Basura fuera de control en CABA: las fallas en la recolección agravan el problema ambiental
Cestos desbordados, falta de barrido y residuos sin retirar se repiten a diario por las calles porteñas al punto que una auditoría cuestionó los controles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la Legislatura.
La Ciudad de Buenos Buenos Aires sostiene uno de los sistemas de higiene urbana más grandes del país, dividido entre concesionarias privadas y una zona estatal.
Pero los propios controles oficiales siguen encontrando fallas en tareas elementales y no solamente en el esquema que se aplica para la limpieza de las calles sino también en los métodos de gestión ambiental que, por sus fallas, afectan a miles de toneladas diarias de residuos y ponen bajo discusión la eficacia del esquema con el que el gobierno porteño controla a las empresas concesionarias del sistema.
- Fallas del sistema: Inspectores detectaron recurrentemente cestos papeleros colapsados al 100% y falta de barrido en diversas comunas.
- Multas millonarias: Las fallas en el servicio derivaron en penalidades de hasta 353,3 millones de pesos para empresas contratistas.
- Control bajo la lupa: La Auditoría porteña detectó debilidades en los mecanismos de validación de certificados de la Dirección de Limpieza.
Entre los expedientes que a diario elabora el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos aparecen informes por cestos llenos al 100%; calles sin barrer; contenedores rotos; residuos domiciliarios que no fueron levantados; restos de poda abandonados; escombros y basura voluminosa que permaneció en la vía pública aun después de haberse comunicado el problema a la concesionaria.
Todos estos incumplimientos derivan en la apertura de expedientes que, a su vez, son acompañados por multas que se informan casi a diario a modo de resoluciones y que se dan a conocer regularmente en el Boletín Oficial porteño.
La reiteración permite plantear una inquietud sobre cuánto funciona realmente un esquema en el que la Ciudad paga a empresas privadas para mantener limpias sus calles, dispone de inspectores, GPS, sensores, índices de calidad y sistemas de reclamos para controlarlas y, pese a ello, continúa encontrando las mismas deficiencias.
Por qué falla la recolección de basura
La Ciudad de Buenos Aires genera unas 6.000 toneladas de residuos por día según la información oficial y cuenta con 33.045 contenedores.
Cuando falla el circuito que debe retirarlos, separarlos y transportarlos, aumenta la basura expuesta en la vía pública, se deteriora material potencialmente reciclable, aparecen olores y líquidos, pueden producirse obstrucciones en desagües y se multiplican recorridos y operaciones que también generan emisiones y ruido.
Las resoluciones con las sanciones por estos incumplimientos permiten recorrer buena parte del mapa de la basura porteña sin necesidad de abstraerse en estadísticas.
En la zona 2, operada por Cliba Ingeniería Urbana, perteneciente al grupo Roggio, los inspectores encontraron varios cestos papeleros lleno al 100% en Campos Salles al 2200; falta de limpieza de cazoletas en Charcas al 5200 y Paraguay al 3700 y ausencia de barrido en Paroissien entre el 2100 y el 2200.
La situación adquirió otra dimensión en la zona 3, operada por Solbayres-IMPSA Ambiental, donde las multas se deben mayormente a inspecciones sobre Burela, Ceretti, Caracas, Valdenegro, Mendoza, Ávalos, Bauness, Constituyentes, La Pampa, Bucarelli, Le Bretón, Terrero, Nápoles, Besares, Dorrego, Aguirre, Olleros, 14 de Julio, Camargo, Newbery y Artigas, entre otras calles.
La irregularidad dominante era tan sencilla como visible: “cesto papelero lleno al 100%”, aunque también se constataron ausencia de barrido y falta de limpieza de cazoletas.
En la zona 7, gestionada por la UTE integrada por Transportes Olivos y Urbaser Argentina, los incumplimientos fueron diferentes y muestran hasta dónde llegan las obligaciones de las recolectoras.
Hubo contenedores de residuos húmedos rotos en Uspallata, Caseros, 24 de Noviembre, Urquiza, Pavón, Garay e Irala; contenedores mal ubicados; restos de obra sin retirar; cestos sin reparar; residuos voluminosos y restos verdes abandonados y hasta residuos domiciliarios húmedos que no habían sido levantados.
Urbaser es un grupo internacional especializado en servicios ambientales y gestión de residuos que controla Transportes Olivos.
En muchas de esas actuaciones aparece un dato más significativo que la propia infracción. El organismo avisó a la empresa, regresó a inspeccionar y dejó asentado: “No se solucionó”.
Algo parecido ocurrió en la zona 6, operada por la UTE Ashira-Martín & Martín, donde los inspectores detectaron residuos voluminosos sin retirar en Tandil, Rondeau, José Mármol y Recuero; restos de obras en Lautaro, Pringles, Viel, Doblas, Guayaquil, Venezuela, Quito y Alberdi; contenedores sin reparar; restos verdes; cestos deteriorados y residuos húmedos sin levantar o diseminados.
En el caso de la zona 4 corresponde a Nittida-Ecohábitat y también acumula sanciones publicadas por el Ente como la constatada en la calle Concordia al 600, donde se verificó un cesto papelero sin reparar y, después de la comunicación a la prestadora, una segunda inspección volvió a constatar el problema.
Completa el mapa privado la zona 1, operada por AESA, compañía vinculada a Veolia, uno de los grandes grupos internacionales dedicados a agua, residuos y servicios ambientales.
La zona 5 es la excepción del sistema porque permanece bajo administración pública a través del Ente de Higiene Urbana.
De esta manera, prácticamente toda la Ciudad funciona con un modelo territorial en el cual cada operador recibe una zona y debe cumplir condiciones sobre recolección, barrido, lavado, contenedores y servicios especiales.
Un pago por el servicio para después controlar si cumplen
Las empresas no pagan un canon para quedarse con la recolección sino que el esquema de concesión funciona al revés ya que el gobierno porteño contrata el servicio, certifica las prestaciones y paga a los operadores de acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación.
El sistema contempla penalidades por incumplimientos y el valor de las sanciones puede estar relacionado con la facturación del servicio correspondiente.
Las resoluciones del Ente establecen que las multas deben pagarse dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
Si la compañía no lo hace, entra automáticamente en mora, comienzan a aplicarse intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación y el organismo puede avanzar judicialmente para cobrar.
La basura, un problame de gestión
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires publicó un informe sobre el Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos que tuvo como organismo auditado a la Dirección General de Limpieza, el área del gobierno porteño encargada de controlar el cumplimiento del servicio.
Entre las conclusiones, el informe encontró “debilidades en materia de control interno” y cuestionó aspectos relacionados con la transparencia y confiabilidad de la información administrativa y presupuestaria.
Entre los hallazgos aparecieron imputaciones por $56.927 millones que, según los auditores, no correspondían a los contratistas asignados a las respectivas zonas.
También detectaron problemas en la validación de certificados de prestación y observaron casos en los que no se había considerado el Índice de Prestación elaborado por CEAMSE para evaluar el servicio.
La Ciudad discutió parte de esas observaciones y explicó que utiliza otros instrumentos para controlar a las concesionarias.
Como ejemplo informó que solamente a Transportes Olivos-Urbaser le había aplicado penalidades por $353,3 millones durante el período examinado.
El organismo recomendó reforzar los procedimientos de validación de los certificados, incorporar obligatoriamente los informes de CEAMSE y mejorar los controles internos.
Miles de reclamos que se acumulan detrás de las estadísticas
El informe agregó una dimensión que acerca el problema directamente a quienes viven en la Ciudad ya que en las zonas analizadas se contabilizaron 92.131 reclamos relacionados con higiene urbana.
Más de la mitad correspondió al retiro de escombros y restos de obra, pero también hubo miles de reclamos por residuos voluminosos, basura depositada fuera de los contenedores, falta de barrido, lavado de recipientes, reparación y vaciado.
Esas categorías coinciden, en buena medida, con las irregularidades que siguen apareciendo en las resoluciones sancionatorias.
Para un vecino, la consecuencia de una prestación deficiente puede significar tener durante días un mueble, restos de obra o poda frente a su casa, convivir con un contenedor roto o desbordado o comprobar que una calle que debía ser barrida no lo fue.
La propia Ciudad establece actualmente que los contenedores negros y grises deben vaciarse una vez por día, todos los días excepto los sábados, y que cada recipiente debe higienizarse al menos una vez cada 15 días. También sostiene que todas las calles deben barrerse como mínimo una vez por día de lunes a sábado, con frecuencias adicionales en las zonas de mayor circulación.
Camiones, otro problema del mismo esquema de CABA
Los camiones utilizados por las concesionarias para llevar a cabo sus tareas agregan otra dimensión al servicio porque son simultáneamente una herramienta indispensable para retirar los residuos y una fuente de tránsito pesado, ruido y emisiones.
Los contratos incorporaron sistemas tecnológicos para seguir la prestación al punto que la Ciudad dispone de información de posicionamiento y telemetría que permite verificar recorridos, horarios, paradas y operaciones realizadas por las unidades, además de inspecciones en la calle.
El horario también está organizado alrededor de la recolección nocturna y actualmente el Gobierno pide a los vecinos depositar los residuos húmedos dentro de los contenedores negros o grises de domingo a viernes entre las 19 y las 21, mientras que los sábados no existe recolección domiciliaria regular.
Sin embargo, conocer con precisión el estado actual de toda la flota utilizada por cada empresa resulta mucho más difícil al punto que el problema llegó este año a la Legislatura porteña.
La Resolución 109/2026, aprobada el 14 de mayo pasado, ordenó al Ejecutivo informar la cantidad y las características técnicas de los vehículos utilizados por cada empresa y comuna, incluyendo marca, modelo, año, característica operativa, empresa prestataria y lugar donde presta el servicio.
El pedido busca determinar no solamente cuántas unidades existen, sino también su antigüedad y tecnología teniendo en cuenta que una flota más vieja o recorridos poco eficientes tienen consecuencias que exceden el costo empresario.
Del pedido de informes surge que las unidades actuales son vehículos pesados que circulan diariamente por calles densamente pobladas; consumen combustible, producen emisiones y generan ruido durante operaciones que incluyen frenadas, compactación y levantamiento de contenedores.
La propia auditoría encontró entre los reclamos ciudadanos casos vinculados con camiones que incumplían normas de tránsito y vehículos que generaban olores.
Una ciudad con miles contenedores y miles de toneladas diarias
La información actualizada por el gobierno porteño en junio pasado contabiliza 33.045 contenedores distribuidos en Buenos Aires.
De ellos, 28.456 son negros o grises, destinados a basura, y 4.589 son contenedores verdes, reservados para materiales reciclables a los cuales hay que sumarles otros 21Puntos Verdes.
La relación supone más de seis recipientes para residuos húmedos por cada contenedor verde, mientras la Ciudad estima una generación de aproximadamente 6.000 toneladas de residuos por día.
Eso equivale, como orden de magnitud, a más de 2 millones de toneladas por año que tienen que atravesar alguno de los circuitos de recolección, recuperación, tratamiento o disposición.
El destino de esas toneladas es justamente uno de los puntos que la Legislatura decidió revisar mediante la Resolución 109/2026 por la cual exigió conocer cuántas toneladas ingresaron mensualmente desde 2024 hasta la actualidad en las distintas plantas de tratamiento de CEAMSE —Colegiales, Flores, Pompeya y Zavaleta—, discriminadas por fracción y tipo de residuo.
Qué provoca la basura cuando el sistema falla
La reacción legislativa se fundamenta en que una bolsa que queda fuera del contenedor puede parecer un problema menor frente a las dimensiones del sistema, pero la multiplicación de esas fallas produce consecuencias ambientales concretas.
Los residuos húmedos contienen una elevada proporción de materia orgánica y cuando quedan expuestos pueden generar olores y líquidos, atraer insectos y roedores y dispersarse por la acción de animales, personas, tránsito o viento. Los materiales que llegan hasta bocas de tormenta también pueden dificultar el drenaje durante lluvias intensas.
Además, cuando papel, cartón, plástico, vidrio o metal reciclable se mezcla con restos de alimentos y otros residuos húmedos, disminuyen las posibilidades de recuperarlos.
Por otra parte, la materia orgánica enterrada genera gases durante su degradación, entre ellos metano, uno de los gases de efecto invernadero relevantes para el cambio climático.
Al mismo tiempo, transportar residuos que podrían haberse recuperado implica utilizar camiones y energía para mover materiales que finalmente terminarán enterrados.
La Ley de Basura Cero fue concebida precisamente para modificar ese esquema mediante separación en origen, recuperación y reducción progresiva de los residuos enviados a relleno sanitario.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas vienen cuestionando desde hace años el incumplimiento de sus objetivos.
Por caso, Greenpeace Argentina sostiene que las metas de reducción previstas por la ley no fueron alcanzadas y reclamó priorizar prevención, separación, reciclado y compostaje frente a soluciones centradas en la disposición final.
La Legislatura empezó a pedir explicaciones y el 14 de mayo pasado aprobó la Resolución 111/2026, que obliga al Ejecutivo a brindar información sobre la asignación y ejecución presupuestaria de los contratos de recolección, tratamiento y disposición final; los criterios utilizados para confeccionarlos; las redeterminaciones de precios y las condiciones de prestación.
Otro expediente presentado el 18 de mayo apuntó directamente al informe de la Auditoría General sobre la fracción húmeda y obtuvo despacho de la Comisión de Ambiente en julio.
El 26 de mayo ingresó un nuevo pedido de informes sobre el Servicio Público de Higiene Urbana desde enero de 2023 hasta la actualidad.
La acumulación de iniciativas muestra que el debate ya abarca tres niveles que hasta ahora solían analizarse por separado: cuánto cuestan los contratos, cómo se controla a quienes los ejecutan y qué calidad de servicio recibe finalmente el vecino.
Qué concesionarias trabajan en CABA
La licitación internacional 997/2013 adjudicó el servicio por 10 años a las actuales concesionionarias que comenzaron a funcionar en octubre de 2014.
El diseño territorial, las obligaciones básicas y buena parte de la estructura del servicio que hoy se controla provienen de aquel proceso que debía terminar en 2024.
Sin embargo y en el contexto de la emergencia económica y financiera derivada de la pandemia, la Ciudad renegoció el esquema y extendió la vigencia de las concesiones hasta el 30 de septiembre de 2028.
La Auditoría General cuestionó esa decisión desde el punto de vista de la competencia y de la actualización tecnológica, al advertir que prolongar los contratos sin realizar una nueva licitación restringe la posibilidad de incorporar nuevos oferentes, mejoras competitivas e innovaciones que podrían haberse exigido en otro proceso.
La discusión adquiere especial importancia cuando se la cruza con la flota de camiones, los sistemas de recuperación de materiales y las tecnologías disponibles actualmente.
De hecho, las condiciones técnicas que pueden exigirse a una empresa en una licitación realizada 15 después no necesariamente son las mismas que se plantearon en 2013.
La incertidumbre de saber qué pasará después de 2028
La Ciudad lanzó la Licitación Pública 7162-0388-LPU25 para contratar una consultoría destinada a diseñar la gestión estratégica de residuos sólidos urbanos.
La contratación fue preadjudicada a Pagustech por unos $1.560 millones, según documentación legislativa de este 2026.
El trabajo no se limita a analizar cómo funciona actualmente la basura porteña sino que expresamente debe elaborar un plan de “ajustes y recomendaciones para los términos de referencia de la próxima licitación pública nacional e internacional del servicio público de higiene urbana”, además de una nueva estrategia integral de residuos y una hoja de ruta para implementarla.
Es la señal más concreta de que la Ciudad analiza reemplazar o reformular el esquema cuando terminen las concesiones actuales.
Pero todavía no se conocen públicamente las futuras zonas, las exigencias de inversión, las características ambientales que deberán cumplir las flotas, los objetivos de recuperación de residuos, las nuevas tecnologías de contenerización ni los indicadores con los que se premiará o castigará la calidad del servicio.
Esa incertidumbre también pesa sobre las inversiones de los actuales operadores si se tiene en cuenta que, a poco más de dos años del vencimiento del contrato, cualquier renovación importante de camiones, contenedores o equipamiento debe evaluarse frente a ese plazo.
Sin embargo, el contrato vigente contempla la posibilidad de una extensión adicional limitada, aunque la Auditoría ya dejó planteada su objeción a continuar prolongando un modelo diseñado hace más de una década sin someter nuevamente el servicio a competencia.
