Guerra por la basura: la Ciudad activa una ola de clausuras de conocidos restaurantes en tiempo récord

En lo que va de este 2026, la basura se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza de la gestión de Jorge Macri al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero también se transformó en uno de los ejes centrales de su agenda política.
Tras un aumento cercano al 69% en los reclamos vecinales vinculados con la higiene urbana, el gobierno porteño decidió endurecer los controles sobre comercios gastronómicos.

Para hacerlo avanzó con una ola de clausuras preventivas que ya alcanzó a decenas de bares, restaurantes y cafeterías de algunos de los polos gastronómicos más importantes de la Capital.

Según denunciaron empresarios del sector, en apenas dos semanas se registraron cerca de 80 clausuras relacionadas con infracciones en la disposición y tratamiento de residuos.

La medida forma parte de una estrategia más amplia que busca atacar uno de los problemas ambientales y urbanos más visibles de la Ciudad. El objetivo es resolver el problema de la acumulación de basura en las calles, la proliferación de plagas y el deterioro del espacio público.

Casos que encendieron la polémica

La ofensiva oficial no tardó en alcanzar a locales conocidos. Uno de los casos más resonantes fue el de la sucursal de Tea Connection de Palermo. Según relató su propietario, Alejandro Cilley, el local fue clausurado luego de que inspectores detectaron cartones depositados en un lugar incorrecto.

La sanción obligó a cerrar completamente la operación durante varios días, afectando tanto el salón como el servicio de delivery. “Es la primera vez en 20 años que sufrimos una clausura de este tipo”, afirmó el empresario al cuestionar la falta de instancias previas de intimación.

Otro de los establecimientos que quedó en el centro de la discusión fue Mouli, también en el barrio de Palermo. La clausura estuvo vinculada a cuestiones administrativas relacionadas con la gestión de residuos húmedos. El propio local aclaró públicamente que la medida no estaba relacionada con problemas sanitarios ni de seguridad alimentaria.

Más allá de las razones diferentes, ambos casos se transformaron rápidamente en símbolos de una discusión mucho más amplia que involucra a todo el sector gastronómico.

El “argumento” oficial

Desde el Gobierno porteño sostienen que el endurecimiento de los controles responde a una necesidad concreta: recuperar los niveles de limpieza urbana.

“El problema se da entre las 18 y las 24, cuando cierran los comercios, se saca la basura de muchos edificios y también hay personas que revisan los residuos”, explicó Jorge Macri al justificar el refuerzo de los controles.

El jefe de Gobierno fue aún más contundente al defender las clausuras. “Hay que cumplir las normas. Si no lo hacen, vamos a clausurar”, advirtió al referirse específicamente a los comercios que incumplen los horarios o las condiciones de disposición de residuos.

Macri sostiene además que el problema no se limita a los comercios. Según su visión, también existen fallas en el comportamiento de algunos vecinos, personas que revuelven los contenedores y empresas concesionarias que no cumplen adecuadamente con las tareas de limpieza y recolección.

Al respecto, Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, al referirse a los controles sobre comerciantes por la disposición de residuos, afirmó que “cuando eso no pasa, intimamos; y, si no hay cumplimiento, avanzamos con clausuras. Las normas son claras y se aplican para todos”.

También sostuvo que “el orden requiere que los locales hagan su parte: disponer los residuos cuando y donde corresponde”. Baistrocchi es la voz política más relevante del gobierno porteño porque tiene bajo su órbita la higiene urbana, la gestión de residuos y los controles sobre grandes generadores.

En una presentación ante la Legislatura, el funcionario explicó que la hoja de ruta que guía a la gestión del PRO “está centrada en el orden, la higiene y la cercanía con los vecinos, con reglas claras y respeto por las normas”.

Hasta este momento, el área que conduce informó más de 35.000 operativos de fiscalización y ordenamiento y que el endurecimiento de los controles sobre gastronomía forma parte de la estrategia de higiene urbana impulsada por la gestión porteña.

Razones de la avanzada

De todos modos, está claro que la ofensiva sobre la gastronomía forma parte de una reestructuración más profunda.

Este año, Jorge Macri decidió transferir el control de la higiene urbana a la Jefatura de Gabinete y designó a Matías Lanusse al frente de la Secretaría de Higiene Urbana.

Se trata de una señal interna del malestar oficial con los resultados obtenidos hasta ahora. Fuentes de la administración porteña explican que las clausuras buscan modificar conductas que generan impactos sanitarios y ambientales. “Estamos haciendo lo que corresponde. Los comercios que no sacan la basura de 19 a 21 o que tiran residuos fuera de los contenedores son clausurados preventivamente”, señalaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Según los funcionarios, las bolsas con residuos orgánicos abandonadas en la vía pública favorecen la proliferación de roedores, insectos y otras plagas urbanas, además de generar contaminación visual, malos olores y riesgos para la salud pública.

El lado oculto del boom

La discusión expone una de las grandes contradicciones del crecimiento gastronómico porteño. Mientras la actividad genera empleo, turismo e inversiones, también multiplica la generación de residuos. Los locales que producen más de 40 kilos diarios de residuos húmedos están obligados a contratar servicios privados de recolección y cumplir exigencias específicas de separación y trazabilidad.

Sin embargo, según la Ciudad, muchas de las infracciones detectadas están relacionadas con el incumplimiento de esas obligaciones. Para especialistas en sustentabilidad, detrás de cada bolsa de basura abandonada en la calle aparecen alimentos desperdiciados, materiales reciclables que se pierden y mayores costos ambientales para toda la comunidad.

Qué hacer tras una clausura

Uno de los principales reclamos de los empresarios gastronómicos tiene que ver con los tiempos administrativos vinculados a los trámites que se deben realizar una vez que la faja de clausura llegó al local.

Advierten que los cierres preventivos pueden mantener inhabilitado un local durante al menos 72 horas hábiles mientras se completa el procedimiento administrativo correspondiente.

Desde el gobierno porteño desmienten estas acusaciones y explican que los trámites son “fáciles y rápidos de llevar a cabo”. Aseguran que, para reabrir, los establecimientos deben corregir la infracción detectada, acreditar el cumplimiento de la normativa y presentar la documentación requerida ante la Agencia Gubernamental de Control.

Entre los requisitos más habituales figuran demostrar la correcta disposición de los residuos y respetar los horarios establecidos para sacar la basura.

También aclaran que es necesario acreditar la contratación de servicios habilitados cuando corresponda y adecuar los procedimientos internos de separación y tratamiento de residuos.

Tras las protestas del sector gastronómico, la Ciudad inició conversaciones con las cámaras empresarias para agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de reapertura una vez subsanadas las irregularidades.

Los próximos pasos

Lejos de retroceder, el Gobierno porteño anticipa una profundización de la estrategia. La Ciudad ya puso en marcha más controles sobre comercios, mayores exigencias a las empresas recolectoras, monitoreo mediante tecnología, cámaras en camiones de recolección y nuevos sistemas de fiscalización para grandes generadores de residuos.

Además, la administración de Macri promete reforzar las inspecciones en Palermo, San Telmo, Villa Crespo, Las Cañitas, Recoleta, Microcentro y otros corredores comerciales donde se concentra gran parte de los reclamos vecinales.

La apuesta oficial es que la gestión de residuos deje de ser considerada un aspecto secundario para transformarse en una política ambiental estratégica.

Los funcionarios advierten que detrás de las fajas de clausura no sólo aparece una infracción administrativa. También emerge uno de los mayores desafíos de las grandes ciudades vinculado a cómo compatibilizar crecimiento económico, gastronomía, turismo y sustentabilidad sin que la basura termine convirtiéndose en un problema de salud pública.