El Gobierno desarma el monitoreo ambiental mientras avanza con la minería
La Secretaría de Minería eliminó programas destinados a fiscalizar el impacto ambiental, fortalecer las capacidades de las provincias y promover la participación social en territorios mineros. La medida, amparada en la agenda desregulatoria del Gobierno de Javier Milei, deja sin precisar qué mecanismos reemplazarán esas herramientas.
La administración de Javier Milei profundizó su política de reducción de estructuras estatales y avanzó sobre programas vinculados al control ambiental y al desarrollo de las comunidades mineras. A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, el Ejecutivo derogó distintas iniciativas que tenían entre sus objetivos fortalecer la fiscalización, el monitoreo ambiental y la participación social en las provincias donde se desarrolla la actividad extractiva.
La decisión se tomó bajo la premisa de alcanzar la “reducción del sobredimensionamiento de las estructuras estatales”, pero implica la eliminación de programas técnicos y sociales que involucraban a los territorios mineros. Entre ellos se encuentra el “Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería”, creado mediante la Resolución 53/2022.
El programa buscaba “promover la cooperación técnica y financiera con las provincias” para que los gobiernos locales contaran con herramientas destinadas a supervisar y mitigar los efectos ambientales de la explotación minera a gran escala. Su eliminación deja un interrogante central sobre cómo se garantizará, de ahora en adelante, el seguimiento de las variables ambientales en las regiones donde se concentra la actividad.
La propia resolución sostiene que el proyecto “debe ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes”. Sin embargo, la norma no especifica cuáles serán esos mecanismos, qué organismos estarán a cargo de implementarlos ni con qué recursos contarán. De esta manera, el Gobierno desactiva una herramienta de monitoreo sin establecer públicamente un esquema alternativo con funciones y responsabilidades definidas.
El Gobierno eliminó programas de monitoreo ambiental minero
La eliminación del programa de monitoreo ambiental forma parte de una serie más amplia de derogaciones impulsadas por la Secretaría de Minería. La resolución también deja sin efecto el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, el “Plan Nacional de Minería Social” y la “Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas”.
Según los argumentos utilizados por el Ejecutivo, algunas de estas estructuras perdieron “operatividad”, mientras que otras deberían ser reemplazadas por nuevas instancias de coordinación. Sin embargo, al igual que ocurre con el monitoreo ambiental, la resolución no brinda mayores precisiones sobre cómo funcionarán esas nuevas estructuras ni cuándo comenzarán a operar.
El impacto de la medida excede la reorganización administrativa. Los programas eliminados tenían una dimensión territorial y social vinculada con las comunidades que conviven con la actividad minera, además de funciones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades estatales para controlar sus efectos.
La preocupación adquiere especial relevancia en las provincias donde la minería representa una actividad económica estratégica y donde el control sobre los recursos naturales y el impacto ambiental de los proyectos constituye uno de los principales puntos de discusión entre empresas, gobiernos y comunidades.
La minería conserva el control fiscal mientras se reducen las funciones ambientales
La resolución establece, al mismo tiempo, que la eliminación de los programas no implica una retirada completa del Estado de sus obligaciones administrativas. De manera explícita, señala que la ola de derogaciones “no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y de rendición de cuentas” de los proyectos anteriores.
Esto significa que el Gobierno mantiene las facultades para controlar los fondos públicos transferidos a provincias y municipios y avanzar con las correspondientes “acciones de recupero” cuando existan recursos que deban ser restituidos.
La diferencia queda expuesta en el alcance de la reforma: mientras se desarman programas vinculados con el monitoreo ambiental, el desarrollo minero y la participación social, permanecen vigentes las herramientas destinadas a fiscalizar la ejecución y rendición de los recursos públicos.
La Resolución 64/2026 profundiza así el repliegue de la estructura estatal vinculada con la actividad minera. El principal interrogante que queda abierto es quién asumirá las tareas de monitoreo y acompañamiento que hasta ahora estaban contempladas en los programas eliminados y con qué recursos se garantizará el control ambiental en los territorios afectados.
