La Justicia clausuró la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú por contaminación
La medida seguirá vigente hasta que se garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa ambiental.
La Justicia Federal de Gualeguaychú ordenó este lunes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), en el marco de una investigación por presunta contaminación ambiental iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2025.
La medida fue dispuesta por el juez federal Hernán Viri, quien consideró que las pruebas reunidas durante la investigación acreditan la existencia de una situación de contaminación y que resulta necesario adoptar medidas preventivas para evitar que continúe la afectación ambiental.
La causa incluyó allanamientos, toma de muestras, análisis de laboratorio, testimonios y otras medidas destinadas a determinar las condiciones de funcionamiento de la planta y el tratamiento que reciben los efluentes provenientes del Parque Industrial.
Uno de los elementos considerados por la Justicia fue una muestra tomada en junio de 2026 en una cañada ubicada cerca de la planta y del barrio Don Pedro. El análisis detectó una elevada carga bacteriana: 5.400.000 unidades formadoras de colonias de coliformes totales cada 100 mililitros, 54.500 de coliformes termotolerantes y 19.750 de Escherichia coli.
Según el informe incorporado al expediente, los resultados evidenciaron una contaminación de origen fecal de magnitud significativa.
La misma muestra también presentó aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc en concentraciones superiores a los valores establecidos en una tabla de referencia de la legislación nacional para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales.
Por qué la Justicia clausuró la planta de efluentes de Gualeguaychú
La resolución establece que la clausura preventiva no tiene un plazo determinado. La medida permanecerá vigente hasta que se acredite el normal funcionamiento de la planta y se demuestre que los efluentes son tratados de acuerdo con los valores y condiciones exigidos por la normativa ambiental.
El juez Viri fundamentó la decisión en los principios de prevención y precautorio establecidos por la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano.
El magistrado sostuvo que la clausura no resulta prematura ni arbitraria, sino que constituye el resultado de una investigación en la que se realizaron distintas medidas de prueba y se evaluaron alternativas para solucionar la situación sin llegar a esta instancia.
Mientras la medida permanezca vigente, las industrias instaladas en el Parque Industrial podrán gestionar sus residuos a través de empresas especializadas, con el objetivo de evitar que efluentes sin el tratamiento adecuado continúen afectando el ambiente.
Además, la resolución estableció controles periódicos sobre las instalaciones. Las inspecciones estarán a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
La decisión judicial se produce casi un año después del inicio de la investigación federal, que comenzó en julio de 2025 a partir de una denuncia que advertía sobre el presunto funcionamiento deficiente de la planta y el posible vertido de efluentes sin el tratamiento correspondiente.
Indagatoria a directivos y exdirectivos de CODEGU por la contaminación
La investigación también alcanzó a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), entidad vinculada con la administración del Parque Industrial.
El juez dispuso que CODEGU y el Parque Industrial se presenten en la causa dentro de los próximos tres días y designen abogado defensor. Al mismo tiempo, fueron citados a prestar declaración indagatoria distintos integrantes y exintegrantes de las comisiones directivas de CODEGU correspondientes a los períodos que son objeto de investigación.
Entre las personas citadas se encuentran quienes ejercieron la presidencia del Consejo Superior de la entidad: George Thomas Fogg, Ernesto Ferrari y Sergio Ramírez. También fueron alcanzados por la medida exintegrantes que ocuparon cargos como vocales, secretarios y tesoreros.
Las indagatorias forman parte de la investigación destinada a determinar las responsabilidades que pudieran corresponder por el funcionamiento de la planta y el tratamiento de los efluentes.
La clausura preventiva, por su parte, apunta a impedir que continúe una eventual afectación ambiental mientras avanza el expediente. El levantamiento de la medida dependerá de que se pueda acreditar ante la Justicia que las instalaciones funcionan correctamente y que los residuos líquidos son tratados conforme a las exigencias ambientales.
El expediente deberá determinar ahora no solo el origen y alcance de la contaminación detectada, sino también las eventuales responsabilidades de quienes tenían a su cargo la administración y el control del sistema de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú.
