La minería profundiza las denuncias por contaminación y daño ambiental en Catamarca

El avance de la actividad minera en la Puna catamarqueña volvió a poner en el centro de la discusión el impacto ambiental de los proyectos extractivos. Comunidades, asambleas socioambientales y especialistas advierten sobre posibles alteraciones en salares y acuíferos, acumulación de residuos y deterioro de áreas utilizadas históricamente para la producción ganadera.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el uso intensivo del agua en una región caracterizada por su extrema aridez. Las operaciones vinculadas con la extracción y procesamiento de minerales requieren grandes volúmenes de agua y salmuera, una situación que genera preocupación entre las poblaciones que dependen de estos recursos para el consumo, la agricultura y la ganadería.

Las comunidades sostienen que cualquier modificación en el equilibrio hídrico de las cuencas puneñas puede tener consecuencias sobre los ecosistemas y sobre las actividades productivas locales. En este contexto, reclaman que los proyectos cuenten con controles independientes y monitoreos periódicos que permitan conocer la evolución de los acuíferos y salares.

Minería en Catamarca y el impacto sobre el agua

Los cuestionamientos también alcanzan a la gestión de los residuos generados durante las distintas etapas de la actividad minera. Vecinos de Antofagasta de la Sierra señalan la presencia de acopios de materiales y residuos a cielo abierto y advierten sobre su posible impacto en los suelos y pastizales utilizados para el pastoreo de camélidos.

La preocupación se extiende a la posibilidad de que residuos y efluentes puedan afectar cursos de agua o acuíferos. Frente a este escenario, las organizaciones reclaman información pública sobre los sistemas utilizados para almacenar y contener materiales potencialmente contaminantes, además de controles que permitan verificar su funcionamiento.

Otro de los puntos señalados por las comunidades es la generación de polvo y partículas en zonas expuestas a fuertes vientos. La circulación de vehículos, los movimientos de suelo y el almacenamiento de materiales pueden incrementar la presencia de polvo en el ambiente, según advierten los pobladores.

Para las organizaciones territoriales, el problema no se limita al impacto de los proyectos que actualmente se encuentran en funcionamiento. También existe preocupación por los llamados pasivos mineros, es decir, aquellos sitios y residuos que permanecen después de que una actividad extractiva se detiene o modifica su operación.

Reclamos por controles y remediación de pasivos mineros

Las críticas también apuntan a la capacidad del Estado provincial para fiscalizar las operaciones y garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones ambientales. Las organizaciones cuestionan la falta de información actualizada sobre controles, monitoreos y estudios vinculados con el impacto de los emprendimientos.

En particular, sectores territoriales reclaman mayor transparencia sobre los informes ambientales y toxicológicos asociados a los proyectos mineros. También plantean la necesidad de contar con mecanismos de control independientes que permitan verificar los datos proporcionados por las propias compañías.

La discusión adquiere especial relevancia en un contexto de expansión de la minería de litio y de otros minerales destinados principalmente a los mercados internacionales. El crecimiento de las exportaciones y de las inversiones mineras incrementó el interés económico sobre la región, pero también elevó las demandas para que ese desarrollo no se produzca a costa de los recursos hídricos y los ecosistemas locales.

Los reclamos incluyen además la remediación de áreas afectadas por actividades extractivas anteriores. Las comunidades sostienen que las empresas deben asumir los costos asociados a la recuperación de los territorios intervenidos y garantizar que los residuos permanezcan bajo condiciones seguras.

Las críticas alcanzan también al Gobierno de Catamarca y, particularmente, a la gestión de Raúl Jalil. Los sectores que cuestionan el avance de la minería sostienen que la provincia debería reforzar las inspecciones, transparentar los resultados de los controles y establecer sanciones cuando se detecten incumplimientos.

Mientras la actividad minera continúa ganando peso dentro de la economía provincial, el conflicto ambiental se concentra en una cuestión central para la Puna: cuánto puede avanzar la extracción de recursos sin comprometer el agua, los suelos y las actividades de las comunidades que habitan el territorio.