El ajuste llega al Riachuelo y deja a la limpieza ambiental sin fondos nacionales
La Nación dejará de financiar tareas de limpieza y recolección de residuos en la Cuenca Matanza-Riachuelo. La Provincia denuncia un recorte del 74% en ACUMAR, 350 despidos y obras de saneamiento paralizadas que comprometen la recuperación ambiental del río.
El ajuste del Gobierno nacional también alcanza al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde la administración de Javier Milei dejará de realizar tareas de limpieza y recolección de residuos en distintos sectores del río. La decisión fue cuestionada por el gobierno bonaerense, que advierte sobre el desfinanciamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y el traslado de responsabilidades a la Provincia y los municipios sin los recursos necesarios para sostenerlas.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que la medida comprende el cauce principal del Riachuelo, las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y 35 puntos de acumulación de residuos ubicados en Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
“El Gobierno nacional nos anunció la semana pasada que van a dejar de llevar adelante las operaciones de limpieza del río y la recolección de residuos”, señaló el funcionario, quien vinculó la decisión con la reducción de la intervención nacional en materia ambiental.
La medida profundiza un conflicto presupuestario que ya afecta la capacidad operativa del organismo encargado de coordinar el saneamiento de una de las cuencas más contaminadas del país. Mientras Nación reduce su participación, la Provincia sostiene que debe asumir tareas que antes estaban bajo responsabilidad nacional, con recursos propios y sin garantías de financiamiento.
ACUMAR perdió presupuesto y trabajadores mientras crecen las tareas pendientes de saneamiento
Según los datos presentados por el Ejecutivo bonaerense, ACUMAR sufrió una fuerte reducción de sus recursos desde el cambio de administración nacional. En 2024, su presupuesto cayó un 58% en términos reales respecto de 2023. Durante 2025, la reducción alcanzó el 61%, mientras que el último recorte informado llegó al 74%. Para 2026, la previsión presupuestaria contempla una disminución del 65% frente a los niveles de 2023.
El ajuste también impactó sobre la estructura del organismo. De acuerdo con las cifras difundidas por la Provincia, ACUMAR perdió la mitad de su planta de trabajadores y registró 350 despidos desde el inicio de la gestión libertaria.
La reducción de personal y recursos ocurre mientras continúan vigentes las obligaciones de limpieza, control y recuperación ambiental de la cuenca. Bianco cuestionó que Nación mantenga formalmente esas responsabilidades, pero deje de aportar los fondos necesarios para ejecutarlas.
“El Gobierno nacional desfinanció y vació ACUMAR, dejó de hacerse cargo de la limpieza de los arroyos, nos pasó el fardo, nos pasó la obligación y nosotros lo seguimos haciendo”, afirmó.
Hasta 2023, el organismo financiaba tareas de limpieza en el cauce principal del río y en aproximadamente 103 kilómetros de arroyos, con participación de cooperativas. Según el funcionario, el retiro del financiamiento nacional comenzó con esas intervenciones y ahora se extiende a nuevos sectores de la cuenca.
“Nos tiraron el muerto y obviamente no nos pasaron los recursos”, cuestionó Bianco.
El problema excede la disputa entre administraciones. La limpieza de los cursos de agua y la recolección de residuos son tareas fundamentales para evitar la acumulación de basura, reducir los riesgos de contaminación y mejorar las condiciones ambientales de los barrios que conviven con el Riachuelo.
Obras de saneamiento y viviendas quedaron paralizadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo
El recorte presupuestario también tiene consecuencias sobre proyectos de infraestructura y programas sociales vinculados con la recuperación de la cuenca. Según el relevamiento presentado por el gobierno bonaerense, desde el inicio de la gestión de Milei dejaron de ejecutarse inversiones destinadas a emergencias sanitarias, urbanización de barrios populares, desagües pluviales, control de la contaminación industrial y ordenamiento territorial.
Uno de los programas más afectados es el de relocalización de familias que viven en zonas de riesgo ambiental. El plan original contemplaba la construcción de 17.771 viviendas, de las cuales 7.541 habían sido entregadas hasta 2023. Desde entonces, según la Provincia, no se iniciaron nuevas unidades y quedaron pendientes proyectos que formaban parte de la estrategia de recuperación de la cuenca.
La paralización también alcanza a obras fundamentales para el acceso al agua potable y el tratamiento de efluentes cloacales.
Entre los proyectos interrumpidos se encuentran la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, en Bernal, que tenía un avance del 51%, y un río subterráneo destinado a transportar agua hacia municipios del sur de Quilmes, cuya ejecución había alcanzado el 70%.
A estas intervenciones se suma la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, que registraba un avance del 14%.
La interrupción de estas obras compromete la posibilidad de ampliar la infraestructura sanitaria en una región donde el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda. También retrasa las mejoras necesarias para reducir los impactos de la contaminación sobre la población que vive en las inmediaciones del río y sus afluentes.
Otro punto de preocupación es la disminución de las inspecciones a establecimientos industriales y la interrupción de evaluaciones de riesgo sanitario. Estas tareas permiten identificar posibles fuentes de contaminación, controlar los vertidos y conocer las condiciones ambientales de las zonas más expuestas.
La reducción de los controles implica menos capacidad estatal para detectar y prevenir daños ambientales en un territorio que todavía necesita inversiones sostenidas para avanzar en su recuperación.
La disputa por el financiamiento vuelve a poner en riesgo el saneamiento del Riachuelo
El conflicto por ACUMAR se suma a otros reclamos del gobierno de Axel Kicillof por la paralización de obras nacionales y la transferencia de obligaciones a la administración bonaerense. Según un relevamiento presentado por la Provincia en septiembre, los compromisos pendientes de Nación con Buenos Aires ascienden a $19,1 billones. De ese total, $10,1 billones corresponden a obras públicas comprometidas.
La situación también encuentra antecedentes en las políticas de prevención de inundaciones. Un informe publicado por este medio reveló que 15 de los 24 proyectos financiados mediante el Fondo Hídrico nacional estaban suspendidos o cancelados. En el conurbano bonaerense, siete de las ocho intervenciones relevadas permanecían paralizadas.
En el caso del Riachuelo, la discusión tiene una particularidad: ACUMAR es un organismo interjurisdiccional del que participan el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su funcionamiento depende de la coordinación entre las tres administraciones para sostener las políticas de saneamiento y recuperación ambiental.
Por eso, la reducción de los aportes nacionales no solo afecta la continuidad de las tareas de limpieza, sino también la capacidad de ejecutar controles, desarrollar infraestructura y sostener programas destinados a las familias que viven en la cuenca.
Bianco cuestionó que el organismo pierda recursos mientras se mantienen las necesidades ambientales y sociales que justificaron su creación. “Están desfinanciando y vaciando un organismo que se dedicaba fundamentalmente al saneamiento ambiental y a mejorar las condiciones sociales de la gente que vive en los municipios y las comunas vinculadas con esta cuenca”, sostuvo.
La Provincia aseguró que continuará realizando intervenciones con fondos propios, aunque advirtió que resulta cada vez más difícil absorber nuevas obligaciones sin financiamiento adicional.
