La Secretaría de Minería eliminó programas destinados a fiscalizar el impacto ambiental, fortalecer las capacidades de las provincias y promover la participación social en territorios mineros. La medida, amparada en la agenda desregulatoria del Gobierno de Javier Milei, deja sin precisar qué mecanismos reemplazarán esas herramientas.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con bloques aliados para tratar la iniciativa sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”. El proyecto mantiene la eliminación del límite para la compra de tierras rurales por extranjeros, aunque incorpora nuevas condiciones para obtener respaldo legislativo.