Qué negocios se esconden detrás del despojo territorial que denuncian los pueblos indígenas y que apuntan contra Milei
Comunidades mapuche y kolla advierten sobre una nueva etapa de conflictos territoriales tras el fin de la emergencia indígena y la media sanción de un proyecto que busca acelerar los desalojos. Convocaron a una conferencia de prensa internacional para denunciar lo que consideran una política de desterritorialización.
Comunidades indígenas de distintas regiones del país volvieron a poner el conflicto territorial en el centro de la agenda y denunciaron que las políticas impulsadas durante el gobierno de Javier Milei pueden profundizar el desplazamiento de pueblos originarios de las tierras que ocupan tradicionalmente.
La denuncia fue formulada por las Lof Mapuche Melo, Kinxikew y Pillán Mawiza y por la Caminata de Warmis, una movilización integrada por mujeres kolla que recorrió distintas provincias del norte y centro del país antes de llegar a Buenos Aires.
Las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa virtual para el 4 de septiembre, a las 10, hora argentina, para exponer lo que califican como una crisis humanitaria vinculada con el avance de desalojos, causas judiciales y disputas territoriales.
El reclamo se produce en un contexto de cambios legales que las comunidades consideran especialmente preocupantes. En agosto, el Senado dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa incluye modificaciones destinadas a acelerar los procesos de desalojo.
Para las organizaciones indígenas, ese escenario puede convertirse en una herramienta de presión sobre comunidades que mantienen conflictos por la posesión y propiedad de sus territorios.
En su documento de convocatoria, describieron la situación con una frase contundente: “criminalizar, despojar, y desalojar de sus tierras a los Pueblos Indígenas“.
Las comunidades estiman que el nuevo escenario podría afectar a unas 1.300 comunidades en distintas provincias. “Este nuevo escenario de despojo, pretende dejar en la calle a unas mil trescientas comunidades indígenas en Argentina“, sostiene el comunicado, que además advierte sobre la apertura de causas penales contra autoridades ancestrales y familias involucradas en los conflictos.
La preocupación tiene como antecedente inmediato el fin de la emergencia territorial indígena. En diciembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso mediante el DNU 1083/2024 la finalización de la emergencia establecida por la Ley 26.160 y de la suspensión de los desalojos prevista por esa norma.
La Ley 26.160 había establecido la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y suspendía durante su vigencia la ejecución de desalojos sobre esos territorios.
El Gobierno justificó la decisión de 2024 en la necesidad de proteger el derecho de propiedad y resolver conflictos territoriales que, según su interpretación, se habían prolongado durante años.
Para las organizaciones indígenas, en cambio, el cambio dejó a numerosas comunidades frente a un escenario de mayor vulnerabilidad judicial.
Desalojos de comunidades indígenas y avance de los conflictos territoriales
Uno de los principales puntos de preocupación es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa aprobada por el Senado busca modificar los procedimientos para que determinados desalojos urbanos y rurales puedan tramitarse mediante juicios sumarísimos, es decir, procesos judiciales más rápidos que los procedimientos ordinarios. La media sanción fue girada a Diputados.
Las comunidades consideran que este mecanismo podría favorecer la restitución anticipada de inmuebles y generar un escenario especialmente complejo cuando existen disputas sobre la posesión tradicional de territorios indígenas.
El reclamo también se apoya en el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
En ese contexto, las organizaciones cuestionan que una legislación orientada a acelerar desalojos pueda entrar en tensión con conflictos territoriales que todavía no fueron resueltos.
Según los datos mencionados en la convocatoria, actualmente existen más de 250 conflictos territoriales activos en tierras nacionales y provinciales.
Las comunidades también señalan que detrás de las disputas territoriales existen intereses económicos vinculados con distintos proyectos productivos y extractivos. Entre ellos mencionan acuerdos con empresas y gobiernos extranjeros, la instalación de grandes centros de datos y el avance de proyectos vinculados con la minería y otras actividades extractivas.
Sin embargo, algunas de las afirmaciones incluidas en el documento corresponden a la interpretación de las propias organizaciones y no constituyen hechos acreditados judicialmente.
El reclamo también apunta contra lo que las comunidades consideran una falta de cobertura mediática de sus conflictos. “La argentinidad desconoce estos hechos porque los grandes medios de comunicación responden a los intereses de los usurpadores y también porque hay una complicidad social cimentada desde el racismo y la indolencia“, sostiene el documento.
Y agrega: “Les pedimos solidaridad periodística, humanitaria hacia un periodismo que abrace la verdad y la justicia. Rompamos los muros de silencio juntos y que se esparza nuestra verdad al mundo“.
Comunidades mapuche y kolla denuncian desalojos y persecución judicial
La convocatoria llega después de una serie de conflictos recientes en distintos puntos del país.
En Villa La Angostura, las Lof Melo y Kinxikew resistieron el 19 de agosto un desalojo parcial ordenado en favor de un grupo privado de origen belga. Según la denuncia, la medida fue posteriormente frenada por la Justicia tras la repercusión pública, aunque el conflicto de fondo continúa abierto.
En Chubut, la Lof Pillán Mawiza integra el conjunto de comunidades mapuche-tehuelche que fueron allanadas en febrero de 2025 y que, según las organizaciones, todavía enfrentan causas judiciales. Entre ellas se encuentra la situación de Vic Núñez Fernández, cuya imputación fue extendida por un año más.
En el norte argentino, mientras tanto, la Caminata de Warmis recorrió Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe antes de arribar a Buenos Aires. Durante el recorrido, las mujeres kolla denunciaron especialmente los impactos ambientales y territoriales que atribuyen a la expansión de la minería de litio en la Puna jujeña.
La convocatoria internacional busca reunir esas experiencias bajo un mismo reclamo: advertir sobre lo que las comunidades consideran un avance sobre sus territorios y reclamar garantías para sus derechos.
El conflicto combina así disputas por la tierra, cambios en la legislación, causas judiciales y proyectos económicos que atraviesan diferentes regiones del país. Para las organizaciones indígenas, el desafío inmediato será evitar que los cambios normativos conviertan conflictos territoriales todavía abiertos en procesos de desalojo más rápidos y difíciles de revertir.
