La minería y el petróleo amenazan millones de hectáreas de áreas naturales protegidas
La expansión extractiva pone en riesgo la biodiversidad y expone las limitaciones del compromiso global de conservar el 30% del planeta para 2030.
Millones de hectáreas de ecosistemas tropicales protegidos están amenazadas por el avance de la minería y la explotación de petróleo y gas. La superposición entre concesiones extractivas y áreas destinadas a la conservación pone en cuestión la capacidad de los gobiernos para cumplir con el compromiso internacional de proteger el 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos para 2030.
La advertencia surge de una investigación del grupo ambientalista estadounidense Earth Insight, que analizó la presencia de industrias extractivas en ecosistemas tropicales. Según el informe, los bloques de petróleo y gas se superponen con más de 61 millones de hectáreas de áreas protegidas, mientras que las concesiones mineras abarcan otros 42,7 millones de hectáreas.
En conjunto, las superficies identificadas superan los 103 millones de hectáreas, una extensión que evidencia la presión de las actividades industriales sobre territorios destinados a conservar la biodiversidad. El informe fue publicado antes de una nueva ronda de negociaciones de Naciones Unidas sobre biodiversidad, prevista para comenzar el 18 de octubre en Ereván, Armenia.
El problema no se limita a la cantidad de hectáreas que los países declaran protegidas. También importa qué actividades se permiten dentro de esos territorios, qué controles existen y si los compromisos de conservación pueden sostenerse frente a los intereses económicos vinculados con la extracción de recursos naturales.
Las concesiones mineras y petroleras avanzan sobre áreas protegidas
La investigación de Earth Insight utilizó análisis espaciales para identificar las zonas donde coinciden ecosistemas tropicales protegidos y proyectos extractivos. Sus resultados muestran que la declaración formal de un área como protegida no siempre garantiza que quede al margen de las presiones de la minería y los hidrocarburos.
Una parte de las concesiones identificadas todavía no cuenta con autorización definitiva. Para Earth Insight, esa situación abre una posibilidad concreta de intervención de los gobiernos antes de que se consoliden nuevos proyectos con consecuencias ambientales difíciles de revertir.
“La mayoría de esas concesiones aún no han sido autorizadas; sin duda, muchas sí lo han sido, pero eso significa que existe una oportunidad para que los países revoquen esas concesiones”, afirmó Tyson Miller, director ejecutivo de Earth Insight.
El informe también documentó impactos concretos. En Camboya, el santuario de vida silvestre de Phnom Prich perdió 10.000 hectáreas para dar paso a una mina de oro a cielo abierto. El caso muestra cómo la expansión minera puede transformar áreas destinadas a la conservación en espacios de explotación industrial.
La situación de los bosques tropicales camboyanos también expone la dimensión del riesgo. Aunque el 97% de sus bosques tropicales vírgenes se encuentra dentro de zonas protegidas designadas, el informe señala que el 21% está amenazado por la minería y el 71% por la explotación de petróleo y gas.
Las presiones también alcanzan a los ecosistemas marinos. Según Earth Insight, más del 40% de las áreas clave para la biodiversidad marina en la Amazonía permanece sin protección. La proporción supera el 50% tanto en el sudeste asiático como en Centroamérica.
Los investigadores advirtieron que sus resultados probablemente subestiman el problema y no reflejan la totalidad de las presiones que enfrentan los ecosistemas. Por eso, las cifras identificadas deben entenderse como una señal de alerta y no necesariamente como una medición completa de todos los territorios afectados.
El objetivo de proteger el 30% del planeta choca con la expansión extractiva
El compromiso internacional conocido como “30×30” establece la meta de conservar al menos el 30% de la superficie terrestre, las aguas continentales y los océanos para 2030. Sin embargo, las medidas anunciadas por los gobiernos todavía no alcanzarían ese objetivo.
De acuerdo con Earth Insight, los compromisos actuales permitirían llegar al 23% de conservación para el final de la década. La diferencia respecto de la meta acordada evidencia la distancia entre las promesas internacionales y las medidas necesarias para frenar la pérdida de biodiversidad.
Incluso si los países alcanzaran el porcentaje previsto, la protección podría resultar insuficiente si las áreas incluidas continúan expuestas a actividades industriales capaces de degradar sus ecosistemas.
“Decir que un tercio de la superficie terrestre necesita ser protegida, y que 196 países lo acordaran por consenso, fue un gran logro, pero la atención se ha centrado únicamente en ese elemento cuantitativo”, sostuvo Madhu Rao, presidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
La presión sobre los ecosistemas también puede aumentar por las políticas destinadas a garantizar el suministro energético. Según Rao, algunos países están impulsando nuevas iniciativas de extracción de hidrocarburos en territorios donde antes no avanzaban con la misma intensidad.
“Dada la crisis energética que estamos atravesando actualmente, muchos países están dando pasos adelante, adentrándose en la extracción de petróleo de una manera que no habían hecho antes”, advirtió.
Un ejemplo es Bangladesh, que está invitando a empresas a presentar ofertas por bloques petroleros en aguas de la bahía de Bengala, una zona de gran riqueza biológica.
El escenario expone una contradicción de fondo entre los compromisos de conservación y las decisiones económicas que habilitan nuevas actividades extractivas. Si los gobiernos permiten que la minería y los hidrocarburos avancen sobre áreas protegidas, el cumplimiento del objetivo 30×30 corre el riesgo de convertirse en una meta estadística sin garantías suficientes de protección efectiva.
La discusión que llegará a las negociaciones internacionales sobre biodiversidad no pasa solamente por sumar hectáreas a los registros oficiales, sino por establecer límites concretos a las actividades que amenazan esos territorios y revisar las concesiones incompatibles con su conservación.
Fuente: con información de Reuters
