La millonaria suma que Argentina debería gastar para cumplir con la descarbonización

Argentina y un grupo de países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, entre otros, ya han anunciado sus compromisos de avanzar hacia economías neutras en carbono de aquí a mediados de siglo.

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Se trata de países que, en conjunto, son son responsables de más del 50% de las emisiones de la región, por lo cual deben encarar estrategias de largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2050, tal como se dispone en el Acuerdo de París.

La decisión tiene que ver con el cambio climático, que se hace cada vez más evidente y está teniendo efectos perjudiciales en todo el mundo.

Por caso, en América Latina y el Caribe, están aumentando la frecuencia y la intensidad de las sequías, los incendios forestales y las tormentas extremas, fenómenos que ocurren en un contexto de escaso crecimiento regional de estancamiento de la economía y que pone en riesgo los progresos alcanzados en términos de desarrollo y, sobre todo, limita la capacidad de los países de mejorar el bienestar de sus poblaciones de manera sostenible.

En este contexto, un informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), presenta los efectos económicos generales del cambio climático y describe los compromisos regionales en materia de mitigación y adaptación.

Sobre esa base, se estiman las inversiones necesarias y se examinan las políticas específicas que se están aplicando en la región para propiciarlas.

De igual modo, la Cepal reclama a la Argentina y a varios países más que, además de anunciar sus metas al 2050, avancen hacia economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al cambio climático.

También les exige cambios en los sistemas energético, alimentario, de transporte y de producción, lo cual, sin dudas requerirá considerables inversiones.

Más que nada si se calcula que la transición mundial exigirá fondos anuales en el orden de los u$s9.200 millones de aquí a 2050.

“Esto incluye inversiones en los sistemas energéticos, la movilidad, la industria, la construcción y la agricultura, así como en la silvicultura y en otros usos de la tierra”, detalla el documento.

Este cálculo del ente internacional supone inversiones anuales adicionales de más de u$s3.500 millones, según un trabajo elaborado por McKinsey Global Institute en el 2022, y cuya cifra es congruente con las estimaciones de la Global Financial Markets Association, que se sitúan entre los u$s3.000 millones y los u$s5.000 millones por año hasta 2050.

Costo del cambio de matriz energética en la descarbonización

Para la Cepal, la transición energética será la que más inversiones de recursos requiera.

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De hecho, estima que para alcanzar la meta de una temperatura que no aumente más de 1,5 °C, entre 2023 y principios de 2030, las inversiones en energía limpia deberán aumentar de u$s1.800 millones a u$s4.500 millones anuales.

Según la Cepal, la estimación más reciente proviene del Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022 (PNUMA, 2022b) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que incluye estimaciones por región del financiamiento necesario de aquí a 2030.

En este sentido, dicho paper calcula que, a nivel mundial, se necesitarán entre u$s41.000 millones y u$s314.000 millones por año, es decir, entre un 0,2% y un 1,8% del PBI mundial, a lo que habrá que sumar “el costo de afrontar otros retos que afectan a los países en desarrollo”, de acuerdo a la Cepal.

El organismo entiende también que para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre 2019 y 2030, la Argentina junto con los países en desarrollo (sin incluir a China) deberán aumentar de u$s2.400 millones a u$s3.500 millones (de un 11,3% a un 18,2% del PBI) su gasto en capital humano, en infraestructura sostenible, en adaptación y resiliencia y en su capital natural (Songwe, Stern y Bhattacharya, 2022).

El flujo de financiamiento

Por eso la Cepal entiende que las inversiones climáticas, entre otras cosas en los ámbitos de la transición energética, la adaptación y la resiliencia, y la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, “deben aumentar de los u$s450.000 millones por año que se invierten actualmente a u$s 2,3 billones para 2030.

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Si bien los flujos de financiamiento han aumentado rápidamente y ahora duplican los montos de 2011, siguen estando muy por debajo de las sumas que se necesitan para alcanzar las metas climáticas, y los países en desarrollo, agrega el organismo que es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y cuya sede está en Santiago de Chile.

El trabajo recuerda que en 2020, un 89% del financiamiento climático se destinó a la mitigación, un 8% a la adaptación y un 3% a acciones transversales.

Las estimaciones preliminares indican que para 2021 los flujos mundiales de financiamiento para el clima se situaron entre los u$s850.000 millones y u$s940.000 millones (Naran y otros, 2022).

Dicho estudio citado por la Cepal estima además que para cumplir los compromisos de acción por el clima, entre 2023 y 2030 se necesitará una inversión acumulada de entre los u$s2,1 y u$s2,8 billones, lo que equivale a una inversión anual promedio de entre un 3,7% y un 4,9% del PBI regional.

Lejos de cumplir con la descarbonización

Si se considera que el PBI de Argentina actualmente es de u$s631.000 millones, el país deberá destinar alrededor de u$s31.600 millones cada 360 días para llegar a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

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Al considerar el escenario de la economía local y tener en cuenta la crisis que sufre el país, los expertos ponen en duda que se pueda cumplir con lo firmado, en especial en lo que concierne a las estimaciones de las inversiones que deben realizarse de aquí a 2030 en el sistema energético que incluyen las necesarias para incorporar o reemplazar equipos de suministro y para aumentar la eficiencia energética en ddiversos sectores.

De hecho, un documento de la llamada Red de Bancos Centrales y Supervisores para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS), frente a los niveles de 2020, la inversión anual entre 2021 y 2030 tendría que aumentar entre un 0,2% y un 1% del PBI regional para ser congruente con la CDN7.

Según los cálculos de la Cepal, eso equivaldría a entre u$s13.000 millones y u$s56.000 millones más por año con respecto a las inversiones de 2020.

De dichos fondos, las inversiones en transmisión y distribución son el aspecto más importante, y representan el 35% del total de la inversión.

En tanto, las destinadas a combustibles fósiles disminuyen de un 40% en el escenario en que se aplican las políticas actuales a un 27% en el compatible con las CDN, en tanto que las orientadas a energías renovables (solar, eólica y bioenergía) aumentan de un 12% a un 21%.

Sectores transformadores que marca la Cepal

El paper de la Cepal también se detiene en la necesidad de seguir una trayectoria de desarrollo compatible con los ODS y entiende que para cumplir con ese objetivo se deben aplicar medidas de estímulo “en una serie de sectores transformadores que sean capaces de reducir la huella ecológica de los países y que a la vez generen empleos decentes y tengan efectos neutrales o positivos en la economía”.

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En este caso, el organismo fundado por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, ha definido una serie de sectores prioritarios en la transición de la región hacia economías neutras en carbono:

• Las energías renovables
• La movilidad eléctrica
• La economía circular
• La bioeconomía
• Los recursos hídricos
• El turismo sostenible
• La seguridad alimentaria

En ese sentido, en 2022 se realizó una búsqueda de proyectos de transición energética capaces de atraer inversores cuyo resultado “fue sumamente ilustrativo en cuanto a los desafíos que implica el proceso de transición”.

Ocurre que los proyectos no cumplieron los requisitos mínimos para atraer a inversores privados, por lo cual la Cepal propone que, ante la escasa capacidad de maniobra fiscal y de la magnitud de la inversión requerida para adaptarse al cambio climático y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, se reforme el sistema financiero de cada país, incluyendo a la Argentina.

Redirigir los flujos financieros

Además, entiende que la voluntad política para impulsar la transición verde “debe reflejarse en políticas e instrumentos que disminuyan la incertidumbre sobre el camino a seguir”.

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De igual modo, pide instaurar un marco que impulse el desarrollo de activos compatibles con la descarbonización y la resiliencia, de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París y otros Objetivos de Desarrollo (ODS).

“Dicho marco crearía las circunstancias propicias para redirigir los flujos financieros hacia actividades con bajas emisiones de carbono. Los países deben adoptar un lenguaje común y una definición clara de lo que implica y lo que no implica lo “ecológico” o lo ambientalmente sostenible, a fin de movilizar capital a la escala necesaria para impulsar una transformación económica verde e inclusiva”, detalla el documento.

En esta encrucijada, el trabajo estima que la acción por el clima ofrece una oportunidad de potenciar el crecimiento y la innovación, crear empleo y mejorar la integración de los países de la región en la economía mundial.

“Las inversiones, planes y políticas necesarios para hacer frente a la crisis climática también podrían ser útiles para alcanzar las metas económicas y sociales”, argumenta.

Ganancias ambientales

Para la entidad encargada de coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí, “es preciso un cambio estructural de gran envergadura para lograr economías neutras en carbono y, dado el nivel de calentamiento existente y pronosticado, se vuelve urgente aplicar medidas de adaptación”.

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De igual modo, asegura que “el camino hacia el logro de sociedades neutras en carbono y resilientes al clima es complejo y constituye un reto urgente, pero también es una oportunidad para la región”.

Avisa que las inversiones en acción climática pueden generar ganancias no solamente ambientales, sino también económicas y sociales, ya que los niveles de inversión y financiamiento de las medidas de mitigación y adaptación “darán un gran impulso al crecimiento, el empleo y el desarrollo social, esenciales en una región que está enferma de bajo crecimiento, baja creación de empleo y baja inversión”.

También señala que “avanzar en esa dirección exige desarrollar estrategias integrales que incorporen no solo al sector energético, sino también el transporte y el sector agroalimentario”.

Sin embargo y a pesar de la importancia que se le da a las inversiones para contar con un planeta “limpio”, las conclusiones del trabajo de la Cepal no son positivas.

El ente refleja que la magnitud del desafío en un contexto en que la inversión es insuficiente y los fondos concesionales que llegan a la región son muy limitados.

Se resalta, además, la necesidad de coordinar políticas y de lograr el alineamiento del sistema financiero para centrar los flujos de inversión en apuestas productivas que fomenten la actividad de sectores impulsores o dinamizadores de la economía con miras a un desarrollo más productivo, más inclusivo y más sostenible.

De igual modo, la Cepal advierte que los cambios en el sistema climático tienen repercusiones negativas sobre las actividades económicas, los ecosistemas y el bienestar humano. “Existen numerosas estimaciones recientes de los efectos del cambio

climático sobre la economía mundial que difieren en lo referido a su alcance, metodología y horizonte temporal, muestran que en un escenario de altas emisiones, los efectos del cambio climático equivaldrían a entre un 4,6% y un 30% del PBI per cápita de aquí a 2100”.

Estos datos, según el informe, sugieren que el cambio climático está afectando el desempeño económico a largo plazo y que tendrá repercusiones aún más profundas si no se cumplen las metas de reducción de las emisiones.

Agrega que “alcanzar la meta del Acuerdo de París de que la temperatura no aumente más de 2 °C —e idealmente no más de 1,5 °C— por encima de los niveles preindustriales permitiría prevenir los efectos más perjudiciales del cambio climático, pero eso implicaría reducir de manera inmediata y significativa las emisiones de gases de efecto invernadero”, añade el paper.

Para ajustarse a un presupuesto de carbono que permitiera mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C en 2030, se necesitaría que las emisiones se redujeran un 29% con respecto a su tendencia histórica, en tanto que la meta de 1,5 °C exigiría una reducción del 45%.

Sin embargo, la suma de los compromisos de reducción asumidos por los países, según se expresan en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), dista mucho de alcanzar las reducciones necesarias.