convocatoria del mecanismo de consulta previa a los pueblos originarios, según manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las tensiones continúan.

“Es relevante comprender qué sucede en los territorios. Nos quieren hacer ver como que nosotros somos los violentos pero decidimos corrernos del cuerpo a cuerpo. Nuestra estrategia ahora pasa por defender el instrumento de la consulta previa ante cada proyecto minero que pretenda avanzar contra nuestro territorio”, sostuvo Gabriel Jofre, werken –vocero- de la Organización Identidad Territorial Malalweche, en diálogo con Economía Sustentable.

La trashumancia en las altas montañas

El 14 de enero de 2026, trabajadores de la empresa Kobrea Exploration SA ingresaron “arbitrariamente, sin autorización, sin contar con la debida consulta libre previa e informada ni el consentimiento” de la Lof Ranquil Ko en el territorio de veraneada de la comunidad, en la zona denominada “Trolón” y “Piche Trolón”.

“El ingreso sorpresivo de la empresa afectó culturalmente el normal desarrollo de la vida comunitaria y afecta actualmente las actividades socioproductivas de la Comunidad; en particular las actividades de ‘turismo con identidad’ (cabalgatas) y ganadera”, sostuvieron desde la comunidad en el pedido de medida cautelar para frenar la injerencia de la empresa en su territorio.

“En enero, apareció en la zona donde teníamos que llevar a nuestros animales la empresa Kobrea, con sus campamentos, domos y geólogos. La provincia viene avanzando desde hace dos años con proyectos mineros con más de 100 iniciativas. La ley exige hacer estudios de impacto ambiental por cada uno de ellos pero desde la provincia se hacen informes generales, se meten todos los proyectos dentro de la misma bolsa. Y así se confunde a la población”, afirmó Jofre.

La trashumancia en la producción ganadera implica trasladar los animales de un lado al otro. En el verano, el pastoreo es arriba, en la zona alta de los cerros y montañas, a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Durante el verano, esas pasturas cuentan con todos los nutrientes que dejó el deshielo.

“Por eso es relevante trasladar nuestros animales hacia arriba. Este proceso de trashumancia es diferente al concepto de la propiedad privada. Tenemos nuestros territorios de veraneada e invernada y seguimos exigiendo que se respete nuestros derechos como pueblos originarios”, agregó Jofre.

La palabra clave en mapudungun es Ixofijmogen (traducido como “biodiversidad”). “La biodiversidad es custodiada por la Comunidad; somos quienes cuidamos cada uno de sus elementos bióticos como abióticos; cada lugar posee su riqueza propia (ruka, plantas, agua, cascada, fuerzas, sitios sagrados). El ingreso indebido e inconsulto pone en peligro estos sitios protegidos”, detalló el werken de la Organización Identidad Territorial Malalweche.

Mesas de diálogo y consulta

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se cansó de llamar a los integrantes de las comunidades de la provincia “falsos mapuches”. Pero la realidad se le impuso, a partir de las denuncias de las comunidades. “La vulneración del proceso de Consulta libre, previa e informada y la violación del consentimiento de la Comunidad Lof Ranquil Ko es una afrenta a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señalaron en la presentación cautelar realizada a comienzo de este año.

El tema de disputa pasa por la suspensión de las actividades de la minera mientras se desarrolla el proceso de consulta libre e informada. Los abogados de la empresa presentaron un escrito para oponerse a la suspensión de las exploraciones.

“A mayor abundamiento, y sin convalidar en modo alguno la procedencia de la propuesta, cabe señalar que la misma no se ajusta a derecho, en particular, se propone la suspensión de actividades mineras durante el desarrollo de la consulta lo cual implica una alteración sustancial de derechos previamente otorgados. Por otra parte, el proceso de CPLI se encuentra actualmente en curso, por lo que la cuestión traída deviene abstracta, en tanto el objeto se encuentra satisfecho por la autoridad competente”, sostuvo la abogada María Evangelina Barroso.

En mayo de este año, la provincia convocó a una mesa de diálogo para hacer las veces de una consulta previa que no resolvía la cuestión de fondo vinculada al conflicto entre la Lof Ranquil Ko con la empresa Kobrea, actualmente en una suerte de impase jurídico.

Según los detalles brindados por Jofré, la empresa ahora está imposibilitada de continuar con sus trabajos exploratorios debido a las condiciones climáticas y una acumulación de nieve tal que hace imposible las labores. De todas maneras, sabe que los canadienses están esperando el verano para seguir avanzando en su proyecto. La comunidad realizará una nueva presentación judicial la semana que viene para empujar una resolución de fondo y que la jueza del caso, Erica Andrea Deblasi, se expida lo más rápido posible.

En el medio de todo este conflicto, Cornejo aprobó un nuevo protocolo para regular la consulta previa, libre e informada que debe realizarse antes del inicio de los proyectos mineros. Sin embargo, comunidades indígenas cuestionaron la medida y aseguraron que la norma fue aprobada sin que hubiera concluido el proceso de diálogo convocado para revisar el procedimiento anterior.

En septiembre debía realizarse una nueva mesa de diálogo previo a la aprobación del protocolo. Pero Cornejo los primerió. También podría haber novedades judiciales pensando en la impugnación de este protocolo.

“Vamos a rechazarlo. Se ve que están apurados por arremeter con la mayor cantidad posible de proyectos mineros. Y no es menor que la jueza no se haya expedido sobre la cuestión de fondo en la causa por el avasallamiento de Kobrea sobre el territorio de la Lof Ranquil Ko”, denunció Jofré.