Denuncian a la empresa Tomay S.A. por desmontar 200 hectáreas indígenas en Santiago del Estero

A fines de septiembre pasado la comunidad indígena El Tunal, perteneciente al pueblo originario Vilela, denunció a la empresa agropecuaria Tomay S.A. por desmontes dentro de su territorio ancestral.

La Dirección de Bosques de Santiago del Estero dio la autorización para avanzar con las tareas en el mes de julio, pero la comunidad sostiene que debería haber convocado previamente a una consulta pública.

Hoy, a un mes de iniciado el conflicto, los pobladores estiman que las topadoras ya habrían arrasado aproximadamente 200 hectáreas de monte y señalan que persisten bandas armadas custodiando el territorio y amedrentando a la comunidad.

El conflicto se inició el 26 de septiembre, cuando topadoras ingresaron en uno de los lotes comunitarios. “Ahí nos enteramos que tierras que forman parte del relevamiento indígena habían sido vendidas a la empresa Tomay S.A.”, explicó a Economía Sustentable María Elena Ravelo, primera consejera de la comunidad Vilela de El Tunal.

Al tomar conocimiento de las máquinas, la comunidad se movilizó para lograr el freno al avance de la topadora en tierras Vilela pero los maquinistas prosiguieron desmontando por la noche, mientras todos dormían. “Escuchamos ruidos durante la madrugada. A la mañana cuando vamos a ver con los compañeros, ya habían arrasado con el perímetro y una parte del lote”, recordó Ravelo. Además, manifestó su preocupación por la presencia de sicarios que habría contratado la empresa para impedir que los vecinos ingresen a los campos en cuestión, pese a que, tal como el mismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció en 2020, ellos viven allí ancestralmente.

Por qué Santiago del Estero autorizó el desmonte en territorio indígena

La directora de Bosques de Santiago del Estero, Noelia Zanichelli, informó a Economía Sustentable que el pasado 23 de julio autorizó a la empresa Tomay S.A. a realizar un plan productivo en una superficie total de 397 hectáreas. El mismo contemplaba la modificación del monte en 150 hectáreas para uso silvopastoril y 75 hectáreas para forraje. Estas intervenciones se inscriben en un modelo de expansión agropecuaria que presiona sobre el monte chaqueño, siendo Santiago del Estero una de las provincias más afectadas por este proceso. Según un informe de Greenpeace publicado en 2025, encabeza el ranking de deforestación de la región.

Los lotes en disputa (el 19 y parte del 38) forman parte del polígono que en 2020 el Estado reconoció bajo ocupación actual, tradicional y pública por la comunidad Vilela de El Tunal. Sin embargo, la funcionaria expresó que no tenía conocimiento de la situación al momento de autorizar el plan productivo: “Nosotros no tenemos acceso a los relevamientos del INAI, es la comunidad la que nos tiene que hacer llegar esa información”.

Es por ello que, además del daño ambiental y cultural provocado por la alteración del monte, el foco de las denuncias comunitarias radica en el desconocimiento de las normativas vigentes en materia de derechos indígenas. Según estipula la Ley Nacional de Bosques (26.331), cualquier proyecto de desmonte debe contemplar y respetar a las comunidades originarias que ocupan dichas tierras y garantizar su acceso a la información. Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto o medida que los afecte directamente.

Consultada por la ausencia de una audiencia pública, la funcionaria defendió la decisión de no convocarla. “A nosotros se nos exige que llevemos a cabo las audiencias cuando las superficies de los lotes son mayores a 1.000 hectáreas y/o cuando exista una urbanización en el radio de los cinco kilómetros cerca del perímetro del inmueble. Aquí no se cumplían ninguna de las dos condiciones, y es por eso que no la hemos convocado”, sostuvo.

Pero los pobladores entienden que sus derechos han sido vulnerados y reivindican la necesaria participación, ya que lo que está en juego es su medio de vida y sustento. “¿Cómo no va a haber delito? Para nosotros es un delito muy grande que tiren el monte. Este es el único monte que queda en la zona y es nuestro sustento. Las comunidades tenemos claro que si no lo cuidamos, no hay vida. Ahí tenemos los remedios naturales, la madera para los ranchos, los corrales. Si se desmonta empeoran las inundaciones y el calor y eso nos afecta a todos”, sostuvo la consejera indígena.

Ante el conflicto de intereses, el 6 de octubre la Dirección de Bosques ordenó suspender de manera provisoria el plan productivo hasta tanto se dirima la situación. Un día después las máquinas se retiraron del lugar, aunque ya habían avanzado significativamente con la modificación del monte. Dejaron tras de sí aproximadamente 200 hectáreas arrasadas y, según denuncian los vecinos, sicarios que todavía permanecen custodiando el lugar.

Denuncian amenazas de bandas armadas en tierras indígenas

La contratación de sicarios y bandas armadas por parte de empresarios que buscan desplazar a las comunidades es una práctica históricamente denunciada por organizaciones sociales y ambientales de la provincia, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Recordemos que según Greenpeace Argentina, la provincia de Santiago del Estero “sigue siendo la provincia con más desmontes”, y en lo que va de 2026, Argentina perdió más de 73.000 hectáreas de bosques nativos.

“Acá es una práctica muy común, funcionan como fuerzas paraestatales y nos amedrentan. Hay gente que se dedica especialmente a eso. Es conocido Mario Rojas como el encargado que contrata a la gente armada y denuncia a compañeros nuestros por cosas que no hacemos, si cuando están ellos ni podemos acercarnos”, sostuvo Ravelo.

Esas mismas bandas son las que custodiaron las máquinas excavadoras en favor de Tomay S.A. y las que habrían amenazado a un poblador durante los primeros días de octubre, cuando estaba pastando a sus animales por el territorio como lo hizo siempre. “Andaba llevando sus chivas, lo frenaron y lo amenazaron con un arma. Le dijeron que si no salía, ellos lo iban a sacar”, señaló Ravelo. Además, explicó que operan de forma encubierta y con complicidad de la policía, escondiéndose en el monte o en carpas para que nadie pueda saber cuántos ni quiénes son.

Hoy, las bandas siguen custodiando la zona, el monte fue parcialmente arrasado y el conflicto persiste. Mientras tanto, la comunidad El Tunal pregunta cuándo y cómo van a empezar a medirse los impactos socioambientales y políticos de seguir autorizando desmontes en territorios indígenas, sin respetar los mecanismos de consulta ni garantizar los derechos de sus habitantes.