Las Islas Malvinas avanzan con un megaproyecto salmonero pese a las advertencias ambientales

La posible instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas generó una fuerte controversia entre los habitantes del archipiélago. El proyecto, impulsado por la empresa Unity Marine, promete diversificar la economía local y crear puestos de trabajo, pero también despertó cuestionamientos por sus posibles consecuencias ambientales.

Según informó The Guardian, vecinos y organizaciones locales impulsan la realización de un referéndum ciudadano para definir el futuro de la iniciativa. El reclamo busca que sean los habitantes quienes tengan la última palabra sobre un desarrollo que podría convertirse en el mayor proyecto industrial costero de la historia del archipiélago.

La discusión combina intereses económicos, preocupaciones ambientales y cuestionamientos sobre la transparencia de los estudios que respaldan la propuesta. Con una consulta pública abierta hasta el 30 de octubre, los críticos consideran que el proceso actual no ofrece garantías suficientes para una decisión de largo plazo.

El megaproyecto salmonero que divide a las Islas Malvinas

La iniciativa está en manos de Unity Marine, una sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El plan contempla producir 50.000 toneladas de salmón por año en 16 ubicaciones, una escala sin precedentes para el frente costero de las Islas Malvinas.

Una evaluación oficial estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar £35 millones, equivalentes a unos USD 48 millones, al PBI local, lo que representaría el 11% de la economía del archipiélago. Además, el proyecto permitiría generar 133 puestos de trabajo.

Sin embargo, detrás de la promesa de inversión y empleo crece la preocupación por los efectos que una actividad intensiva de esta magnitud podría tener sobre el ecosistema marino.

La organización Salmon Free Falklands cuestionó la calidad de la información disponible y advirtió que parte de los informes utilizados para analizar el proyecto se basan en datos aportados por la propia empresa.

Entre las principales preocupaciones aparecen los posibles efectos de los desechos sobre los bosques de algas y las áreas de desove de calamar, así como el impacto sobre especies locales como lobos marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.

También cuestionan la falta de estudios rigurosos sobre la capacidad de carga ambiental, un indicador clave para determinar cuántos peces puede soportar una determinada zona sin alterar su equilibrio ecológico.

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental australiana, calificó los documentos oficiales como “casi carentes de valor” y advirtió sobre la ausencia de un análisis de costo-beneficio. También señaló que no existen protocolos claros para eliminar peces muertos en casos de mortandades masivas, episodios que han ocurrido en otras salmoneras.

Piden un referéndum por el impacto ambiental de las salmoneras

Las críticas también alcanzaron el proceso institucional elegido para avanzar con la discusión. Tom Appleby, integrante de la Blue Marine Foundation, consideró “extraordinario” que el gobierno presente informes sin datos primarios verificados de manera independiente.

Para los sectores que rechazan el megaproyecto, la consulta pública iniciada en agosto no es suficiente para resolver una decisión que podría modificar de manera permanente el frente costero de las Islas Malvinas.

Por ese motivo, Salmon Free Falklands impulsa la realización de un referéndum vinculante que permita trasladar la decisión final a los habitantes del archipiélago.

El gobierno malvinense, en tanto, sostiene una posición de neutralidad. Un portavoz explicó que los estudios elaborados tienen como objetivo alimentar la discusión pública y que no representan la aprobación de un proyecto concreto.

Según la administración, los documentos sobre capacidad de carga y costos regulatorios son preliminares y todavía no determinan la viabilidad económica, social y ambiental de la salmonicultura.

El conflicto actual tiene además antecedentes. En 2022, las autoridades habían rechazado la instalación de una granja de salmón, pero Unity Marine promovió una revisión judicial que anuló esa decisión y abrió el proceso que actualmente se encuentra en consulta.

Desde el sector empresario, James Wallace, representante de Fortuna, defendió el camino adoptado y aseguró que la compañía no solicitó una licencia inmediata, sino que busca evaluar la viabilidad económica, social y ambiental del proyecto.

Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes ven en la salmonicultura una oportunidad para diversificar la economía y quienes advierten que los beneficios económicos podrían llegar a costa de un ecosistema de alta sensibilidad ecológica.

Con la consulta pública vigente hasta el 30 de octubre, el pedido de un referéndum vuelve a poner en el centro una pregunta que divide a los habitantes de las Islas Malvinas: si un megaproyecto de esta magnitud debe avanzar con una consulta administrativa o si la decisión final debe quedar directamente en manos de la ciudadanía.