Mendoza busca reactivar un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia

El uso de glifosato volvió a instalarse en la agenda legislativa de la provincia de Mendoza. Una iniciativa que propone prohibir el herbicida en todo el territorio provincial permanece pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados y su autor, el exconsejero por el río Atuel y exlegislador provincial Gustavo Villegas, volvió a reclamar que avance en la Legislatura.

El proyecto fue impulsado originalmente por Villegas, oriundo de General Alvear, junto con los legisladores Pablo Narváez, Gabriel Miró y Gladys Sánchez. La propuesta busca restringir el uso del producto tanto en la actividad agropecuaria como en tareas de mantenimiento de espacios públicos y limpieza de cauces de riego.

En una entrevista con Diario San Rafael, Villegas confirmó que el expediente continúa en la Comisión de Ambiente de la Cámara baja. Según explicó, espera que algún legislador solicite volver a incorporarlo al orden del día para conseguir un despacho favorable y avanzar hacia la media sanción.

“El proyecto sigue en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, a la espera de que algún legislador solicite volver a ponerlo en el orden del día para buscar un despacho favorable y obtener la media sanción”, señaló.

La iniciativa no es nueva. Se trata del expediente 73107, presentado en 2017, cuyo objeto es prohibir el uso del herbicida glifosato N-(fosfonometil) glicina en toda la provincia de Mendoza. El texto original plantea una restricción de alcance provincial, por lo que no se limita a establecer distancias mínimas entre las aplicaciones y las zonas habitadas.

Dónde se utiliza el glifosato en Mendoza

Durante la entrevista, Villegas explicó que uno de los usos habituales del herbicida es el control de malezas que compiten con los cultivos. También señaló su utilización en la limpieza de cauces de riego, donde se aplica para eliminar la vegetación que crece en los canales.

“El uso más común es para matar malezas que no sirven para el cultivo, permitiendo bajar la competencia y mejorar la productividad. También es muy utilizado en los cauces de riego para limpiar los cupos que a cada productor le corresponden para obtener el turno de agua”, indicó.

El autor del proyecto sostuvo que la propuesta apunta a reemplazar el producto por otras prácticas y formulaciones. Entre las opciones mencionó labores mecánicas tradicionales, como retirar las malezas con herramientas, y otros productos disponibles en el mercado.

“Tenemos un análisis de cuáles serían los productos de reemplazo. Existen en el mercado alternativas que no tienen esa concentración, productos que no contienen estos datos en su fórmula y cuyos precios son accesibles”, afirmó.

Misiones dio marcha atrás al glifosato

El antecedente más reciente de una iniciativa de este tipo en Argentina se encuentra en Misiones. En junio de 2023, la Legislatura provincial sancionó la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que estableció la prohibición del uso de glifosato, sus componentes y productos afines en todo el territorio provincial. La norma contemplaba un período de transición de dos años para avanzar hacia alternativas de origen biológico.

Sin embargo, la implementación encontró resistencias entre productores yerbateros, tealeros, tabacaleros y forestales, que cuestionaron la falta de sustitutos con eficacia comprobada y certificaciones necesarias para comercializar sus productos en los mercados internacionales.

En julio de 2024, el Gobierno provincial había extendido por cinco años el plazo para aplicar la prohibición a los sectores productivos que debían cumplir estándares específicos de comercialización.

La discusión volvió a la Legislatura en agosto de 2026, cuando ingresó un proyecto para modificar la normativa. Finalmente, el 3 de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad los cambios y eliminó el artículo 7, que establecía la prohibición del glifosato. La nueva redacción condicionó la exigencia de utilizar bioinsumos a que estos cuenten con autorización de los organismos nacionales competentes y, cuando corresponda, de los países de destino de las exportaciones.

La modificación fue defendida por sus impulsores como una adecuación de los plazos a la disponibilidad de alternativas para reemplazar los herbicidas. En cambio, legisladores que habían respaldado la prohibición original cuestionaron la marcha atrás.